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El magistrado José María Fernández Seijo ha calificado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso de “laberinto” el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas. Este juez de Barcelona, que en 2013 elevó una cuestión sobre la ley hipotecaria española al Tribunal de Justicia Europeo, que terminó dándole la razón y sentenciando que era contraria a la protección de los consumidores, cree que este cambio “no proyecta una buena imagen” del Supremo, y “genera inseguridad jurídica”.

Desde que la multinacional norteamericana Alcoa hizo pública su intención de cerrar las plantas que tiene en Coruña y Avilés se han sucedido los contactos y las movilizaciones. Para buscar una respuesta conjunta, el Ministerio de Industria se reúne este martes con representantes de los gobiernos autonómicos y los sindicatos. Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso ha hablado con Juan Carlos López Corbacho, presidente del Comité de Empresa de Alcoa en A Coruña, y con Sergio Sobrido, presidente del Comité de Empresa en la planta de Avilés, que ha pedido en "sensatez” en la negociación, ya que, según dice, “todos vamos a tener que poner de nuestra parte para buscar soluciones y alternativas, que seguro que las hay".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este lunes en que la negociación de los PGE para 2019 "la desarrollará el Ministerio de Hacienda" y ha subrayado que el Gobierno "no delegará en nadie" en este proceso, en alusión a los contactos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con líderes independentistas. Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "extrema gravedad" que Iglesias, actúe como "vicepresidente económico del Gobierno" de Pedro Sánchez, al intentar negociar los presupuestos con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La firma de hipotecas en las entidades bancarias continúa, aunque pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre si serán los bancos o los clientes quienes tendrán que pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. En caso de que confirme su doctrina, podrían reclamar sus impuestos un millón y medio de contribuyentes. La incertidumbre ha llevado a varios clientes a posponer la decisión, como recomiendan varios abogados y notarios, a la espera de que se aclare la decisión judicial.

El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca. Así lo ha acordado el representante de la sala tras la reunión convocada por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, con los seis magistrados que adoptaron dicha decisión.

Los principales bancos continúan con la firma de hipotecas, préstamos en los que se sigue aplicando el criterio establecido antes de que se hiciera pública la sentencia del pasado jueves del Tribunal Supremo, según fuentes financieras consultadas por RTVE.es. "Si alguien tiene ahora mismo que firmar una hipoteca se va a encontrar con que va a tener que pagar el impuesto. El viernes las entidades lo paralizaron pero hoy, ante la incertidumbre, han decidido cobrarlo", ha asegurado Patricia Suárez, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), en el Canal 24 de TVE. "Luego, probablemente, dependiendo de lo que diga el Supremo, lo podrán recuperar o no", ha aseverado Suárez, para quien todo el mundo que haya firmado una hipoteca va a poder reclamar de forma retroactiva porque "la cláusula es abusiva". "Queremos que la cláusula sea declarada abusiva y la abusividad no prescribe", ha señalado antes de recordar lo ocurrido con las cláusulas suelo.

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