AGENCIAS - MADRID El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ha insistido en la "imperiosa necesidad" de un despido más barato y ha abogado por expedientes de regulación de empleo (ERE) más "rápidos" y que no necesiten el visto bueno de la administración.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido que los ERE no estén sujetos "para nada" a la autorización de la Administración para conseguir, entre otras cosas, una mayor rapidez en su tramitación y que "no se eternicen".

Durante su intervención en Nueva Economía Forum, Díaz Ferrán ha insistido en la necesidad de establecer un contrato más "moderno", que contemple una indemnización por despido de 20 días por año para generar más "confianza" en los empresarios y así crear más empleo.

Díaz Ferrán quiso "dejar claro" que los empresarios no quieren despedir a ningún trabajador y que cuando se ven obligados a reducir parte de su plantilla es para salvar a la empresa y al resto de sus empleados.

El presidente de la patronal ha insistido en afirmar que los empresarios "nunca hemos pedido despido libre" puesto que ya existe, "pero es carísimo" y ese precio penaliza la contratación.

En respuesta al portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, que ha intervenido en el acto y que negó que el PP defienda el abaratamiento del despido, Díaz Ferrán ha mostrado su desacuerdo y ha insistido en la "necesidad ineludible" de abaratar dicho coste para evitar que cuando la recesión "toque fondo" se pueda solucionar la situación de forma más rápida.

Bancos y cajas hacen "lo que pueden"

Por otro lado, ha insistido en que los empresarios siguen necesitando financiación, si bien ha dicho que "no existen problemas entre empresas y entidades financieras". Díaz Ferrán ha añadió que bancos y cajas están haciendo "lo que pueden" y que las empresas "saben cuáles son sus problemas".

Díaz Ferrán ha vuelto a considerar "insuficientes" las medidas 'anticrisis' del Gobierno. Concretamente, ha pedido una modificación de las líneas del ICO para que el organismo asuma más riesgos, llegue a empresas más grandes y dé más margen a las entidades colaboradoras.