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Pintada contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá
Pintada contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. REUTERS François Lenoir
CETA

Claves del acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá

  • Regula el acceso al mercado o a concursos públicos y las tarifas aduaneras

  • Incluye un polémico capítulo sobre la protección de los inversores extranjeros

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El acuerdo de libre comercio entre la Unión y Europea y Canadá pretende facilitar los intercambios económicos entre los dos bloques comerciales a uno y otro lado del Atlántico. La Comisión Europea afirma que es el acuerdo de comercio bilateral "más amplio negociado hasta la fecha" pero los ciudadanos han mostrado su rechazo con movilizaciones en distintos países. Este tratado se conoce por sus siglas en inglés como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Las negociaciones finalizaron en septiembre de 2014 pero, en su tramitación, el tratado se ha encontrado con el veto de Bélgica, a raíz de la oposición de Valonia que ha alcanzado un consenso in extremis con el Gobierno belga. Después de la firma entre la Unión Europea y Canadá el 30 de octubre, debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales (en España el gobierno en funciones autorizó la firma del CETA el 14 de octubre). Mientras esté pendiente de ratificación, el 95% del CETA se aplicará provisionalmente a principios de 2017, pero no el capítulo más polémico referido a la protección de inversiones.

¿Qué regula el CETA?

El tratado consta de 1.600 páginas y 13 capítulos en los que regula el acceso al mercado de bienes y servicios, las tarifas aduaneras, la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de títulos profesionales.

En virtud de la cooperación normativa, que tendrá un foro específico, cada parte reconoce la evaluación de productos realizada por la otra parte en equipos eléctricos, juguetes, maquinaria e instrumentos de medición.

El CETA reforzará los derechos de propiedad intelectual sobre nuevos fármacos (uno de cada cuatro productos que España exporta a Canadá es un medicamento). El acuerdo también protegerá en el mercado canadiense 147 productos agrícolas europeos de origen geográfico específico (con denominación de origen que constan en una lista que se puede ampliar en el futuro). Estarían protegidos el queso manchego, el turrón de Alicante o el jamón de Guijuelo, entre otros.

Ante los temores de los ecologistas, la CE afirma que el acuerdo no afectará a las restricciones que tienen en la UE los organismos genéticamente modificados y la carne de vacuno hormonada. También sostiene que no afectará a los servicios públicos ya que los estados miembros podrán mantener los monopolios en el suministro del agua, la sanidad o la educación. Los sindicatos temen que se de una "liberalización por defecto" si un país no ha enumerado los servicios excluidos de la privatización. Esta "lista negativa" provoca diferencias entre estados miembros, así Hungría se ha reservado la soberanía para prohibir el fracking mientras que Francia no lo ha hecho.

El impacto económico del acuerdo

La CE destaca que la supresión de los derechos aduaneros de los productos industriales supondrá un ahorro de 470 millones anuales para estos exportadores europeos y otros 42 millones en bienes agrículas porque un 92% de los alimentos podrán exportarse a Canadá sin tarifas aduaneras. En el caso de productos sensibles (carne de vacuno y porcino o maíz dulce por parte de la UE y los lácteos por la de Canadá) el acceso preferencial se limitará por cuotas.

Las empresas europeas podrán acceder a la contratación pública en Canadá, lo que supone 30.000 millones de euros anuales, mientras que los sindicatos defienden excluir a los servicios públicos del acuerdo por temor a su privatización. El Ejecutivo comunitario sostiene que el tratado permitirá aumentar las exportaciones en 12.000 millones al año y que el comercio bilateral de bienes y servicios se incremente casi un 25%. Canadá es el cuarto inversor directo en la UE y el bloque comunitario es el segundo inversor en el país norteamericano.

Por contra, el Consejo de los Canadienses cree que el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB de la UE y el 1% del PIB de Canadá. Esta organización social añade que se perderán 230.000 empleos hasta 2013, la mayor parte en Europa, y que el tratado presionará a la baja los salarios.

La polémica sobre la protección a los inversores

El acuerdo establece un tribunal de inversiones (Investment Court System, ICS) que funciona como una corte de arbitraje especial que permite a los inversores extranjeros demandar a los estados sin pasar por los tribunales ordinarios. Los miembros de estos tribunales serán elegidos por la UE y Canadá, en principio iban a ser seleccionados por las multinacionales y el país afectado. Se refuerza su régimen de incompatibilidades y además se incluye un tribunal de apelación.

La mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania apunta que ni el procedimiento propuesto para designar a los integrantes del ICS ni su posición cumplen con los requisitos internacionales mínimos de independencia de los tribunales.

