Venezuela ante el colapso: el terremoto que aflora las heridas más profundas de un Estado al límite
- El terremoto expone la fragilidad de una nación que sufre una crisis crónica en todos los niveles
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La población venezolana vive horas de angustia e incertidumbre sin precedentes. Tras años de fracturas invisibles, ha visto cómo la naturaleza expone sus heridas más profundas.
La madrugada del pasado miércoles, la tierra tembló con una violencia no registrada desde el año 1900. La secuencia sísmica que ha sacudido el Caribe venezolano marca un antes y un después en la historia reciente del país, no solo por la magnitud del desastre, sino por la fragilidad de las estructuras sobre las que ha golpeado. El epicentro se ha registrado en San Felipe, estado Yaracuy, y a una profundidad superficial de 13,2 kilómetros, y ha dejado un saldo oficial de al menos 188 fallecidos, más de un millar de heridos y miles de desaparecidos. Además, de daños estructurales extensos en Caracas y otras zonas que han inhabilitado servicios críticos como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
La sacudida principal fue de magnitud 7,5, reclasificada por el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos como un "doblete sísmico" —un fenómeno infrecuente donde dos grandes sismos ocurren con apenas segundos de diferencia—, enfrenta a Caracas a una catástrofe que sobrepasa la emergencia humanitaria que ya vivía. Los analistas coinciden en que esta tragedia sirve de catalizador de la extrema vulnerabilidad de las estructuras estatales venezolanas. La situación del país antes del sismo ya era, según los expertos, de una precariedad sistémica.
La debilidad del Ejecutivo es, quizás, el punto más inquietante para quienes observan Venezuela desde fuera. Este "examen" ante el terremoto no es baladí; si la gestión resulta ser un fracaso rotundo, las consecuencias podrían ser desestabilizadoras para el propio Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses dos días antes.
La población, que ya vive con el hartazgo de años de crisis, observa ahora si la respuesta oficial es capaz de protegerles o si, una vez más, el Estado les dará la espalda. "La economía venezolana arrastraba una crisis profunda desde 2013, mucho antes de las sanciones internacionales, con una incapacidad de gestión que situaba la pobreza de los hogares cerca del 65%”, asegura a RTVE Noticias Juan Manuel Trak, politólogo de origen venezolano e investigador especializado en procesos políticos contemporáneos.
Esta base de pobreza estructural es lo que hace que Susana Gratius, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, califique el momento actual como una "situación catastrófica" y el "peor posible". Advierte que el país no contaba con el equipo humano ni la infraestructura necesaria para enfrentar una crisis de este calibre. "El país no está equipado, eso ya se sabe; faltan bomberos, dicen que hay 15.000 y que tienen que ser más de 80.000", señala Gratius la carencia de medios.
La respuesta del Gobierno ha puesto de relieve la opacidad institucional que, según los expertos, caracteriza al régimen actual. Si bien el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha confirmado el despliegue de seguridad y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia y suspendido las clases, la gestión ha recibido críticas por su falta de transparencia. Trak señala que el decreto de emergencia, aunque justificado en la magnitud de los daños, resulta "muy poco transparente, en donde no se dice exactamente qué es lo que cubre ese decreto de emergencia". Una actitud que no es nueva y que en un momento de crisis se vuelve más acuciante para una ciudadanía que se encuentra, en muchos casos, incomunicada tras el colapso de las redes de telefonía e internet.
"La crisis va a llevar a la población a pensar, bueno, ¿en qué medida esta señora, la presidenta en funciones o como se llame, pues sabe gestionar una crisis como esta?", explica Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, quien plantea que esta gestión es un examen crucial para el Ejecutivo. Malamud añade que, a pesar de que Delcy Rodríguez, su hermano y Cabello ostentan el poder, su situación es de "mayor debilidad política que con Maduro".
El "protectorado" de Trump
El politólogo venezolano recuerda Estados Unidos ha tomado un control de facto sobre decisiones de política pública, incluyendo leyes de hidrocarburos y minas. Una influencia que Carlos Malamud califica abiertamente como un "protectorado". Este estatus tiene una doble lectura: por un lado, facilita una ayuda internacional más ágil y significativa para paliar los efectos del terremoto, condicionando incluso a otros Gobiernos de derecha en la región a mostrar una solidaridad alineada con Washington.
La estrategia de Estados Unidos, que los expertos identifican como un plan trifásico de estabilización, extracción y democracia, queda en entredicho tras la catástrofe. Juan Manuel Trak advierte que el sismo impacta directamente en la fase de recuperación de este diseño político, obligando a las autoridades a pivotar de una agenda de extracción hacia la pura supervivencia civil.
Susana Gratius insiste en la percepción de un plan fundamentalmente "extractivista", una retórica que ella vincula con el famoso "we will rule the country" de Donald Trump, donde el interés principal parece ser el dominio del sector petrolero más que el bienestar de la población venezolana.
