El Gobierno aprobará con algún cambio los decretos de vivienda para llevarlos a la Diputación Permanente
- Es necesario hacer modificaciones para que se convaliden los decretos que ya rechazó el Congreso
- Asegura que el nivel de protección de los inquilinos va a estar "al nivel o incluso más" de los anteriores
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El Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes los dos decretos leyes sobre vivienda rechazados la pasada semana en el Congreso. Se incluirán algunas modificaciones para que pueda convalidarlos la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el órgano con facultades legislativas cuando las Cortes están disueltas. No se podría llevar a este órgano algo que ya fue votado, a no ser que tenga novedades.
Desde el Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que los nuevos decretos no tendrán cambios sustanciales. Se mantendrán medidas como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación de los alquileres turísticos y de temporada o las limitaciones a los denominados 'fondos buitres'.
"Los decretos no se pueden presentar exactamente igual a como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos, ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección", ha explicado el ministro este lunes e incluso ha añadido que pueden ser que esa protección se incremente en estos últimos textos, aún por conocerse.
Su intención es que entren en vigor de forma inmediata.
¿Puede el Gobierno aprobar decretos leyes con las cortes disueltas?
El Gobierno no está en funciones, mantiene todas sus competencias hasta que se celebren las elecciones. La convocatoria electoral supone la disolución del Congreso y del Senado, pero no resta atribuciones al Ejecutivo.
La Constitución le permite recurrir a la figura de decreto ley en casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Sobre si se da esta circunstancia y si es legítimo usar esta formula para la vivienda hay diferentes opiniones, pero en el método que se utilizó también la semana pasada. Son normativas que entran en vigor sin necesidad de ser aprobadas previamente por el Parlamento, aunque sí es obligatoria su convalidación o rechazo en el espacio de un mes tras su publicación en el BOE. Ahí, es donde entra ahora en juego la Diputación Permanente.
Tras la disolución de las Cortes en septiembre de 2019, la Diputación Permanente llegó a convalidar siete reales decretos-leyes antes de la constitución del nuevo Congreso.
Ya se dio en 2019 una situación similar en relación con la vivienda
No será la primera vez que el Gobierno de Sánchez saca adelante medidas de vivienda a través de la Diputación Permanente. Tras disolver las Cortes el 5 de marzo de 2019, aprobó al día siguiente un nuevo decreto ley sobre el alquiler similar al que el pleno del Congreso había rechazado a finales de 2018, casi un mes después la Diputación Permanente lo convalidó con respaldo de algunas formaciones que habían dado la espalda a la primera redacción del texto. Se trataba de la Ley de Arrendamientos Urbanos que, entre otras cuestiones, aumentó la prórroga de los contratos de alquiler. Las renovaciones pasaron de ser cada de 3 años a 5 (si el casero es una persona) o de siete años (si el casero es una empresa)
El Partido Popular recurrió aquella convalidación al Tribunal Constitucional, señalando que no se daba cumplimiento a la extraordinaria y urgente necesidad. El tribunal declaró inconstitucional dos disposiciones adicionales del decreto ley, en un caso por no estar justificada la urgente necesidad y en otro, por ser materia que podría regularse por vía reglamentaria. Sin embargo, el Constitucional avaló el resto de la norma.
¿Por qué sí se aprobarían en la Diputación Permanente? ¿con qué apoyos?
La Diputación Permanente está compuesta por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, el bloque que apoyó el primer decreto de medidas de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.
No obstante, el segundo decreto el de los contratos de alquiler indefinidos, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra. Fuentes del PNV han expresado que esperará a conocer la letra pequeña de los nuevos textos para decidir su voto, después de que el Gobierno les haya contactado. No ha sido así con Junts, desde el Ejecutivo han explicado que no tienen intención de negociar con la formación catalana.
Qué medidas clave son la base de los decretos
El objetivo de las normativas que se llevaron la semana pasada al Congreso y estuvieron en vigor por casi unas horas es, según el Gobierno, frenar la especulación inmobiliaria, proteger a los inquilinos y ampliar el parque público de vivienda asequible. Entre las principales novedades que recogía el texto del primer decreto, figura la limitación hasta 2028 de adquisición de viviendas para los fondos buitre. No obstante, el texto no definía lo que es un fondo buitre, sólo establecía que cualquier "entidad con o sin personalidad jurídica que se dedique a la adquisición de inmuebles" no podrá comprarlos "por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado" con algunas excepciones.
Además introducía la figura de la enervación en los procesos de desahucio, que permite al inquilino paralizar y dejar sin efecto la medida si abona lo que debe al propietario.
Se contemplaba una prórroga extraordinaria para los contratos vigentes de vivienda habitual de hasta dos años. Además, se limita la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, estableciendo un tope máximo del 2% en caso de no superar los índices de referencia.
Se ponía coto al alquiler de temporada y por habitaciones para evitar que estos formatos se usen de forma fraudulenta para eludir la ley, los contratos temporales deberán acreditar obligatoriamente una causa real de temporalidad. De no justificarse, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual. Asimismo, la suma de los precios de los contratos por habitaciones no podrá superar el coste del contrato unitario de todo el inmueble.
Entre otras medidas, había incentivos fiscales para inquilinos y caseros, con determinadas condiciones, prestamos públicos a interés cero y medidas para impulsar la edificación.
El segundo decreto contemplaba la prórroga automática de los contratos de alquiler sin límite temporal.