Las modificaciones, tras las críticas de las oenegés y los eurodiputados, no son suficientes para evitar los abusos por parte de las empresas y los árbitros, según denuncia en un informe (en pdf) el Observatorio Europeo Corporativo (OEC), que vigila la influencia de las grandes compañías en la política comunitaria. Alerta de que las filiales canadienses de multinacionales de EE.UU. podrían usar el CETA para demandar a los gobiernos europeos.

El tratado podría disparar las demandas de los inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. Por ejemplo, podrían litigar contra las moratorias al fracking en los países de la UE alegando que protegen sus "expectativas legítimas" e invocar la cláusula del "trato justo y equitativo". Por otro lado, incrementará el riesgo de que Canadá sea demandada por inversores especulativos de bancos, aseguradoras y sociedades financieras, según el informe.

El CETA contiene una cláusula de superviviencia que permite que, aunque el acuerdo se rescinda, los inversores puedan presentar demandas durante 20 años más para las inversiones realizadas antes del fin del tratado.

¿Es necesario recurrir a tribunales especiales para proteger a los inversores?

En la UE, la práctica habitual era concluir acuerdos bilaterales de protección de inversiones con países de fuera de la OCDE en los que se consideraba que era necesario ese “plus” de protección al inversor. Con Canadá se rompe este principio tácito, a petición de Otawa, que ya incorporó un sistema similar en el tratado NAFTA firmado con EE.UU. y México.

Los que se oponen al CETA argumentan que no es necesario crear un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, especialmente en jurisdicciones estables como la UE y Canadá. Las multinacionales disponen de capacidad para evaluar los posibles riesgos y la rentabilidad de una inversión, además pueden recurrir a los tribunales ordinarios, los seguros privados y los mecanismos públicos de garantía de inversiones.

Las regiones de Bélgica que se oponían al acuerdo han logrado pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre estos tribunales de arbitraje. Si la Corte europea considera que no se ajustan al acervo comunitario, uno de los puntos claves del CETA quedará sin efecto y creará un precedente para otros tratados que se están negociando.

¿Qué es el foro de cooperación normativa?

La UE y Canadá han acordado crear un foro de cooperación en materia de regulación. Será un mecanismo voluntario de cooperación que permitirá a los reguladores intercambiar experiencias e información e identificar ámbitos en los que cooperar. No servirá para modificar los reglamentos existentes ni elaborar legislación nueva. Tampoco tendrá capacidad de decisión. Se limitará a ofrecer asistencia y sugerencias y no restringirá la capacidad de decisión de los legisladores de los Estados miembros ni de la UE, según Bruselas. Los que se oponen al tratado temen que la posibilidad de tener que enfrentarse a una demanda millonaria por parte de una multinacional frene la legislación y se vulnere el interés público.

¿Influirá el CETA en la negociación del TTIP con EE.UU.?

La Comisión defiende que son dos negociaciones independientes con dos socios diferentes y que el CETA "no prejuzga el resultado de las negociaciones entre la UE y Estados Unidos". La homogenización normativa es mucho menor en el acuerdo con Canadá, el exdirector de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, lo resume así: "En el CETA un 80% regula la producción y solo un 20% es reglamentación. En el TTIP es al contrario".

Sus detractores temen que influya en los litigios de inversiones, uno de los capítulos más controvertidos del acuerdo. En especial, la cláusula que establece el "trato de nación más favorecida" que serviría para "importar" los derechos más favorables de otros tratados firmados por la UE lo que según el informe del OEC "multiplica el riesgo de que puedan prosperar los ataques contra las políticas públicas". A su juicio, el CETA debería prohibir claramente la importación de las disposiciones sustantivas de otros acuerdos.

¿Han servido de algo las movilizaciones en contra?

La Comisión Europea se ha visto obligada a considerar el CETA un tratado mixto, no de competencia exclusiva, lo que significa que tiene que ser ratificado por la Eurocámara y los parlamentos nacionales, aunque eso no evita su entrada provisional en vigor. Ante la polémica suscitada por la protección de inversores, la CE ha tenido que endurecer las condiciones para nombrar a los árbitros de este tipo de litigios e incluir la garantía de un tribunal de apelación.

Estas mejoras no han servido para convencer a los más críticos. La oposición de la región belga de Valonia ha llevado a Bélgica a vetar el CETA, aunque a última hora los belgas han llegado a un consenso para desbloquear la firma del tratado. Las reticencias de otros países, como Austria o Alemania, han empujado al Ejecutivo comunitario a introducir una declaración interpretativa con valor jurídico adjunta al acuerdo. Esta disposición aclara que no existirá una rebaja de los estándares europeos y que no se fuerza a los gobiernos regionales a privatizar servicios, según la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

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