Más límites a los fondos buitre y 10.000 millones para cubrir la entrada de una casa: los nuevos decretos de vivienda
- El Gobierno mantiene la prórroga de los alquileres por un máximo de dos años y la paralización de los desahucios
- Incorpora nuevas medidas para inquilinos y pequeños propietarios, además de 400 millones para vivienda social
Los fondos buitre tendrán limitada la compra de pisos dos años más, hasta 2030, y la administración no solo cubrirá el alquiler de las familias vulnerables sobre las que pesa un proceso de desahucio, también los costes del juicio para que los pequeños propietarios no se vean perjudicados por la paralización de los lanzamientos. Estas son dos de las grandes novedades que incluyen los decretos de vivienda que el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes y que sustituyen a los que derogó el Congreso de los Diputados el pasado viernes. Ahora, una vez disueltas las Cortes, deben ser convalidados por la Diputación Permanente.
Los dos textos cuentan "con algunas incorporaciones muy positivas, pero mantienen la esencia de los que decayeron", ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en los 10.000 millones de euros, otra de las novedades que incorpora el primer decreto, el que recoge el grueso de las medidas, para financiar los préstamos del ICO para la compra de la primera vivienda.
"Se trata de una inversión sin precedentes: solo esta medida, es tres veces mayor al actual presupuesto del Ministerio de Vivienda y solo este programa supone 9.500 millones más que el presupuesto de Mariano Rajoy en la materia", según han remarcado desde el Ejecutivo. En el anterior texto no se concretaba la partida, ya que estaba vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, y ahora el Gobierno se compromete a garantizar el crédito.
Esta línea, ya anunciada, cubrirá a través de un préstamo sin intereses y a pagar en 10 años una vez satisfecha la hipoteca, los 50.000 euros necesarios para abonar la entrada de un piso. Los beneficiarios, si en un futuro deciden vender su casa, solo podrán incrementar el precio lo que haya subido el IPC. Esta medida está destinada a "personas con ingresos estables, pero sin ahorro" para que puedan acceder a su primera vivienda en propiedad y no tiene límite de edad.
Otra de las novedades que no figuraba en el primer decreto son los 400 millones que el Gobierno se ha comprometido a destinar para financiar a los proveedores de vivienda social. El objetivo es sufragar "miles de pisos", según Sumar. Esta partida se suma a los 280 millones de euros previstos para fomentar la construcción industrializada de vivienda y ambas tienen como fin último incrementar la oferta de vivienda disponible.
Más límites para los fondos y nuevas medidas para inquilinos y propietarios
El decreto, además de ampliar el plazo por el que se limita a los fondos buitre a adquirir pisos por debajo de un 70% de su valor de tasación, endurece las condiciones que se les imponen a estas empresas y de las excepciones previstas, aunque de momento el Ejecutivo no ha precisado cuáles.
Se incluyen también nuevas medidas para proteger a los inquilinos con la regulación de "la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos, que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal, así como la condición de gran tenedor del arrendador, cuando proceda".
En los procesos de desahucio que se paralicen por afectar a una familia vulnerable, la administración no sólo cubrirá el coste del alquiler, también las costas procesales e intereses por la demora. Esta medida está pensada para dar más garantías a los pequeños propietarios y no perjudicarles por la paralización de los lanzamientos, una de las grandes medidas que se mantienen.
Prórroga de alquileres hasta 2028 y regulación del alquiler de temporada
El grueso de las medidas son las que ya recogían los dos textos conocidos. Entre ellas, la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler vigentes hasta finales de 2028, la protección frente a desahucios de los inquilinos vulnerables, así como las desgravaciones fiscales para los arrendatarios y las deducciones para los pequeños propietarios.
También se mantienen, como ha destacado Sánchez, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la reorientación de los beneficios fiscales de las socimis, la obligación de que los pisos turísticos tributen un 10% y la incorporación a Casa 47 de los "miles de inmuebles" propiedad de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.
"Son medidas de puro sentido común, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y a los inquilinos y que pone pie en pared a los fondos buitre. En el Gobierno de España ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente", ha defendido Sánchez, que ha vuelto a pedir a los grupos su convalidación en la Diputación Permanente.
La convalidación en la Diputación Permanente
No obstante, Sánchez ha reconocido que el segundo decreto, el que estipula la prórroga automática sin límite temporal de los alquileres, no tiene posibilidades de ser convalidado. No era factible la semana pasada, cuando fue votado por el pleno del Congreso, ni tampoco ahora, que es la Diputación Permanente de la Cámara baja la que debe dar luz verde al texto.
Este órgano es el encargado de mantener la actividad institucional de Parlamento una vez disuelto y el PSOE y los grupos de izquierda tienen los mismos votos que el PP, Vox y Junts. El desempate lo tiene el representante del PNV, que previsiblemente votará a favor del primer texto, como hizo el grupo parlamentario de los nacionalistas vascos cuando el debate se celebró en el pleno. Por la misma lógica, se opondrá al segundo, ya que los jeltzales nunca lo han respaldado.
