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La Audiencia Nacional rechaza la querella contra tres agencias de calificación

       
  • Señala que los informes sobre España no constituyen un delito
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  • Los querellantes recurrirán la decisión en la Audiencia
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  • Se trata de la primera querella española contra agencias de calificación

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La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite la querella presentada por el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Izquierda Unida y la asociación ATTAC contra las agencias de calificación de riesgos Standard & Poors, Moody's y Fitch.

El auto, firmado por el juez Ismael Moreno, explica que los informes que estas tres agencias han publicado sobre España no constituyen un delito ni se puede inferir de ellos el uso de información privilegiada.

El documento conocido este viernes, con fecha de 30 de agosto, indica que contra la decisión de la Audiencia Nacional cabe interponer un recurso en un plazo de tres a cinco días.

Rechaza que utilizaran información privilegiada

La querella, que interpuso en febrero el Observatorio y a la que se sumaron posteriormente IU y la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), se refería a las rebajas aplicadas por estas compañías a la deuda soberana española entre 2009 y 2010: en enero de 2009 Standard & Poors rebajó de AAA a AA+ la deuda española, y posteriormente, en abril de 2010, volvió a castigar a España situando su deuda en AA.

En mayo de ese año, Fitch le retiró la triple A -la máxima calificación- y, en septiembre, Moody's la rebajó desde AAA a AA1.

El auto conocido este viernes rechaza que estas agencias difundieran falsedades sobre la deuda española y también que utilizaran información privilegiada, aunque sí reconoce que "las agencias de calificación se equivocaron gravemente", aunque matiza que "no fueron las únicas".

Se equivocaron "en la previsión de la crisis"

La Audiencia Nacional indica que políticos, organismos reguladores, economistas, analistas y expertos a nivel mundial se equivocaron "en la previsión de la crisis y sobre todo en la apreciación de su extraordinaria magnitud".

En concreto, recuerda que un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido este año que el organismo "desoyó en 2004 y 2007 las señales de alerta, y se mostró complaciente con los países ricos".

En julio, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar a las agencias de medición de riesgos pese a que reconocía que su actuación perjudicó económicamente a España, dada la "relación directa" entre las revisiones a la baja aplicadas al país y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de deuda pública.

Sin embargo, Anticorrupción ha rechazado llevar a cabo una investigación penal al considerar que no había indicios de delito contra el mercado y los consumidores españoles.

El auto del juez Ismael Moreno señala que, si bien los informes de las agencias tuvieron consecuencias negativas para España, no se redactaron con el propósito de perjudicar al país y alterar el funcionamiento del mercado.

El texto del auto conocido este viernes, con fecha de 30 de agosto, indica que contra la decisión de la Audiencia Nacional cabe interponer un recurso en un plazo de tres a cinco días.

Los abogados recurrirán la sentencia

Los abogados impulsores de la primera querella española contra las tres principales agencias de calificación de riesgos Standard & Poor's, Moody's y Fitch recurrirán la próxima semana la decisión de la Audiencia Nacional de no admitirla a trámite, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

Los abogados Gonzalo Boye, Jaume Asens y Enrique Santiago, que representan al Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Izquierda Unida (IU) y a la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), pueden interponer el recurso en un plazo de tres a cinco días.

En la querella que presentaron el pasado mes de febrero, se denunciaba, entre otros puntos, los presuntos delitos que habían cometido las grandes agencias de calificación contra el mercado y los consumidores, con diversos informes en los que revisaban la solvencia de más 30 entidades financieras y del Estado español.

Unos estudios que, según argumentaron en su escrito, causaron de forma reiterada un perjuicio "enorme" a las finanzas públicas y a los inversores privados, al tiempo que mermaban de forma "injustificada" la credibilidad de la economía y de las instituciones españolas, con las consecuencias que se ven en estos momentos.

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