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¿Quién es quién en la 'operación Gürtel'?

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El denominado 'caso Gürtel' (correa en alemán) investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias dirigida por el empresario Francisco Correa que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio" y en la que estarían implicados varios cargos del Partido Popular.

El responsable de iniciar la investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, considera que el "conglomerado de empresas" de Correa utilizaba "como norma común y frecuente las dávidas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" y entre los cargos políticos relacionó figuraban el presidentente de la Generalitat, Francisco Camps, y varios diputados de la Asamblea de Madrid.

Como consecuencia de estas posibles implicaciones, Garzón se inhibió de la causa en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia (TSJV) y de Madrid (TSJM). Ambos tribunales se declararon competentes para investigar su parte correspondiente de la causa, aunque el valenciano acabó por archivar la causa contra Camps y otros tres cargos del PP valenciano (Ricardo Costa, José Víctor Campos y Rafael Betoret) al entender que "no existía relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados.

Pese a este archivo de la parte valenciana de Gürtel -decisión recurrida por la Fiscalía al entender que sí hubo cohecho-, la polémica volvió al PP de la Comunidad Valenciana al conocerse un informe policial que apunta a la financiación ilegal del partido. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del "caso Gürtel" en el TSJ de Madrid que investigue los indicios de esta supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Además, el levantamiento parcial del secreto de sumario acabó por provocar el cese de Ricardo Costa como secretario general del PPCV, no sin polémica previa.

Dos aforados imputados

Además, Garzón pidió que se elevara la causa al Tribunal Supremo al encontrar indicios contra varios aforados nacionales, entre ellos Luis Bárcenas, senador por Cantabria y tesorero del PP, y Gerardo Galeote, eurodiputado popular. El Supremo acabó asumiendo la investigación sólo respecto a Bárcenas y el diputado del PP Jesús Merino el 24 de junio, a los que imputó provisionalmente por los presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública y para los que tanto el Congreso como el Senado concedió el suplicatorio para que fueran investigados.

Después de que durante el tiempo que instruyó el caso Garzón imputara a un total de 53 personas en relación con esta trama, el TSJ de Madrid imputó a 71 personas, entre ellas la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, o el sastre de Camps, José Tomás. Unos días después, el TSJM levantó la imputación a siete de estas 71 personas, la mayoría empleados de las empresas de Correa.

De todos los imputados, sólo tres están en prisión provisional, el presunto cabecilla de la trama, Rafael Correa, y sus presuntos colaboradores, Antonie Sánchez y Pablo Crespo. El 27 de octubre de 2009, ocho meses después de su ingreso en prisión, el juez instructor del caso en el TSJM decretó la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Sánchez.

Levantamiento parcial del secreto de sumario

El 6 de octubre de 2009, el TSJ de Madrid levantó un tercio del secreto de sumario del caso y se desvelaron cuestiones como que los dos presuntos cabecillas, Correa y Crespo, intentaron desde la cárcel controlar la investigación, a la vez que se reveló que la trama tambíén se extendía a una presunta financiación ilegal del PP gallego entre 1996 y 1999 por importe de 584.580 euros.

Garcias a las intervenciones telefónicas de la Policía, también se supo que el ex yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, figuraba en la 'caja B' de la trama o que Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', otro de los imputados, hicieron gestiones para conseguir un coche para el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien acabó cesado de su cargo.

Además, el caso se ha cobrado también varias víctimas políticas y ha provocado una serie de dimisiones de cargos del PP. Entre los imputados vinculados al PP figuran el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero y los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, que dimitieron tras conocerse su imputación. También los tres diputados de la Asamblea de Madrid imputados, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, acabaron renunciando a pertenecer al grupo parlamentario popular y al grupo mixto.

Los principales implicados en la trama

  • Francisco Correa

Fue detenido y el juez decretó su ingreso en prisión incondicional preventiva. Presunto jefe de la trama. Es el responsable de la empresa Special Events, que ha organizado diversos eventos para el PP nacional -hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2004- y para los de la Comunidad Valenciana y Madrid. Es amigo personal del yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, Alejandro Agag, y fue testigo de su boda.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, explicó al saltar la trama que cuando tomó las riendas del partido en el año 2004 dejó de contratar a la empresa Special Events la organización de sus actos porque era consciente de que "algunas personas utilizaban el nombre del PP y de la dirección nacional en algunos ayuntamientos". Sin embargo, precisó que no denunció el caso en los tribunales porque no pensaba que las empresas estuvieran cometiendo algún tipo de actuación delictiva.

  • Pablo Crespo Sirabís

Fue detenido y el juez decretó su ingreso en prisión incondicional preventiva. Ex-secretario de organización del PP de Galicia hasta 1999 y ex mano derecha de Xosé Cuiña. Es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia, que era un hombre de confianza de Pío Cabanillas. Ya no está vinculado al PP, del que dejó de ser militante en 2005.

