Cerca de dos mil personas fueron asesinadas en 2025, entre personal sanitario y pacientes, por ataques a instalaciones sanitarias en países como Sudán, Myanmar, Palestina, Siria o Ucrania.
Los Estados -según el informe "Los sanitarios en el punto de mira" de Médicos sin Fronteras- cada vez respetan menos las normas que el derecho internacional humanitario establece para la atención a la población civil en zonas de conflicto. Y lo hacen con total impunidad porque no hay investigaciones neutrales sobre los ataques ni organismos con capacidad de castigarlos.
Esta violencia obliga a que el personal sanitario se retire de las zonas en conflicto y se cierren servicios médicos esenciales "lo que impide el acceso a la atención sanitaria a comunidades que a menudo no tienen alternativas".
Foto: Omar AL-QATTAA / AFP