Montero plantea ceder más impuestos a las CC.AA. para inyectar 16.000 millones en el nuevo sistema de financiación
- La propuesta supone en total 21.000 millones más y respeta el polémico principio de "ordinalidad" para Cataluña
- Las autonomías con más recursos y el Estado aportarán para compensar la brecha con las peor financiadas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto que las comunidades autónomas recauden el 55% del impuesto sobre la renta (IRPF) y el 56,5% del IVA (impuesto al valor agregado), en lugar del 50% actual, como parte del nuevo sistema de financiación autonómica que ha presentado este viernes. Con esta medida, el Gobierno calcula que los recursos aumentarán aproximadamente en 16.000 millones de euros en 2027, cuando se espera que entre en vigor.
El sistema alcanzaría los 21.000 millones adicionales si se tienen en cuenta otras novedades respecto al modelo vigente, tras una reforma que beneficiaría sobre todo a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
Además, el diseño "tiende a la ordinalidad", en palabras de Montero. Dicha regla, que supone que quienes más aportan a la caja son también las que más reciben, se cumplirá en el caso de Cataluña, pero se "alterará" para otras autonomías. El motivo es el compromiso del Gobierno para que ninguna reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior, para lo que ha creado un mecanismo de "status quo". Así, por ejemplo, al mantener su nivel de recursos por habitante, Cantabria seguirá siendo la mejor financiada y superará a Madrid, que quedará segunda, aunque sea la que más aporta al sistema.
"No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha afirmado vicepresidenta primera sobre la "complejidad" y flexibilidad del planteamiento, que tiene en cuenta la densidad de población, envejecimiento o exposición al cambio climático de cada territorio, entre otras cuestiones.
Los Gobiernos autonómicos podrán pronunciarse al respecto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que Hacienda ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero, pero ya han comenzado a escucharse algunas críticas. Entre ellas, la del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que considera que se está tirando "a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal".
También la dirección del PP y sus 'barones' han rechazado la propuesta, que consideran que es un pago a los partidos independentistas para que Sánchez siga en la Moncloa.
En la víspera, el presidente Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se reunieron en la Moncloa y este último aseguró que el nuevo modelo aportará unos 4.700 millones a las arcas catalanas, "un 12% de incremento" en su presupuesto, y que "algo parecido" pasaría con el resto de territorios. "Nadie pierde y todo el mundo gana", afirmó Junqueras, cuando todavía no se habían hecho públicos los detalles de la propuesta de Montero, que recogemos en los siguientes apartados.
Un nuevo cálculo de las necesidades por habitantes, dispersión…
La "población ajustada" es el criterio que se empleará para distribuir los recursos, de acuerdo con la presentación de este viernes. Esto significa que además del número de habitantes, se tienen en cuenta otras variables que influyen en el coste de los servicios y, por lo tanto, en las necesidades de financiación.
"Es fácilmente comprensible que una comunidad con una población más envejecida tendrá una mayor necesidad de gasto en sanidad. O una población con núcleos poblacionales dispersos y alejados entre sí tiene un sobrecoste para ofrecer determinadas prestaciones", ha puesto como ejemplo Montero.
Entre las novedades en la ponderación, destaca una nueva variable específica para las autonomías con problemas de despoblación. Además, de forma general, se amplían los grupos de edad que se considera que necesitan especial protección, se contempla a los estudiantes en edad universitaria y los alumnos desplazados, así como al número de parados sin ninguna prestación.
Se amplía la cesta de impuestos en pro de la solidaridad
Además de la mayor cesión del IVA y el IRPF, el diseño de Montero incluye en la llamada "cesta de impuestos" algunos tributos que ya eran recursos de las comunidades, pero no entraban en el reparto global del sistema. Son en concreto los impuestos sobre patrimonio, depósitos bancarios, actividades de juego y residuos en vertederos.
Todo ello, junto a los de sucesiones, transportes y electricidad, contribuyen a la cifra de 16.000 millones de euros adicionales que se estima que se incorporarán al sistema.
