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La flotilla busca contrarreloj la liberación del activista español Saif Abu Keshek: "Si llega a Israel, lo pueden ejecutar"

  • Sánchez denuncia el "secuestro" y carga contra Israel: "España siempre va a proteger a sus ciudadanos"
  • Las autoridades israelíes vinculan al activista, de origen palestino, con el terrorismo
Israel mantiene detenidos a dos activistas de la flotilla, incluido un ciudadano español

La Global Sumud Flotilla navegaba el jueves frente a las costas de Grecia cuando fue interceptada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que procedieron a detener a las 175 personas que viajaban a bordo, incluida una treintena de españoles. La intención inicial de las autoridades israelíes pasaba por trasladar a todos estos activistas a la isla griega de Creta, pero finalmente han optado por llevarse hacia Israel a dos de ellos, el brasileño Thiago Ávila y el español de origen palestino Saif Abu Keshek, cuya situación preocupa especialmente a sus propios compañeros porque sobre él pesan ya acusaciones de terrorismo.

"Si llega a Israel, lo pueden ejecutar", sentencia tajante Txarli de la Rubia, que participó en una flotilla anterior y ahora ejerce de enlace con los medios. En declaraciones a RTVE Noticias, alude a una reciente reforma legal, en virtud de la cual los tribunales pueden aplicar la pena de muerte contra los ciudadanos palestinos que sean condenados por ataques letales contra israelíes.

Abu Keshek reside actualmente en Barcelona, pero nació en Nablús (Cisrjordania) y De la Rubia da por hecho que las autoridades israelíes se agarrarán a este origen palestino para no seguir los ritmos habituales en este tipo de detenciones y que pasan por buscar en última instancia la deportación. Dado que "corre peligro la vida de Said", este compañero implora a la comunidad internacional que intervenga para que Abu Keshek nunca llegue a Israel y desembarque en Chipre.

La Embajada israelí en España, que sostiene que la flotilla "no es una acción humanitaria" sino una "provocación", argumenta que Abu Keshek no es "un activista inocente" sino "un individuo con conexiones probadas con el terrorismo. Le acusa de actuar "en nombre" del Comité Popular Palestino en el Exterior, "vinculado a Hamás y designado como organización terrorista por distintos países", y de participar en "actividades de seguridad contra Israel".

"La información sobre estas organizaciones terroristas que están actuando libremente en España, ha sido trasladada al Gobierno español a lo largo de los años, incluso información concreta sobre este individuo", ha subrayado la Embajada, defendiendo además que "Israel actúa bajo el derecho internacional y con procedimientos legales".

Sin embargo, De la Rubia pone en tela de juicio este tipo de acusaciones y señala que "para Israel no hay argumento válido" alguno porque "hace lo que quiere". En este sentido, no duda en calificar de "secuestro" la detención y acusa al Gobierno de Benjamín Netanyahu de "saltarse todas las reglas del derecho internacional" bajo el recurrente argumento de la seguridad nacional, en base al cual limita la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Gobierno español se moviliza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado durante un acto electoral en Andalucía que "España siempre va a proteger a sus ciudadanos". "Queremos la libertad del español securstrado ilegalmente", ha advertido, parta acto seguido exhortar a quienes "hablan tanto de patria" que secunden también este mensaje a un Gobierno, el de Israel, que viola "constantamente" el derecho internacional.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado la llegada de cerca de una treintena de ciudadanos españoles a Creta, hacia donde se ha trasladado también la cónsul en Grecia "para asistirles y darles toda la protección que necesiten". En el caso de Abu Keshek, "habría sido ilegalmente retenido por Israel y estaría siendo trasladado", según Albares, que al igual que Sánchez ha reclamado su "liberación inmediata" en unas declaraciones remitidas a los medios.

El personal diplomático de España en Israel está "plenamente operativo" para atenderle y prestar la ayuda legal que sea necesaria, con el objetivo último de lograr su repatriación "tan pronto como sea posible". Fuentes del Ministerio también han confirmado que Albares "está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar toda la información y exigir que se respete la legalidad internacional y sus derechos".

El Ministerio de Exteriores griego ha confirmado en un comunicado que las fuerzas israelíes llevaron a Creta a 176 personas, de las cuales 31 requirieron atención médica. El resto fueron trasladadas a un aeropuerto local con vistas a su "salida gradual" del país.

El Gobierno español también ha unido su voz con el de Brasil para condenar en un comunicado conjunto y "en los términos más enérgicos" el "secuestro" de los dos ciudadanos y pedir su entrega "con plenas garantías de seguridad", así como "que se facilite el acceso consular inmediato para su asistencia y protección". Consideran que Israel incurrió en un "atropello al derecho internacional" al actuar fuera de su jurisdicción con la flotilla y avisan de que el caso puede acabar en tribunales internacionales o ser constitutivo de delito en España o en Brasil.

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha dado su "pleno apoyo" a las gestiones de los dos países y ha secundado su mensaje para pedir "la rápida liberación" de Abu Keshek, en la medida en que "se trata de una infracción muy grave del derecho internacional".

Llamamientos a la Unión Europea

Txarli de la Rubia reconoce la implicación del Ejecutivo español en este caso, pero eleva también las reivindicaciones para poner en el foco a la Unión Europea, ya que entiende que es momento de que "diga basta", en la medida en que Abu Keshek es "un ciudadano europeo". Una de las herramientas de presión política que España busca activar dentro del bloque pasa por suspender el acuerdo de asociación con Israel, tal como ha reclamado en varias ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha abogado por poner "toda la presión política a los gobiernos europeos" y, en un mensaje en redes sociales, ha advertido de que la vida de los dos activistas "corre peligro". "No se puede permitir que se doblegue, que se secuestre, que se ponga en riesgo la vida de las personas que han puesto el cuerpo en primera línea", ha aseverado.