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La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, conversa con el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, conversa con el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders. EFE Julien Warnand

Los Veintiocho aplazan la firma del tratado de libre comercio con Canadá por el veto de Bélgica

  • El futuro del CETA, pendiente del 'no' de la región belga de Valonia

  • Bruselas espera que el acuerdo lo desbloqueen los líderes de la UE

  • El presidente de Valonia rechaza el plazo marcado para aprobar su firma

  • La cumbre UE-Canadá del 27 de octubre se cancelará si no hay acuerdo

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Los Veintiocho han aplazado la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y han trasladado a los jefes de Estado y de Gobierno la responsabilidad de alcanzar un acuerdo para resolver el veto de Bélgica en su encuentro de este jueves y viernes.

Los responsables de comercio de los socios comunitarios estaban convocados a una reunión extraordinaria para firmar el tratado comercial con Canadá, así como para autorizar la rúbrica de la UE como bloque y su aplicación provisional. Sin embargo, la oposición de Valonia, la región francófona de Bélgica, al tratado impide al Gobierno de su país darle su visto bueno.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström ya había advertido a su llegada que iba a ser complicado lograr que todos los socios diesen su visto bueno a la firma del CETA. En la rueda de prensa posterior, la liberal sueca ha confirmado que continuarán las "intensas" conversaciones con Bélgica.

En el mismo sentido, ha confirmado que es necesario que los jefes de Estado y de Gobierno alcancen un acuerdo al respecto en el Consejo Europeo que se celebrará el 20 y el 21 de este mes. "Los canadienses tienen que saber si pueden reservar los billetes o no. Si no conseguimos tener este acuerdo no habrá cumbre" ha apuntado, en referencia a la cumbre bilateral del próximo 27 de octubre, en la que se espera que ambas partes firmen el acuerdo.

Por su parte, el ministro de Economía de Eslovaquia, Peter Ziga, que este mes ostenta la presidencia de turno de la UE, ha confirmado que "todos los Estados miembro excepto uno están a bordo" y que las "consultas con Bélgica todavía están en marcha para encontrar una solución".

La declaración interpretativa, solución a las objeciones de varios países

En cualquier caso, tanto Ziga como Malmström han mostrado su confianza en que se pueda encontrar una salida que resuelva las objeciones de Valonia. "En este tema hay que ser optimista, es un deber", ha sentenciado la comisaria sueca, antes de reiterar que el Ejecutivo comunitario sigue trabajando con el Gobierno federal belga y con los Ejecutivos de las regiones del país para "escuchar sus preocupaciones y tratar de solucionarlas".

Así, Malmström ha apuntado que estas objeciones son "similares" a las mostradas por otras capitales y que fueron abordadas en un documento conjunto elaborado por Bruselas y Canadá para que "todos los países se sientan cómodos firmando". Ese texto es una "declaración interpretativa adjunta que tendrá valor jurídico y será publicada en el Diario Oficial" de la UE, ha dicho la comisaria de Comercio.

Sin embargo, el presidente de Valonia, Paul Magnette, ha afirmado que existen "dificultades sustanciales" precisamente sobre el valor jurídico de esa declaración aclaratoria que se quiere adjuntar al tratado, pero también a cerca del tribunal de arbitraje entre empresas. En declaraciones efectuadas en la comisión de Asunto Europeos del Parlamento valón, recogidas por el diario La Libre, Magnette ha asegurado que no podrán dar una respuesta definitiva antes del viernes: "Nuestro proceso democrático es incompatible con el calendario que nos ha sido impuesto".

La declaración interpretativa, pedida por varios países

Ese documento, solicitado por Austria, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Polonia, y sobre el que Bélgica ha pedido más claridad, "destacará lo mejor del CETA con un lenguaje llano que los ciudadanos también podrán entender", ha afirmado la comisaria, quien también ha precisado que "no está en la agenda" la posibilidad de reabrir la negociación del texto. Según Malmström, el anexo subraya que no se rebajarán los "estándares" y que "nada forzará a ninguna entidad o nivel a privatizar sus servicios públicos".

Según han informado fuentes europeas, citadas por la agencia Europa Press, Austria y Eslovenia son de los socios que han visto satisfechas sus preocupaciones iniciales a través de esta declaración conjunta. También ha aprobado la firma del tratado Alemania, que tenía el mandato de garantizar las condiciones que estableció el pasado jueves el Tribunal Constitucional del país (básicamente que solo se aplicarán de forma provisional las partes que son competencia de la UE y que Alemania podrá abandonar unilateralmente el tratado).

El ministro eslovaco también ha explicado en la rueda de prensa que la UE "está al tanto" de la situación específica de Bulgaria y Rumanía, que reclaman el levantamiento de la exigencia de visados para sus nacionales cuando viajen a Canadá.

En opinión de Malmström, con el CETA "está en riesgo la credibilidad de la UE de poder concluir acuerdos comerciales en el futuro". Y ha asgurado que, en cualquier caso, "hay muchas lecciones que aprender" de cara a futuros tratados de libre comercio, como el que se negocia actualmente con Estados Unidos (TTIP por sus siglas en inglés): "Creo que tenemos que sentarnos todos para discutir cómo se debe efectuar la política comercial en un futuro. Hay claros beneficios si la Comisión negocia en nombre de los Veintiocho, pero tenemos que hacerlo de tal forma que los acuerdos comerciales no tarden años en ser ratificados".

Protestas contra el tratado de libre comercio

Diversas organizaciones como Greenpeace han convocado protestas ante el edificio donde se reunían los ministros para denunciar un tratado que "antepondrá los intereses de las multinacionales a los de la población", según ha dicho en un comunicado la asesora política de esa ONG Shira Stanton.

La portavoz ha señalado que la mayor preocupación es la inclusión en el acuerdo de un sistema de tribunales al margen del Derecho de los países que intervendrá en caso de disputas entre estados e inversores, así como que el tratado garantice acceso a licitaciones de servicios públicos básicos como la provisión de agua a empresas canadienses.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha subrayado -también mediante un comunicado- que "nadie debe confiarse" y que la presión en la calle debe ser "de tal magnitud", que los líderes de la UE se vean obligados a "enterrar en un cajón de forma definitiva" el CETA.

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