España necesita más de 50.000 plazas en residencias para atender a los dependientes severos
- Según un estudio sobre residencias de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
- Cifra en casi 100.000 las plazas necesarias para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 mayores
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España necesita más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con dependencia severa (Grado II) y gran dependencia (Grado III) y casi 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años.
Así lo revela el último informe sobre residencias elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado este jueves, que apunta a que a principios de 2025 el número total de plazas residenciales alcanzaba las 412.109, 17.044 más que el año anterior, un 4,3% más.
En los cuatro años posteriores a la pandemia (de 2021 a 2025) han aumentado en 23.075 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 800.000 personas.
Aumenta casi en un 16% el número de residentes
Casi 340.000 personas viven en centros residenciales de mayores, más de 62.600 que el año anterior, lo que supone un aumento del 15,9% y una ocupación del 82,4% de las plazas existentes.
A juicio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estas cifras ponen de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración.
La Asociación detalla que, según los datos oficiales del IMSERSO, actualmente hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III y más 57.091 personas pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados.
Si se aplica el porcentaje de personas atendidas en residencias (34% de Grado III y 21% de Grado II) la demanda actual de un servicio residencial en plaza concertada o prestación vinculada sería de 32.241 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia.
Si a eso se suman las revisiones de grado solicitadas (por empeoramiento de la dependencia) y las 6.652 PIAS (Programas individuales de atención) no efectivos para residencias y 12.070 PIAS no efectivos para prestaciones vinculadas para residencias, esta asociación calcula que son esas más de 50.000 las plazas residenciales necesarias para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.
Por todo ello, la Asociación ha solicitado tanto al Ministerio de Derechos Sociales como a las consejerías competentes de las comunidades autónomas información concreta de cuántas personas en situación de dependencia están a la espera de una plaza residencial o una prestación vinculada al servicio para una plaza residencial y cuál es el tiempo de espera.
Camino por recorrer hacia un modelo más humano
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales plantea en este informe otras de sus preocupaciones: el camino que queda por recorrer hacia la desinstitucionalización de los cuidados o lo que es lo mismo, un modelo de asistencia a los mayores dependientes pensado en favorecer la permanencia de estas personas en su hogar, con una mayor, mejor y más especializada atención domiciliaria; además de una mayor humanización de los centros con un nuevo modelo residencial.
En este sentido, recuerdan que el Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 una estrategia de desinstitucionalización, en la misma línea que plantea la Asociación, pero consideran que "no se han dado pasos" en el punto más importante de este modelo- la ayuda a domicilio- lo que hace que los cuidados recaigan en las familias, casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres.
Andalucía y Comunidad Valenciana, mayor déficit de plazas
Las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 36.327 y 26.929 respectivamente. Entre las dos, según este informe, suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%).
Mientras que en siete comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712.
Cinco comunidades tienen una ocupación casi completa de sus plazas residenciales, con porcentajes superiores al 95%: Extremadura, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Comunidad de Madrid.
El 71,1% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. Las plazas de financiación pública incluyen las plazas en centros públicos, las concertadas en centros privados, y las que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón y las que tienen menos son las Islas Canarias, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
