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El Estado prevé gestionar la mayoría de las autopistas quebradas en enero de 2018

  • La autopista Madrid-Toledo pasará a manos públicas en abril de ese año
  • Fomento quiere volver a licitarlas antes del 31 de diciembre de 2018
  • El objetivo, reducir el impacto en el déficit del rescate de las autopistas
  • Independientemente, su gestión en 2018 dará un beneficio de 34 millones

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Fotografía de archivo de la apertura de la R-4 en 2004
Fotografía de archivo de la apertura de la R-4 en 2004. EFE / Víctor Lerena

Ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018, según se prevé en el convenio firmado entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de Seittsa, Manuel Niño, publicado este viernes (ver. PDF) en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La única que no comenzará a gestionar el Estado en enero será la autopista Madrid-Toledo: pasará a manos públicas el 1 de abril.

Seittsa asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que saldrán a concurso para volver a manos privadas antes del 31 de diciembre de 2018. La empresa pública ya puede elaborar los estudios de viabilidad y demanda pertinentes, así como los pliegos para relicitar -en ocho concesiones distintas- los nuevos contratos de gestión de las autopistas.

Por su parte, el Ministerio de Fomento deberá tramitar y aprobar el estudio de viabilidad y los anteproyectos de construcción y explotación, aprobar los pliegos, publicar, adjudicar y formalizar los contratos y aprobar los proyectos que el concesionario presente.

El objetivo de completar todo el proceso en el mismo año responde a que, desde que empiecen a revertir las concesiones, el Gobierno deberá computar el gasto automáticamente en el déficit público. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que el déficit de 2018 contabilice únicamente los gastos y no los posteriores ingresos, según han explicado fuentes oficiales de Fomento a Europa Press.

Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si se produjese una reversión anticipada de los activos a la Administración, según las mismas fuentes.

El rescate de las autopistas, más de 2.000 millones

El valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) será el que compute en el déficit y se fijará conforme a la ley. Posteriormente, el concesionario podrá no estar de acuerdo y presentar un recurso para que finalmente sea un juez el que fije la cantidad, pero la RPA oficial inicial dependerá del momento en el que se produzca la reversión, señala Europa Press.

La RPA es el importe que el Estado debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción. Se desconoce aún a cuánto ascenderá ese costeel Gobierno estimó que unos 2.100 millones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró que será de 2.200 millones, el Tribunal de Cuentas lo cifró en 3.500 millones de euros y la patronal de grandes constructoras Seopan estimó que será de 5.500 millones de euros.

A la RPA, el Estado deberá sumar los 550 millones de euros por los préstamos participativos que se dieron para construir estas vías y que ahora, tras la liquidación, serán incobrables. Desde Fomento siempre se ha defendido que el balance final será sensiblemente inferior a las cifras que se manejan.

Se espera que las autopistas den beneficio en 2018

Las nueve autopistas -que cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo- son las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la Autopista Eje Aeropuerto, la Autopista Madrid-Toledo, la Autopista Ocaña-La Roda, la Circunvalación de Alicante y la Autopista Cartagena-Vera.

Desde que Seittsa se haga cargo de ellas, todas funcionarán como hasta ahora y se aplicarán las mismas tarifas previstas en los contratos de concesión y se anotará los beneficios (o pérdidas) que puedan derivarse de su actividad durante 2018 (independientemente de la resposabilidad patrimonial que tiene que asumir el Estado). Los beneficios se ingresarán en el Tesoro una vez aprobadas las cuentas anuales.

El documento publicado en el BOE recoge los resultados económicos previstos para las nueve autopistas en 2018. Así, estima que ingresen un total de 103,7 millones de euros, de los que 93,5 corresponden a peajes y 10,2 a ingresos de explotación de áreas de servicio.

Por su parte, el total de gastos estimados para el próximo ejercicio es de 54,6 millones de euros y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) es de 49 millones de euros. Al final, el beneficio neto previsto es de casi 34,4 millones de euros.

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