Es administrador único de varias empresas de Correa, como Special Events, Pasadena Viajes y Orange Market, otra de las sociedades investigadas y que ha obtenido numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunidad Valenciana, entre ellos el stand de Fitur.

  • Antoine Sánchez

Fue detenido y el juez decretó su ingreso en prisión incondicional preventiva. Empresario y primo de Francisco Correa, se le considera el 'tercero' de la trama delictiva. Es administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani. En esta última sociedad, Inversiones Kintamani, también coincide con Pablo Crespo.

Según Garzón, Atoine Sánchez es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas.

El juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, decretó su puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros ocho meses después de su ingreso en prisión.

  • Francisco Camps

Presidente popular de la Generalitat Valenciana. El juez Garzón encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) al tratarse de un aforado y cargo gubernamental. El TSJVC se declaró competente para investigar su presunta implicación en la trama y abrió diligencias por un presunto delito de cohecho. Finalmente, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV acordó el 3 de agosto de 2009 archivar la causa al considerar que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso "Gürtel" y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.

  • Ricardo Costa

Diputado autonómico, portavoz popular en las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia. Además es hermano del ex ministro popular Juan Costa. El juez Garzón encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al tratarse de un aforado y cargo gubernamental. El TSJVC se declaró competente para investigar su presunta implicación en la trama y abrió diligencias por un presunto delito de cohecho. Finalmente, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV acordó el 3 de agosto de 2009 archivar la causa al considerar que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso "Gürtel" y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market. Tras levantarse parte del secreto de sumario, Génova ha presionado a Camps para que prescinda de Costa, que acabó cesado no sin polémica previa.

  • José Víctor Campos Guinot

Ex vicepresidente de la Generalitat y ex consejero de Justicia. Secretario de Organización del PP valenciano hasta abril de 2007. No aforado imputado por Garzón,que encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). El TSJVC se declaró competente para investigar su presunta implicación en la trama y abrió diligencias por un presunto delito de cohecho. Finalmente, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV acordó el 3 de agosto de 2009 archivar la causa al considerar que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso "Gürtel" y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.

  • Rafael Berotet Parreño

Ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana. No aforado imputado por Garzón,que encontró indicios contra él de cohecho, tráfico de influencias y falsedad y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). El TSJVC se declaró competente para investigar su presunta implicación en la trama y abrió diligencias por un presunto delito de cohecho. Finalmente, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV acordó el 3 de agosto de 2009 archivar la causa al considerar que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso "Gürtel" y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.

  • Benjamín Martín Vasco

Diputado de la Asamblea de Madrid y ex presidente de la comisión de espionaje de este órgano. Uno de los aforados sobre los que Garzón halló indicios y se inhibió en favor del TSJ de Madrid. El TSJM le impuso una fianza de 955.000 euros y le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Tras levantarse parte del secreto de sumario y tras pedírselo la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, abandonó el grupo popular en la Asamblea de Madrid y renunció a formar parte del grupo mixto, junto a los otros dos diputados autonómicos imputados.

  • Alfonso Bosch

Diputado de la Asamblea de Madrid y ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte. Uno de los aforados sobre los que Garzón halló indicios y se inhibió en favor del TSJ de Madrid. El TSJM le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Tras levantarse parte del secreto de sumario y tras pedírselo la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, abandonó el grupo popular en la Asamblea de Madrid y renunció a formar parte del grupo mixto, junto a los otros dos diputados autonómicos imputados.

  • Arturo González Panero

Imputado en el caso por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Está en libertad bajo fianza de 1,8 millones de euros tras negarse a declarar ante el TSJM hasta que se levantara el secreto de sumario.

Ex alcalde popular de Boadilla del Monte, una de las localidades en las que se ha desarrollado la trama. Aunque defiende su inocencia, finalmente dimitió de su cargo, después de que le instara a ello el PP. Tras levantarse parcialmente el secreto de sumario, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, le expulsó del grupo popular municipal, aunque González Panero se negó a devolver el acta.

  • Alberto López Viejo

Uno de los aforados sobre los que Garzón halló indicios y se inhibió en favor del TSJ de Madrid. El TSJM le impuso una fianza de 750.000 euros y le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid que dimitió y diputado de la Asamblea de Madrid. Según la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, López Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas investigadas como responsable de organización de actos de la Comunidad de Madrid. No obstante, tras levantarse parte del secreto de sumario y tras pedírselo la presidenta madrileña, abandonó el grupo popular en la Asamblea de Madrid y renunció a formar parte del grupo mixto, junto a los otros dos diputados autonómicos imputados. Aguirre se confesó luego "dolida" porque López Viejo le desobedeció y siguió contratando con empresas de Gürtel.