"No es que sean impuestos nuevos", ha aclarado la vicepresidenta. "Eran impuestos que ya rendían al sistema autonómico, pero que ahora pasan a conformar la cesta común que determina la capacidad tributaria y, por lo tanto, la solidaridad".
Objetivo: reducir la brecha entre las comunidades
El "mecanismo de solidaridad interterritorial" experimenta otra de las principales reformas. Montero viene reiterando en los últimos meses su objetivo de reducir la brecha "injustificable" que existe entre la comunidad mejor financiada y la peor, que actualmente alcanza los 1.500 euros por habitante.
En el modelo propuesto, cada comunidad aporta al conjunto del sistema el 75% de la diferencia entre su financiación por habitante ajustado y la media con el resto. Es decir, las autonomías por encima de la media aportan recursos y las que están por debajo los reciben, de forma que el sistema tiende a nivelarse. Según la máxima responsable de Hacienda, esto dará lugar a un intervalo "lógico", que permitirá "garantizar la igualdad de servicios en todas las comunidades autónomas".
Pero el esfuerzo por equilibrar el sistema no solo será de las comunidades. El Estado aportará 19.000 millones de euros con el objetivo de reducir en dos tercios la distancia entre la región con más capacidad de financiación—Madrid, según ha dicho Montero— y la de menos. ¿Cómo? Inyectando más dinero a estas últimas y siempre en función de la posición en la que se encuentran en la lista.
Esos recursos de la Administración central procederían del citado 5% del rendimiento del IRPF que se quiere ampliar y de transferencias adicionales.
Mecanismo de status quo: ninguna recibirá menos que antes
Pero en paralelo a estos mecanismos para reducir las diferencias, operan otros compromisos del Gobierno. Por un lado, la ordinalidad con Cataluña. Y por otro, el de que ninguna comunidad autónoma reciba menos recursos con este nuevo modelo que con el anterior. Dicho mecanismo, al que Montero se refiere como de "status quo", beneficia a Cantabria y Extremadura, "que obligan a que la Administración central aporte 400 millones de euros" para mantener su financiación por habitante.
Según ha explicado Montero, sin el status quo la brecha entre comunidades se reduciría a 477 euros por habitante, pero se eleva a 700 euros como consecuencia de este compromiso. Además, ha subrayado que en este caso los recursos para compensar no van en detrimento del resto.
Dos palancas más: el IVA de las pymes y el fondo climático
Asimismo, de salir adelante el nuevo modelo, las comunidades podrán solicitar una parte de la recaudación del IVA que generan las pequeñas y medianas empresas (pymes) de su territorio, un mecanismo de ajuste voluntario, que les vincula durante cinco años.
Por último, el Gobierno crearía un Fondo Climático dotado de 1.000 millones de euros que se repartirá en función de cuán expuestos están los territorios al cambio climático. Así, las comunidades mediterráneas recibirán dos tercios del total, bajo el criterio de población ajustada, y el resto se repartirán el último tercio.
Montero cree que el rechazo del PP es "sectarismo político"
No obstante, como avanzábamos, la aprobación de la reforma no está garantizada. En respuesta a las críticas del PP, que vienen de antes de conocerse los detalles del plan, Montero ha replicado que el rechazo sería más "sectarismo político" que "interés partidista", puesto que supondría renunciar a recibir 4.850 millones de euros, por ejemplo, en el caso de Andalucía.
Según ha recordado, el 70% de los 21.000 millones de euros adicionales de financiación en 2027 corresponden a comunidades gobernadas por el PP y, por eso, ha negado que exista el "agravio territorial" que esgrimen los populares.
Finalmente, ha cuestionado por qué, si las autonomías piden una reforma del sistema, no la hizo el Gobierno de Mariano Rajoy cuando tenía mayoría absoluta. "El PP no solo no tiene propuesta de modelo, es que el señor Feijóo no tiene liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa", ha dicho y ha vuelto a criticar que cada presidente autonómico le plantee una exigencia distinta, pese a ser del mismo partido.
La aprobación podría depender de nuevo de Junts, que de momento ha criticado que solo sea una versión actualizada del "café para todos" y no pueda considerarse un "cupo catalán".
