El Congreso blinda la dependencia con la reforma de la ley que obliga al Gobierno a cubrir el 50% de los gastos
- Las leyes de dependencia y discapacidad, aprobadas con la abstención del PP y el voto en contra de Vox
- La aportación de cada comunidad autónoma deberá ser, como mínimo, igual a la del Estado
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El Congreso ha aprobado este martes, en un mismo Pleno, el proyecto de ley que reforma la normativa de dependencia y discapacidad y el decreto ley que refuerza su financiación. La nueva norma blinda el sistema de cuidados al garantizar por ley que la Administración General del Estado financie, al menos, el 50% de su coste, un porcentaje mínimo incorporado durante la tramitación parlamentaria mediante una enmienda impulsada por PSOE y Sumar que responde a una de las principales reivindicaciones de las comunidades autónomas.
El decreto ley convalidado destina 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas desde el 1 de julio y hasta finales de 2027 para reforzar el sistema de dependencia. Este aumento, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, supondrá que la aportación de la Administración General del Estado alcance un total de 7.239 millones de euros el próximo año, de los que se beneficiarán más de 1,6 millones de personas en situación de dependencia.
Hasta ahora, la legislación no establecía una cuantía concreta para la financiación estatal, sino que únicamente recogía que la aportación de cada comunidad autónoma debía ser, como mínimo, igual a la de la Administración General del Estado. Con la reforma, la inversión estatal en dependencia queda blindada por ley, mientras que la gestión del sistema seguirá siendo competencia de las comunidades autónomas.
La aprobación definitiva llega después de que la norma superara la pasada semana el trámite de la Comisión de Derechos Sociales, cuyo dictamen salió adelante con el rechazo de PP y Vox.
Cambios en el sistema de dependencia
Además del blindaje de la financiación, la reforma introduce cambios de calado en el sistema de dependencia. Entre ellos, elimina incompatibilidades entre prestaciones para facilitar que los beneficiarios puedan acceder a varios apoyos de forma simultánea, amplía el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario —permitiendo, por ejemplo, el acompañamiento para realizar compras o acudir a citas médicas— y reconoce legalmente como cuidadores a personas que no mantengan un vínculo familiar con el usuario.
La norma también universaliza el derecho a la teleasistencia y elimina restricciones y sujeciones farmacológicas, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de atención más centrado en la autonomía y los derechos de las personas.
En materia de discapacidad, la reforma establece la accesibilidad universal como un derecho, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución. Asimismo, simplifica los trámites administrativos al reconocer automáticamente un 33% de discapacidad a las personas con grado I de dependencia, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán obtener un 65% de discapacidad, con el fin de agilizar procedimientos y reducir las listas de espera.
La ley también modifica la normativa de propiedad horizontal para facilitar ayudas públicas destinadas a obras de accesibilidad en edificios de viviendas, prohíbe que las aseguradoras establezcan diferencias de precio por razón de discapacidad y regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales.
Voto favorable del PP al decreto ley de financiación
El decreto ley para ampliar la financiación estatal de la dependencia ha contado finalmente con el apoyo del Partido Popular, que ha votado a favor. La diputada Carmen Fúnez ya había adelantado durante su intervención en el Congreso que lo harían porque entienden "la importancia de los recursos públicos para financiar el sistema de dependencia". "Pero no vamos a convalidar ni su forma de gobernar ni vamos a participar nunca en una política que promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar", concluía.
Desde Vox, la diputada María de la Cabeza Ruiz sentenciaba que "no es más que otro engaño de este Gobierno miserable". "Hay que ser muy miserable para hacer creer a quienes viven una situación desesperada que las cosas van a mejorar para luego dejarles en la estacada como han hecho siempre", agregaba.
Junts aseguraba que el sistema de dependencia está "al límite desde hace tanto tiempo que ya no es noticia", mientras que Esquerra recalcaba que "esta es la política que nos interesa la que termina en una nómina, no la que termina en una foto". Sin embargo, añadía que este decreto mejora el presente, pero todavía no garantiza el futuro.
Más de 904 millones aprobados este martes
Horas antes de la votación, el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, una "nueva transferencia récord", según el Ministerio de Derechos Sociales. Su titular, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha asegurado que este martes se recordará como "el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados".
Se calcula que esta cifra ascenderá a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra. Por segundo año consecutivo, se trata de "la cantidad más alta en la historia de este nivel de protección", según el Ministerio. En 2012, este nivel acordado se eliminó y no se recuperó hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó a crecer hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.
Esta dotación pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada comunidad autónoma, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.
Sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal será de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. El ministro ha asegurado que se alcanzará "la cifra inédita histórica de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones el año que viene". Esta medida implicará que los gobiernos de las autonomías reciban un 98,7% más de media de recursos por parte de la para la dependencia solo en lo referente al nivel mínimo.
Hace dos semanas, el Consejo de Ministros amplió la inversión estatal en el nivel acordado con el real decreto-ley que duplica las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona con un grado de dependencia reconocido.
