Consejo de Política Fiscal y Financiera: por qué es clave la reunión con las autonomías convocada por Hacienda
- Debaten la reforma del sistema de financiación que Montero planteó el pasado viernes
- El futuro del modelo dependerá, no obstante, de la negociación parlamentaria
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La financiación de las autonomías vuelve al centro del debate público. Las comunidades autónomas y el Gobierno central se dan cita este miércoles 14 de enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la propuesta de reforma del sistema presentada el pasado viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez presume de un modelo que transfiere más dinero a las autonomías, las comunidades dirigidas por el PP y también algunas socialistas miran con desconfianza el diseño, fruto de un acuerdo con la izquierda catalana.
¿Para qué sirve el CPFF?, ¿qué debate esta vez?, ¿qué puede decidir este órgano? Respondemos a continuación a las preguntas clave para entender la reunión convocada por Montero.
¿Qué es el Consejo de Política Fiscal y Financiera?
El CPFF es un órgano que desde 1980 sirve para que las comunidades autónomas y el Estado se coordinen en materia financiera y fiscal, esto es, sobre sus gastos e ingresos. La ministra de Hacienda preside y convoca las sesiones, mínimo dos al año, a las que asisten los consejeros o consejeras del ramo de cada autonomía, incluidas País Vasco y Navarra, aunque tengan sus propios conciertos al margen del régimen común.
Así, según la ley, el Consejo coordina la política presupuestaria, estudia la distribución de los recursos del Fondo de Compensación, valora y propone cambios en los métodos de cálculo de las transferencias, debate sobre el reparto, la equidad, el endeudamiento y las inversiones públicas, entre otras cuestiones.
¿Qué decisiones puede adoptar realmente?
Como veíamos, el CPFF de un órgano de negociación y colaboración entre los dos niveles de la Administración, lo que le otorga importancia política e institucional, aunque la capacidad para modificar las leyes sea de las Cortes.
Por ejemplo, en 2009, el Consejo alcanzó un acuerdo para reformar el sistema de financiación, que se comprometía con unas líneas generales, y esto acabó materializado en una ley a finales de ese mismo año. La clave para ello, no obstante, estuvo en el equilibrio de las fuerzas en el Congreso, donde recibió el apoyo de PSOE, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Iniciativa per Catalunya, Nafarroa Bai y Unión del Pueblo Navarro.
En ese sentido, María Jesús Montero ha recordado en muchas ocasiones en los últimos meses que la negociación principal se dará con los grupos parlamentarios y, en ese sentido, ha señalado las peticiones dispares que le han lanzado las distintas autonomías gobernadas por un mismo partido, el PP.
¿Cómo es el modelo de financiación que plantea Montero?
Montero presentó el pasado viernes un nuevo modelo de financiación autonómica que ampliaría en 21.000 millones los recursos que se reparten entre las comunidades, si se compara con el vigente, con Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid como las principales beneficiarias del aumento.
Estos fondos saldrían sobre todo de una mayor cesión de impuestos a las autonomías, que pasarían a recaudar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, en lugar del 50% actual, al tiempo que el Estado aportaría también más dinero.
El elemento polémico de la ecuación está en que el sistema planteado "tiende a la ordinalidad", regla que establece que quienes más aportan son también los que más reciben. Esto se cumpliría para Cataluña —será la tercera que más recibe y es la tercera que más aporta—, pero no para otras, como la Comunidad de Madrid, que se verá superada por Cantabria.
Y es que el Gobierno se comprometió a que el nuevo modelo no supusiera una pérdida de recursos para ningún territorio. Así, al mantener su nivel de financiación por habitante, los cántabros seguirán siendo los mejor financiados y superarán a los madrileños, que quedarán en la segunda posición, aunque la región de la capital sea la que más aporta al sistema. A este mecanismo, Montero lo ha bautizado como "de status quo".
Asimismo, Hacienda busca reformar el "mecanismo de solidaridad interterritorial" para reducir la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor, una brecha que actualmente alcanza los 1.500 euros por habitante y que con el ajuste diseñado se estrecharía hasta los 700 euros.
Finalmente, el planteamiento de Hacienda recoge un nuevo cálculo de las necesidades de cada territorio en función de su población —número de personas, pero también envejecimiento, dispersión, características…—, permite a las comunidades pedir una parte de la recaudación del IVA que generan sus pequeñas y medianas empresas (pymes) y crea un fondo específico para compensar los efectos del cambio climático.
¿Qué reclaman las comunidades gobernadas por el PP?
Después de la presentación de Montero, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han criticado el nuevo modelo porque consideran que rompe la "igualdad" entre los españoles, un malestar centrado en el principio de "ordinalidad" para Cataluña. En su opinión, es el pago de Sánchez a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a cambio del apoyo en esta legislatura.
Así, Aragón ha hablado de "insolidaridad", la Región de Murcia ha lamentado que se privilegie "a los de siempre", Extremadura ha asegurado que ellos no recibirán "ni un céntimo más" que ahora y Castilla y León ha tildado la reforma de "ataque" al sistema. Además, algunas, como Andalucía y Cantabria, han puesto el acento en el cómo, al criticar que Sánchez lo negociara antes con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que con ellas.
"La igualdad de los ciudadanos es innegociable y no está a merced de las necesidades personales o políticas de nadie", afirmó este lunes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Barcelona, en el que tildó de "tomadura de pelo" la reforma y criticó se "haya rehabilitado" a Junqueras "como ministro de Hacienda". Sus palabras son una previsible síntesis de la postura común con la que acudirán los consejeros del PP al CPFF de este miércoles.
¿Qué opinan las comunidades gobernadas por el PSOE?
La ordinalidad reconocida a Cataluña y las negociaciones con ERC han sido también los principales blancos para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien se ha unido a las críticas del PP y sugirió incluso la necesidad de unas elecciones anticipadas.
El mandatario socialista ha coincidido al juzgar que se trata de un "ataque a la igualdad de los españoles", pero, en su caso, ha afirmado que sería propio de "la derecha más reaccionaria", puesto que tira "a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal".
Mientras tanto, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, se ha expresado de forma diametralmente opuesta y ha asegurado que el modelo propuesto por Montero es "el mejor de la historia, sin paliativos", porque "nadie pierde y todo el mundo gana".
En el medio, quedaría las reticencias —menos sonoras estos días, aunque conocidas— del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.
Preguntada por las críticas de Page y Barbón, la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, recordó el lunes que los presidentes siempre piden "más recursos para su territorio", por lo que el modelo no puede juzgarse "comunidad a comunidad", sino en conjunto. "Lo difícil es cuadrar las cifras", afirmó, según recogen Efe y Europa Press.
