El Ministerio de Transportes, el agujero negro en el Gobierno de Pedro Sánchez

  • La red ferroviaria registra tres fatales accidentes en un año con 116 fallecidos
  • En el Departamento anidó el caso Koldo, del que este jueves se ha conocido su última ramificación
José Luis Ábalos

José Luis Ábalos en una de las sesiones del juicio seguido en su contra por el caso Mascarillas.EFE/ J. J. Guillén

Inés P. Chávarri

El Ministerio de Transportes no es de los considerados de Estado (Exteriores, Interior, Defensa y Justicia), pero no es una cartera cualquiera. Es uno de los departamentos con mayor partida en los Presupuestos Generales del Estado -12.269 millones de euros en los de 2023, los últimos que se aprobaron-, y de él dependen algunas de las empresas públicas más importantes del país, como Adif, Renfe o Puertos del Estado, o público-privadas, como Aena. Y en esta legislatura se ha convertido en la gran piedra en el zapato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue en esta cartera donde anidó la trama de corrupción de la que formaron parte José Luis Ábalos y Koldo García -de la que este jueves se ha conocido una nueva ramificación- y en su infraestructura se han registrado tres fatales accidentes (Adamuz, Gelida y Urda) con 116 fallecidos en solo nueve meses.

Al Ministerio de Transportes, antes Fomento, aunque se le presuponga un carácter técnico, es una de las piezas clave de la gestión política. El grueso de inversiones del Estado emanan de esta cartera y a ella acuden alcaldes, consejeros o presidentes de comunidad para conseguir las obras que les pueden hacer ganar o perder unas elecciones. En su mano están las infraestructuras, grandes o pequeñas, que deben vertebrar el país, además de garantizar servicios básicos, y, por eso, precisamente, es una "herramienta política de primer orden", como apuntó el ya exministro Óscar Puente este martes, en su intervención tras la reunión del Consejo de Ministros.

RTVE Noticias VídeoPuente lamenta la falta de un debate riguroso sobre la planificación ferroviaria

Puente abrió el debate al señalar que en España nadie ha estado dispuesto a renunciar a estas infraestructuras.

Óscar PuenteVer ahora

Puente se refería a las reclamaciones constantes que debe escuchar el titular de Transportes desde prácticamente cualquier ámbito -por qué la alta velocidad no llega a mi ciudad, por qué no se puede acometer una obra de soterramiento…- y lamentaba que en España, en los últimos 30 años, independientemente del color político de la Administración, no haya habido un debate riguroso sobre la planificación de una infraestructura como la alta velocidad, pero ha sido el caso Koldo y sus derivadas, primero, y los accidentes, después, los que han abierto en canal el debate sobre la gestión de esta cartera.

La corrupción en el corazón del Ministerio

Puente llegó al Ministerio a finales de 2023 y tan solo unos meses después, en enero de 2024, estalló el caso Koldo con la detención del asesor de Ábalos. El golpe sacudió al Ejecutivo y al departamento, en el que entonces todavía seguían algunos de los altos cargos que han acabado imputados en las diversas ramificaciones de la trama. La gestión del exalcalde de Valladolid ha estado libre de este tipo de escándalos, pero le tocó lidiar con ellos por la acción de su predecesor.

La detención de Koldo García Izagirre, la sombra de Ábalos, fue el punto de inflexión. El asesor fue arrestado por el cobro ilegal de comisiones por la adjudicación de dos contratos relacionados con la compra de mascarillas. Las licitaciones, firmadas en lo peor de la pandemia, salieron de Puertos del Estado y de Adif y tuvieron como beneficiario a Soluciones de Gestión S. L., la empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama. Por estos hechos, Ábalos y Koldo fueron condenados por el Tribunal Supremo a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Pero además de los dos contratos para la compra de mascarillas, Ábalos y Koldo están inmersos en otra causa judicial, también vinculada al Ministerio de Transportes. Es la investigación por el supuesto amaño de contratos de obra pública, caso en el que también figura como imputado Santos Cerdán, la persona que sucedió al exministro Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE. El juez Leopoldo Puente apuntó a que Ábalos y Koldo podrían haber percibido cada uno una comisión de un millón de euros y cuantificó en 537,2 millones de euros el valor de las obras bajo sospecha.

Sobre este último caso, este jueves, la UCO registró la casa de Ábalos en Valencia, además de otros inmuebles en Córdoba y Sevilla, y se personó en las oficinas de Adif Alta Velocidad para solicitar información. La operación, impulsada por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, se precipitó después de que un nuevo informe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO recogiese nuevos indicios que apuntan a más amaños en contratos públicos. Los agentes detuvieron a seis personas.

Entre estos dos casos, el de las mascarillas y el de los supuestos amaños de los contratos de obras públicas, figuran además imputados un buen puñado de cargos de confianza del Ministerio de aquella época. Entre ellos, la que llegó a ser secretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, además de diversos responsables de las empresas que habrían pagado comisiones.

Dos fatales accidentes en nueve meses

Y la legislatura ha terminado marcada por los gravísimos accidentes ferroviarios registrados en la línea Madrid-Sevilla, además del de Gelida, en Barcelona. El primero, el de Adamuz (Córdoba), se saldó con la muerte de 46 personas y decenas de heridos y se produjo después de que varios coches de un Iryo descarrilasen e impactasen con un AVE que circulaba en sentido contrario. La investigación judicial sigue en marcha, pero las primeras conclusiones apuntan a la rotura de un carril como el origen del siniestro.

Tan sólo dos días después, en Gelida, falleció un maquinista en prácticas cuando el tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras chocar contra parte de un muro de la AP-7 que se desprendió sobre las vías a causa de un temporal. Y el último de los accidentes fatales se produjo el pasado 28 de octubre, cuando, a pocos minutos de las 09.00 un AVE chocó contra un Iryo que permanecía parado en la vía a la altura de Urda, en Toledo. En el siniestro fallecieron al menos 69 personas y decenas resultaron heridas.

En tan solo nueve meses, 115 personas han muerto en la misma línea de la alta velocidad española, la Madrid-Sevilla, la primera en entrar en funcionamiento en 1992. El presidente del Gobierno reconoció que el dato es "inasumible". La sucesión de accidentes se ha saldado, de momento, con la dimisión de Puente y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, pero la oposición del PP y Vox exige que quien debe caer, tanto por los siniestros como por la cascada de casos de corrupción, es el jefe del Ejecutivo. Sánchez ha puesto en manos del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, las competencias en Transportes hasta el fin de la legislatura. A él le tocará lidiar durante estas semanas con la cartera maldita.