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Sudáfrica acusa a Israel de "actos genocidas" en Gaza y pide en La Haya medidas urgentes

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Sudáfrica solicita a La Haya medidas urgentes para prevenir el genocidio de los palestinos de Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos) ha comenzado este jueves la vista que debe estudiar la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza.

En su presentación de la denuncia, la delegación sudafricana, encabezada por su ministro de Justicia, Ronald Lamola, ha denunciado que Israel somete a los palestinos a "actos genocidas" y apartheid, y ha acusado a Tel Aviv de convertir intencionadamente la Franja en un territorio invivible para eliminar físicamente a su población. Esta política se ha adoptado a "los niveles más altos del Estado", han asegurado.

Sudáfrica ha subrayado que Israel "ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba", y ha exigido imponer medidas cautelares urgentes para proteger a los palestinos.

Así mismo, han recordado a la CIJ que el objetivo de la Convención contra el Genocidio no es solo castigar un genocidio o detenerlo, sino prevenirlo.

Sudáfrica ha condenado también las acciones de Hamás y de las milicias palestinas el 7 de octubre, cuando atacaron el sur de Israel matando a 1.200 personas y secuestrando a 250.

La magistrada que preside la reunión de la Corte, Joan E. Donoghue, ha dispuesto que este jueves fuera el turno para que Sudáfrica presentara sus argumentos, y el viernes le corresponderá a Israel. Fuera de la sede del tribunal internacional han tenido lugar concentraciones a favor y en contra de Israel.

Arranca la vista por la denuncia de Sudáfrica a Israel por "genocidio" en Gaza

Los palestinos, sometidos a constantes bombardeos y al hambre

Adila Hassim, abogada del Tribunal Supremo sudafricano, ha sido la encargada de la presentación jurídica de la denuncia ante los magistrados de la CIJ. Ha enumerado como crímenes que constituyen un "acto genocida" los "asesinatos en masa", el "desplazamiento forzoso" de la población de Gaza, y el "daño físico y mental grave", así como los ataques contra el sistema de atención sanitaria.

Los palestinos del enclave están en "riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas", ha asegurado Hassim.

"Los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos allá donde van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias. Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen. E incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel", ha relatado la abogada sudafricana.

El conjunto de acciones israelíes violan el artículo segundo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, según Hassim. "Las acciones [de Israel] muestran un patrón sistemático de conducta del que se puede inferir el genocidio", ha concluido.

Otro de los abogados, Tembeka Ngcukaitobi, ha enumerado llamamientos y comentarios en la opinión pública isrelí que han "normalizado" la incitación al genocidio.

"Periodistas y comentaristas han anunciado que la mujer es un enemigo, el bebé es un enemigo, la mujer embarazada es un enemigo. Que es necesario convertir la Franja en un matadero, demoler cada casa que nuestros soldados se encuentren. Exterminar a todos", ha declarado Ngcukaitobi.

La falta de condena o de persecución legal de este discurso por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu "supone en sí misma una gran violación de la Convención", ha añadido.

La Corte retrasa su decisión sobre medidas preventivas

La Corte no decidirá sobre las medidas cautelares que pide Sudáfrica (instar a Israel a detener las acciones militares en Gaza) hasta haber oído a ambos países. El fallo final sobre el caso puede retrasarse durante años.

El gobierno israelí niega las acusaciones y ha acusado a Sudáfrica de funcionar como "el brazo legal de la organización terrorista Hamás". Hamás, por su parte, espera que la CIJ exija el fin de la ofensiva y culpe a Israel de crímenes de guerra. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha calificado el proceso de "histórico" y ha pedido que otros países se sumen a la denuncia.

Sudáfrica presentó el pasado 29 de diciembre la denuncia ante la CIJ, que es el órgano judicial de la ONU, y cuyas decisiones por tanto obligan, en teoría, a todos los países miembros de la organización, entre los que se incluye Israel.

La Convención contra el Genocidio (aprobada en 1948 y ratificada por 153 estados, entre ellos Israel) define este delito como cualquiera de una serie de actos "perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal". Entre esos actos se incluyen matanzas de miembros del grupo; lesiones graves a su integridad física o mental; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos; o el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.