Más cuidados en casa, amplía la figura del cuidador y menos trámites: claves de las leyes de dependencia y discapacidad
- El Congreso aprueba la reforma de la dependencia y la discapacidad, que pasa su último trámite
- La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El Ministerio de Derechos Sociales lo define como un "antes y un después" en el sistema de cuidados en España y un paso de gigante hacia un nuevo modelo basado en lo que se denomina desinstitucionalización en la atención a las personas mayores y dependientes, o lo que es lo mismo, más cuidados pensados en que la personas que necesitan ayuda permanezcan más tiempo en su hogar y menos en centros y residencias.
Son los objetivos generales de las leyes de dependencia y discapacidad, cuya reforma ha salido adelante este miércoles en el Congreso de los Diputados, y que contempla una ampliación de servicios y prestaciones atendiendo a la situación y circunstancia de cada persona dependiente, con una mayor agilización de los trámites en el reconocimiento de ambas situaciones, la de dependencia y discapacidad, que unifican criterios.
Más derechos y menos burocracia es una de las máximas de esta reforma que, entre otras medidas, amplía la ayuda a domicilio (planteada tradicionalmente para tareas en el hogar) a otras funciones como ir al médico o hacer la compra, reconoce la teleasistencia como derecho universal para todos los dependientes, elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones y amplía la figura del cuidador para que un amigo o vecino pueda ser reconocido como cuidador no profesional con todos los derechos.
Otra novedad importante es que ofrece servicios transitorios para las situaciones más complejas, las de los grandes y severos dependientes, mientras esperan el recurso definitivo.
Un estudio de 2025 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluyó que el 42% de España vive con servicios sociales "débiles o irrelevantes" y que necesita 50.000 plazas residenciales para atender la demanda en dependencia severa. Esta entidad, que lleva años monitoreando el desarrollo de la ley de dependencia y denunciando sus carencias y agujeros, ofreció este mes de junio un dato que habla solo: en los primeros meses de este 2026, más de 13.500 personas han muerto esperando en las listas de dependencia, 90 personas al día.
Este mismo miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado en TVE que el objetivo con esta reforma es estas listas de espera se reduzcan a la mitad en 2027 y lleguen a cero en 2028. Todo ello en un contexto de longevidad récord con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que sitúan en torno al 30% la población mayor de 65 años en 2045.
Reducción de plazos y unificación de dependencia y discapacidad
Una de las principales novedades tras la reforma es la reducción de plazos para reconocer prestaciones, que pasa de seis a tres meses. Se reduce la burocracia y se unifican los itinerarios para el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad, de tal manera habrá un reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad.
Ampliación del concepto de cuidador a amigos y vecinos
La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad recoge como novedad nuevas realidades sociales en las que la figura del cuidador no profesional no siempre es un familiar. Así se amplía la figura de la asistencia personal y de los cuidadores no profesionales a convivientes sin lazos familiares directos, amigos y vecinos. Es una de las principales demandas de los colectivos ante situaciones crecientes en las que la persona que requiere cuidados está sola, tiene a sus hijos u otros familiares lejos o directamente no pueden atenderles. De esta manera podrán recibir estas ayudas económicas por cuidar a personas dependientes.
Además, la reforma garantiza por ley que el estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras
Más atención en el hogar: teleasistencia y ayuda a domicilio
Es una de las claves de la reforma, la de apostar por un modelo que prioriza que el modelo de atención se centre más en el hogar y menos en centros de día y residencias. De esta manera, la teleasistencia es un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia y esta podrá combinarse con otros apoyos.
La ayuda a domicilio se amplía, de tal manera, que este servicio que tradicionalmente se basaba en apoyar al mayor, dependiente o discapacitado en casa, ahora sale del hogar. El cuidador profesional podrá acompañarle a ir al médico o hacer la compra.
Eliminación de incompatibilidades en servicios
Se refuerza el derecho a que cada persona elija el servicio o prestación que desea, de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite. Y además se eliminan incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.
Accesibilidad en edificios como derecho
La reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos. Obliga a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para hacer obras de accesibilidad en viviendas si alguna de las personas residentes así lo solicita y facilita los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.
Financiación estatal del 50%
Con esta reforma se blinda la financiación del sistema de la dependencia, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión. El Gobierno se ha comprometido a que las comunidades reciban 6.200 euros más entre 2026 y 2027.
