Sánchez y Feijóo cara a cara diez meses después y sin visos de acuerdo para enviar tropas de paz a Ucrania
- El presidente recibirá en la Moncloa a los grupos parlamentarios menos Vox y Junts
- El problema de la vivienda y la financiación autonómica centran el debate de la semana
¿Nos encontraremos mañana con el séptimo enfrentamiento Sánchez-Feijóo tras su séptimo cara a cara? Pues todo hace pensar que sí. Que ni la voladura de la geopolítica internacional que ha desatado Trump hará posible que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición lleguen a un acuerdo. Ojalá nos equivoquemos pero los augurios no son muy positivos según se desprende de las declaraciones y fuentes de ambas partes.
El encuentro con el líder del PP es la primera reunión dentro de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno mantendrá con los Grupos Parlamentarios, excepto con VOX, que no ha sido convocado, y con Junts, que ha declinado participar. En la agenda de Moncloa: el envío de tropas españolas a Ucrania si se llega a la paz.
Por cierto, ¿cuál es el motivo que lleva a Pedro Sánchez a abrir otro melón, este melón de Ucrania, cuando el fin de la guerra de Putin no tiene visos de acabar y, mucho menos, una fecha para el armisticio? La respuesta se nos escapa, más allá de su empeño en demostrar que tiene agenda, que tiene proyecto para llegar a 2027 o, como dice el PP, para desviar la atención de los problemas de corrupción y de abusos sexuales que afectan al PSOE.
En fin, sus motivos suponemos que tendrá, aunque los desconozcamos. Feijóo acude a la cita pero con condiciones, según fuentes del PP. Quiere que Sánchez le cuente todo, absolutamente todo, sobre política de defensa y exteriores en general. Y rechaza que se hable únicamente del hipotético envío de tropas españolas a Ucrania si llega la paz.
Y añaden las mismas fuentes que "el PP no apoyará ninguna decisión en materia de defensa que se plantee de forma aislada, como pretende con el envío de tropas". Lo que exigirá Feijóo, según su equipo, es someter a "votación vinculante" todo el presupuesto y estrategia militar y de política exterior.
Contextualicemos. La Constitución da la razón al PP en lo que a los presupuestos de Defensa se refiere y también para el envío de tropas fuera de nuestro país. Los tienen que aprobar las Cortes. Sin embargo, las estrategias militar y de política exterior es una competencia exclusiva del Gobierno que tiene que ser "controlada", solo controlada, pero no votada, y mucho menos de forma vinculante por el Congreso, como planteará Feijóo.
Así que esas exigencias del presidente del PP parecen difíciles de conseguir, ya que sería tanto como pedir al Ejecutivo que renuncie a sus competencias y obligaciones constitucionales.
De antemano, y por si el presidente del Gobierno rechaza esas condiciones, ya fuentes del PP advierten de que "si hay razones inexplicables por las que no pueda atender a esa exigencia, el PP le recomienda —a Pedro Sánchez— que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura".
Dos interpretaciones distintas
Pero el PP se enfrenta al dilema de negar su apoyo al envío de tropas a Ucrania cuando sus colegas del Partido Popular Europeo sí lo apoyan. Es el caso del canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.
La versión de Moncloa es que "el presidente del Gobierno estará encantado de recibir al líder de la oposición e informarle y explicarle todos los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo", un planteamiento que suena a sarcástico. Y "también de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a esos asuntos que el Ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación".
Son, obviamente, dos interpretaciones muy distintas ante ese cara a cara de Sánchez y Feijóo mañana. Así las cosas, da la impresión de que el desacuerdo está servido.
Sin fecha, y todavía muy en el aire, se abre la posibilidad de que España participe en una misión militar de vigilancia en Groenlandia. Nuestro país se uniría a Alemania, Francia, Noruega y Suecia, de momento, y tras la amenaza de Trump de anexionarse ese territorio danés.
Continúa el debate sobre el acceso a la vivienda
El Real Decreto Ley sobre vivienda que quiere sacar adelante el sector socialista del Gobierno vuelve a abrir la brecha con Sumar, su socio de Ejecutivo. Incluso en paralelo, la ministra de Vivienda y la vicepresidenta tercera se hacían reproches mutuamente en distintos medios de comunicación. Es más, todos los ministros de Sumar firmaban un artículo de opinión en El País poniendo negro sobre blanco sus discrepancias. ¿Quién da más?
Como si volviéramos al 15M, las dificultades para alquilar o comprar una vivienda vuelve al centro del debate político y social. Lo que pretendía ser una medida estrella del presidente del Gobierno para afrontar ese grave problema se ha convertido en una nueva bronca con la izquierda a la izquierda del PSOE.
La propuesta planteada por Pedro Sánchez: incentivar a los propietarios para que no suban las rentas a los inquilinos. ¿Cómo? Bonificando hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF por esos alquileres.
Pero Sumar rechazaba inmediatamente la propuesta. Creen que el decreto planteado por el presidente beneficia a los tenedores de pisos y no a quienes buscan casa. Y piden, de nuevo, una intervención directa en el mercado. Quieren congelar los alquileres como en la pandemia, sin beneficios fiscales para los propietarios. Pero algunos expertos creen que no es viable, ya que no hay razones excepcionales que justifiquen esa iniciativa.
Así las cosas, si el RDL llega al Congreso tendrá muy, muy difícil su aprobación. Desde luego, con PP y VOX que no cuenten, por principio su no es no. Con Junts posiblemente tampoco. Solo así ya no salen las cuentas, pero es que, previsiblemente, entre los socios parlamentarios del Gobierno también habrá más noes que síes.
La reforma del sistema de financiación solo la apoya Cataluña
Y luego está la renovación del sistema de financiación de las CCAA. Miércoles, reunión bronca del Consejo de Política Fiscal y Financiera, era de esperar. Un sistema caducado desde 2014 y que ni el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, ni el Gobierno de Pedro Sánchez se habían atrevido a meter mano.
Es un régimen en el que se cruzan los intereses políticos de cada partido con los intereses concretos de cada Comunidad Autónoma. Es decir, no siempre los intereses del PP coinciden con lo que defienden las Comunidades gobernadas por ese partido. Lo mismo pasa en el PSOE, que se encuentra con que dos de sus tres autonomías, Castilla-La Mancha y Asturias, ya han sido muy críticas con la propuesta inicial de la vicepresidenta Montero.
Enfrentamientos habituales en estas negociaciones que se han agravado esta vez por la concesión de Pedro Sánchez para que ERC lo diera a conocer. No es de extrañar, en este caso, la habitual suspicacia de las autonomías con Cataluña de nuevo al grito del agravio.
El presidente Sánchez se lo ha puesto en bandeja al PP y a sus autonomías. Aunque Génova no está segura de alguna de las Comunidades en las que gobierna no termine acogiéndose al nuevo Sistema de Financiación. Montero también ha enfadado a los suyos, a Page, siempre crítico con Pedro Sánchez, y al propio Barbón, reconocido sanchista al que, lógicamente, le duelen sus conciudadanos. Sorprendentemente, Junts deja la puerta abierta a negociar.
La solución que se le ha ocurrido a María Jesús Montero, en un intento de apaciguar los ánimos, es que las Comunidades Autónomas podrán decidir si aplican el nuevo modelo o se quedan con el actual, el caducado. Veremos si elegir a la carta sirve de algo o no.