Bruselas abre procedimiento de infracción contra España por las normas que condicionan la opa de BBVA sobre Sabadell
- España tiene ahora dos meses para responder a la Comisión Europea y podría enfrentarse a sanciones
- Economía recuerda que es una normativa "que lleva años vigente" y que "se ha aplicado en varias ocasiones"
La Comisión Europea (CE) ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción a España por su papel en la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre el Banco Sabadell, una operación que el Gobierno autorizó el pasado mes de junio con la condición de que ambas entidades mantengan su autonomía durante tres años.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este jueves que la actuación del Gobierno está alineada con la normativa de la UE. El ministro ha dicho que colaborarán con la CE y le darán toda la información y aclaraciones necesarias desde el punto de vista técnico, normativo y legal.
En concreto, Bruselas considera que determinadas disposiciones de la legislación bancaria española y de la legislación española en materia de competencia, que otorgan al Gobierno español "poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos", "vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales en virtud de los Reglamentos bancarios de la UE".
Se refiere a determinados artículos de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y de la Ley de Solvencia Financiera, de 2014. La Comisión también considera que "esos amplios poderes discrecionales" constituyen "restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y de movimientos de capitales", explica en una nota remitida a los medios de comunicación.
Desde hace semanas se veía especulando con esta posibilidad. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió entonces que el Gobierno ha impuesto una serie de condiciones a esta operación "ciñéndose exclusivamente y de manera muy estricta" a lo que habilita la normativa española, que ahora ponen en duda desde Bruselas.
El Gobierno tiene a partir de ahora dos meses de plazo para responder a Bruselas y, si no lo hace "satisfactoriamente", la Comisión "podría decidir emitir un dictamen motivado".
Economía confirma que ha recibido la carta de Bruselas
Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han señalado a RTVE que han recibido la carta de la Comisión Europea y que comunicarán en el plazo establecido su respuesta. "Cabe destacar que se trata por tanto de normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones", recuerda el departamento que dirige Carlos Cuerpo.
No obstante, han señalado que el Gobierno "seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica" y han reafirmado "su firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho".
¿Cómo podría España cerrar el procedimiento?
Con la apertura del procedimiento, España debería impulsar un cambio legislativo en esta materia, que podría derivar en sanciones en caso de no llevarse a cabo.
En particular, tendría que hacer una modificación importante de la ley y real decreto de supervisión de entidades de crédito, puesto que pueden socavar los poderes del BCE. En el caso de la Ley de Competencia, se trataría más bien de orientar y utilizar adecuadamente los artículos controvertidos, según fuentes comunitarias a Efe.
La apertura del expediente, en principio, no afecta al curso de la opa o las decisiones ya tomadas sobre la misma puesto que la infracción concierne a las leyes utilizadas, no a la transacción concreta.
Bruselas ya advirtió a España tras imponer condiciones
A finales del mes de junio, el Consejo de Ministros decidió autorizar la opa de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente. Transcurridos estos tres años, el Gobierno valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de otros dos años.
Previamente, la operación recibió el visto bueno del BCE y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que desde Bruselas no veían motivos para que el Gobierno español rechazase la operación.
Sin embargo, al conocer las condiciones impuestas por el Ejecutivo, la Comisión Europea advirtió de que "vigilaría la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación de la Unión Europea" y que "no dudaría en usar sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembro".
Cabe recordar que la Comisión ya abrió a finales de 2024 un proceso informal de intercambio de información sobre la compatibilidad de la opa con la legislación comunitaria, conocido como 'EU Pilot', paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción.
