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El Gobierno comunica a Bruselas que a principios de 2018 pagará más de 2.000 millones por las autopistas quebradas

  • Esa cantidad es muy inferior a los 5.000 millones exigidos por las concesionarias
  • Admite que ese desembolso afectará al gasto en otras inversiones
  • El Ejecutivo estima que esas 9 vías revertirán al Estado antes del próximo abril
  • Dice que relicitará las autopistas el mismo año para reducir el impacto en déficit

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El peaje de la R-3 a la altura de localidad madrileña de Arganda
La R-3 es una de las nueve autopistas quebradas cuya gestión ha sido asumida por el Estado y que se pretende sacar de nuevo a concurso. EFE/José Huesca

El Gobierno ha comunicado a Bruselas que a principios del año que viene tendrá que asumir el pago de más de 2.000 millones de euros por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las 9 autopistas de peaje que están en quiebra.

Esas vías son las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5 (la R-3 y la R-5 son gestionadas por la misma concesionaria), la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.

En el Plan Presupuestario de 2018 enviado este lunes a la Comisión Europea, el Ejecutivo detalla que el gasto en inversiones del año que viene se verá afectado por el pago de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los concursos de acreedores de las autopistas de peaje, que estima reviertan al Estado entre enero y abril de 2018.

No obstante, añade el documento, "se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros".

La idea es que la reversión al Estado y la nueva adjudicación se produzcan en el mismo año para que su impacto en el déficit público sea mínimo, ya que, al realizarse dentro del mismo ejercicio, el ingreso procedente de la licitación restaría en el déficit.

Muy por debajo de la cantidad calculada por el sector

Ese importe de la responsabilidad patrimonial estimado por el Gobierno está muy por debajo del que manejan las concesionarias y el sector, lo que -según admitió ya el propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna- supondrá abrir un nuevo frente judicial.

Las diferencias sobre ese cálculo han retrasado la actuación de Fomento, envuelto en duras negociaciones con concesionarias y bancos acreedores desde la legislatura anterior.

Según las cifras que maneja la patronal de la construcción Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.

Por contra, en su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros.

A comienzos de octubre, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (Seittsa) licitó dos contratos de servicios para la elaboración de algunos de los estudios previos necesarios para realizar la relicitación de las vías de peaje. Esos contratos incluyen estudios de demanda, de tarifas y de viabilidad económico-financiera de las 9 autopistas en quiebra.

Precisamente Seittsa es la empresa que asumirá la gestión de las autopistas entre enero y abril del próximo año, después de que en julio, el Consejo de Ministros autorizase la firma de un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y Seittsa para que la empresa pública pudiera hacerse con esas autopistas de peaje hasta su nueva adjudicación.

Según la cuenta de pérdidas y ganancias incluida en un anexo de ese convenio, el Gobierno prevé que estas vías generen el año que viene un beneficio neto de 34,3 millones y logren unos ingresos por peajes de 93,4 millones.

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