Te invitamos a conocer el mapa negro de Valencia y así vamos a vivir la semana grande de las Fallas en Al margen de la ley, recorriendo la ruta Camins Criminals con César Guardeño. Escúchalo este sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
Un juzgado de Durango imputa a la exalcaldesa de Zaldibar (EH Bildu), Arantza Baigorri, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio vinculados al vertedero de Eitzaga.
El derrumbe del vertedero en febrero de 2020 provocó dos fallecidos y un grave desastre medioambiental. La investigación se centra en la aprobación en 2019, un año antes del colapso del Plan General de Ordenación Urbana, que consideraba irreversible una ocupación irregular de 60.000 metros.
Arnaldo Otegi ha negado que sea un caso de corrupción, ya que dice que aquella decisión de la exalcaldesa de Bildu contó con todos los avales legales.
También están imputados varios funcionarios municipales y responsables de la empresa Verter Recycling.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la investigación abierta por su departamento sobre la polémica del caso del Hospital Universitario de Torrejón, en el que se dejaban pacientes en lista de espera para maximizar los beneficios, acercará pruebas de la connivencia entre el PP de Madrid y la sanidad privada: "El audio que hemos conocido pone voz a las sospechas que hemos tenido muchos años. Esas empresas privadas parasitan nuestra sanidad, y la señora Ayuso ha engordado las cuentas de Quirón y Ribera Salud en más de 5.000 millones de euros".
García habla de un "deterioro de la sanidad pública" gracias a un modelo en el que las operaciones que entrañan mayor dificultad (cardíacas, transplantes, neonatos...) se derivan a la privada para generar un mayor beneficio para esas empresas. "Se está pervirtiendo el derecho que tienen los pacientes a ser tratados de la misma manera, porque estas empresas favorecen sólo a los pacientes que quieren atraer", ha cargado la titular de Sanidad. En este sentido, ha arremetido contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de "diseñar un entramado con su ingeniería financiera para favorecer a estas empresas". "La Comunidad debería ser la interesada en revertir este modelo, y les instamos a que investiguen irregularidades. Pero lo que hay detrás es corrupción institucional; no es un fallo del sistema: es exactamente el sistema que defienden".
Sobre la retirada de España del Festival de Eurovisión ante la decisión de la UER de mantener a Israel, García está de acuerdo: "Israel sigue cometiendo un genocidio, y debería estar fuera de organismos internacionales culturales y deportivos".
En el día en que José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión preventiva en Soto del Real, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que es una imagen "que no gusta ver, y que afecta en lo personal", pero que su formación "ha actuado con contundencia desde hace mucho tiempo contra estos sinvergüenzas". Sobre la posibilidad de que Ábalos 'tire de la manta', Morant pone su "plena confianza" en el presidente del Gobierno: "Lo que hay es un intento desesperado de ser un chivo expiatorio que le puede valer para su defensa".
Además, coincidiendo con la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Comunidad Valenciana de la mano de Vox, la ministra ha lamentado que la Comunidad se convierta en un "laboratorio de la ultraderecha", y ha apuntado a una línea continuista con la gestión de Mazón: "Ha sido una investidura fake. Han hecho todo lo posible para que parezca que las cosas cambian sin cambiar nada". "Los valencianos y valencianas teníamos que haber podido decidir sobre nuestro futuro", ha afirmado.
En lo referido a la manifestación en Madrid en defensa de la universidad pública, Morant ha arremetido contra la Comunidad madrileña y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "La infrafinanciación a la que está sometiendo a la universidad pública la pone en grave peligro. La asfixia es total".
Sobre la crisis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), objeto de una investigación por una supuesta trama de corrupción, la responsable socialista defiende el trabajo de sus profesionales y reivindica su trabajo: "No hay cosa que me duela más que, en un momento en que estamos invirtiendo más que nunca en investigación, cualquier euro destinado a ello pueda haber sido redirigido de manera irregular".
La expresidenta argentina Cristina Fernández ha cumplido el miércoles la primera noche bajo arresto domiciliario. Fue condenada a seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su Gobierno. El juez le ha impuesto el uso de tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.
La Justicia ha atendido a la elevada edad de Kirchner y a ser una persona pública para concederle la prisión domiciliaria. Además, se le ha requerido que mantenga un comportamiento que no perturbe la tranquilidad del vecindario. En los últimos días, ha salido al bancón para dirigirse a los cientos de seguidores congregados bajo su apartamento.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha pasado su primera noche de arresto en casa. Un juez le ha impuesto una condena de seis años por corrupción. Las autoridades han permitido que Fernández de Kirchner cumpla un arresto domiciliario y no en prisión por su edad, 72 años, y también por su seguridad. La dirigente peronista deberá llevar en todo momento una tobillera electrónica.
El Gobierno indulta este martes al exconcejal del PP tras serle saldada la pena de cárcel. José Luis Peñas ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní que había pedido este tipo de indulto porque quiere seguir "trabajando de funcionario". Peñas dice no arrepentirse de nada tras diecisiete años tras grabar en secreto a Francisco Correa, lo que permitió a la Policía desarticular la trama Gürtel: "No me arrepiento. Tenía mi verdad que siempre he mantenido", ha asegurado en RNE.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, analiza las causas de la caída de nuestro país en el ranking de transparencia por cuarto año consecutivo. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2023, elaborado por la organización Transparencia Internacional, deja a España con 60 puntos sobre 100. Pese a tener la misma puntuación que el año pasado, estos resultados hacen que el país baje un escalón y ocupe el puesto 36 de 186. "Tenemos muchos deberes por hacer, muchos ya se han hecho, pero están estancadas muchas reformas importantes", afirma Silvina Bacigalupo. Reformas como la Ley de Transparencia, que lleva paralizada 10 años, la Ley de Lobby o la Ley de Protección de denunciantes.
La presidenta de Transparencia Internacional España, no ve como causa de caída en el ranking la posible aprobación de Ley de Amnistía, que varios partidos políticos han calificado como corrupta: “Miraremos a cuestiones que afecten a la corrupción, no miramos a decisiones políticas”, explica Bacigalupo.