Impacto en la infraestructura
El posible impacto en la infraestructura petrolera añade una capa de complejidad devastadora a la crisis humanitaria. "Si este desastre golpea la infraestructura petrolera obligará al país a virar su estrategia, pues "va a tener que cambiar de prioridades... ahora es reconstruir un país cuya infraestructura ya estaba muy, muy deteriorada", dice tajante Juan Manuel Trak.
Los datos del Financial Times sobre la deuda externa de 240.000 millones de dólares ya eran una losa antes del terremoto; ahora, con la necesidad de reconstruir infraestructura civil, esa deuda parece un horizonte inalcanzable de resolver sin una reestructuración profunda que, por ahora, se ve bloqueada por la inestabilidad. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha indicado que va a centrar parte de las conversaciones entre el organismo y el Gobierno de Venezuela en cómo apoyar las necesidades adicionales del país a raíz de los terremotos. El organismo ha retomado el pasado abril las relaciones con Venezuela, que estaban suspendidas desde 2019. Desde entonces la relación con el Gobierno interino ha sido regular, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.
Este escenario compromete seriamente los planes de recuperación y el llamado "plan trifásico" de la administración estadounidense, una ambición que ya chocaba con una industria que sufría 30 años de desinversión acumulada. En este contexto, Carlos Malamud señala que, aunque existían expectativas de una reapertura, las inversiones extranjeras en el sector petrolero son "más bien limitadas" y el marco jurídico aún es insuficiente para dar garantías. A esto, la profesora de la UAM añade que, dado que la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela (PDVSA) ya se encontraba en "muy malas condiciones", la capacidad real del país para extraer crudo y generar los recursos necesarios para la reconstrucción se ve seriamente mermada, complicando cualquier proyección económica a corto plazo.
El epicentro en Carabobo ha golpeado zonas vitales como refinerías en dicho estado y en Falcón, además del puerto de salida de buques en Puerto Cabello, inhabilitando un motor económico que el "plan trifásico" pretendía poner en marcha. Una situación que compromete seriamente las proyecciones de inversión extranjera, que Malamud ya calificaba de "limitadas" y frenadas por un marco jurídico insuficiente que aún no ha logrado consolidarse.
El papel de la ayuda humanitaria
Según informes de las Naciones Unidas casi 8 millones de personas ya necesitaban asistencia antes de este miércoles, y el riesgo de un nuevo pico migratorio es real. Los países vecinos, como Colombia o Brasil, que ya han experimentado las consecuencias de las anteriores olas de migración, se enfrentan ahora al dilema de cómo gestionar una nueva presión migratoria en un contexto regional donde la tolerancia a los movimientos de población ha disminuido considerablemente.
La ayuda internacional se perfila como un factor determinante para evitar un mayor colapso, pero también como un punto de fricción política. La ONU, a través de su jefe humanitario Tom Fletcher, ha confirmado que está plenamente movilizada y en estrecha comunicación con el equipo en Caracas liderado por Gianluca Rampolla, mientras que organizaciones como Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han manifestado su disposición para colaborar tras los daños extensos en viviendas e infraestructuras críticas.
Malamud sostiene que la existencia de una especie de protectorado de facto bajo influencia de Estados Unidos facilita que esta ayuda sea más rápida y significativa, condicionando también la actitud de otros gobiernos de la región. No obstante, esta percepción es objeto de debate; mientras algunos ven en ella un mecanismo de estabilización imprescindible, Gratius advierte que el interés internacional, particularmente el de Washington, podría interpretarse "bajo una lógica extractivista orientada a dominar el sector energético en lugar de priorizar la recuperación integral de la población, señalando que, a pesar de la apertura del sector”.
Mientras, el tejido social y político, sigue bajo tensión. Aunque la líder opositora María Corina Machado ha hecho un llamamiento a la serenidad, la fortaleza y la unidad de todos los venezolanos, los analistas se muestran escépticos respecto a un cambio en la dinámica de confrontación que ha marcado al país en los últimos años.
Malamud recuerda que "para bailar un tango hacen falta dos", dudando de que Gobierno y oposición puedan dejar de lado sus diferencias profundas para enfrentar la cuestión. La realidad inmediata es que miles de ciudadanos han pasado la noche en la intemperie, con servicios básicos como electricidad, gas e internet interrumpidos, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía inhabilitado.
La tragedia sísmica no ha creado la crisis, pero ha actuado como un espejo que devuelve la imagen de un Estado desbordado, donde la reconstrucción no será solo una cuestión de reparar edificios, sino de intentar sostener un contrato social que se ha visto gravemente fracturado por la inacción, la opacidad y años de una gestión que no ha logrado poner a la población en el centro de sus prioridades.