  • Guillermo Ortega

Imputado en el caso por delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En libertad sin medidas cautelares tras declarar ante Garzón. Ex director general del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda. Presentó su dimisión a la presidenta madrileña ante las investigaciones.

Durante su mandato como alcalde de Majadahonda, tuvo como asesora a Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa, ambos detenidos en la operación.

  • Ginés López

Alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey desde 2003 y presidente del PP de este municipio desde 1990 y miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP. Imputado por Garzón por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Según el juez, habría percibido comisiones por importe de 523.439 euros. Ha dimitido tras conocerse su imputación.

  • Jesús Sepúlveda

Alcalde de Pozuelo de Alárcón desde 2003, presidente local del PP y miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. Imputado por Garzón por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Según el juez, se le atribuyen cobros de la "Caja B" de Correa por importe de 422.000 euros. Ha dimitido tras conocerse su imputación. Renunció a su acta de concejal en Pozuelo tras levantarse parte del secreto del sumario del caso.

  • Tomás Martín Moral

Director general de gestión urbanística de Boadilla del Monte (Madrid) y vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de esta localidad, cuyo ex alcalde Arturo González Panero ha sido uno de los primeros imputados en el caso. Miembro del Comité Ejecutivo local del PP. Imputado por Garzón por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Habría percibido comisiones por unos 378.172 euros, según el magistrado.

  • Clemente Aguado

Ex diputado de la Comunidad de Madrid, ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Madrid y ex director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Imputado por Garzón por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Habría percibido unos 16.000 euros de la "Caja B" de Correa, según el magistrado.

  • José Galeote

Ex concejal de Boadilla. Padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Imputado por Garzón por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Habría percibido unos 612.506 euros de la "Caja B" de Correa, según el juez.

  • Ricardo Galeote

Concejal de Estepona (Málaga) y ex gerente de la sociedad municipal de Turismo. Hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote e hijo de José Galeote. Imputado por Garzón por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Habría percibido unos 42.469 euros de la "Caja B" de Correa, según el juez.

  • Gerardo Galeote

Eurodiputado del PP desde 1994, el juez Garzón le acusa de haber recibido de manera directa o indirecta más de 600.000 euros en la trama de corrupción. Aunque la Fiscalía desestimó la inhibición ante el Supremo porque "no había elementos suficientes" contra el eurodiputado, finalmente el magistrado lo ha señalado para justificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por qué debe dejar la causa al Supremo, ya que Galeote es un aforado nacional. El TSJ de Madrid ha pedido al Supremo que asuma la causa ante los indicios de delito que encuentra contra él.

Es el hermano de Ricardo e hijo de José, ambos imputados.

  • Luis Bárcenas

Senador y tesorero del PP, cargo del que ha dimitido provisionalmente hasta que se aclare su inocencia. Está acusado por Garzón de recibir 1,3 millones de euros de las empresas vinculadas con Correa a cambio de recibir concesiones de actos públicos del partido. Ha presentado una querella criminal contra el juez por estas acusaciones y es llamado 'el cabrón' por los principales implicados debido a que dejó de concederles contratos en 2003. El TSJ de Madrid pidió al Supremo que asumiera la causa ante los indicios de delito contra la Hacienda Pública y de cohecho que encuentra contra él. Finalmente, el TS acordó investigarle, junto a Jesús Merino, por esos dos presuntos delitos y lo ha citado como imputado provisional. El Supremo pidió el 29 de julio el suplicatorio al Senado para poder seguir investigándole y éste lo concedió el 22 de septiembre.

  • Jesús Merino

Diputado del PP por Segovia y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León. El TSJ de Madrid pidió al Supremo que asumiera la causa ante los indicios de delito contra la Hacienda Pública y de cohecho que encuentra contra él. Finalmente, el TS acordó investigarle, junto a Luis Bárcenas, por esos dos presuntos delitos y lo ha citado como imputado provisional. El Supremo pidió el 29 de julio el suplicatorio al Congreso para poder seguir investigándole, tras lo que Merino renunció al cargo de coordinador de comisiones del PP, aunque mantiene su escaño. El Congreso concedió el suplicatorio el 15 de septiembre.

Los otros imputados

Entre los otros imputados, figuran también Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market; los ex concejales del PP del municipio madrileño de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno; tres diputados autonómicos madrileños del Partido Popular: Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch, y Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Aguirre.

El Tribunal de Madrid atribuye a estos tres parlamentarios madrileños la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.

Durante sus comparecencias, los tres parlamentarios regionales se negaron a declarar hasta que se levantara el secreto sumarial.

Figuran también en la lista los ex alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda y los ex concejales de Boadilla del Monte José Galeote y de Estepona Ricardo Galeote.

En la lista de imputados aparecen las principales empresas de la trama intervenidas por la Justicia: Easy Concept Comunicación y Good & Better.