Marlaska pide al director de la Policía explicaciones del informe que culpa a Marruecos de la entrada masiva a Ceuta
- Según la información publicada por El Español, gendarmes marroquíes de paisano guiaron a los migrantes
- El objetivo marroquí sería colapsar el sistema de control fronterizo y neutralizar la capacidad de respuesta española
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido la madrugada de este miércoles por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, "de ser cierto", desde cuándo disponía del informe que indica que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con "un fin distinto del migratorio".
El documento afirma que el fin principal era colapsar el sistema de control fronterizo y neutralizar la capacidad de respuesta española. Además, lo vincula de manera directa con las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.
Según ha publicado el digital El Español y el programa de Mediaset Código 10, esa información ha sido entregada a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF).
Desde el Gobierno de España, las últimas "evidencias" señalan a Rusia e Israel y la internacional ultra como instigadores de una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en Ceuta y descartan la existencia de ninguna "evidencia" de la participación de Marruecos, según la ministra portavoz, Elma Saiz.
La misiva de Marlaska
En la carta, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, Grande-Marlaska le pide a Francisco Pardo que, de ser cierto lo que publica este digital, necesita saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, "absolutamente esencial" para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, él, como Ministro del Interior, pueda ejercer su responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda "adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".
Según el ministro, "se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito".
Ello, continúa el ministro del Interior en su misiva, "al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior".
"Por ello —concluye Grande-Marlaska—, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".
¿Quién recibió la información de la Policía?
Según la información difundida por ambos medios, Marlaska recibió el 29 de julio un informe de un organismo de la Policía Nacional que alertaba de un “riesgo extremo de entrada masiva” en Ceuta.
El informe policial incluye cómo Marruecos organizó la entrada y fotos y nombres de los policías marroquíes que colaboraron. El CENIF detalla que los gendarmes uniformados dirigieron activamente el flujo migratorio hacia zonas específicas de acceso. x
A su vez, contaban con la monitorización de individuos de paisano (presuntos agentes de inteligencia marroquíes) que daban las instrucciones sobre el terreno al espigón de El Tarajal, de lo cual existen registros gráficos. Además, la información alerta que 14 presuntos yihadistas habrían logrado entrar entre el 30 y el 31 de julio a la ciudad autónoma.
Las fuentes definen el incidente como una operación de contra-inteligencia ofensiva diseñada, entre otras cosas, para dejar en entredicho la efectividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España al no prever el asalto.
La jueza solicitó este análisis para determinar si la gestión del paso fronterizo por parte de Marruecos constituye indicios de un delito contra la independencia del Estado.
