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Facua denuncia al Gobierno ante Bruselas por no cumplir la directiva de electricidad

  • Considera que no se garantiza la protección de los consumidores vulnerables
  • La norma fija que los precios sean "razonables y claramente comparables"
  • Una comercializadora pide que se liberalice el mercado para bajar precios

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Bombilla actual rtve

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado al Gobierno de España ante Bruselas por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su denuncia remitida al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, Facua advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".

Así lo establece el artículo 3 de la directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Esta norma plantea en su artículo 3.7 que “los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables”.

Además, en su artículo 3.8, la directiva establece que “los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas (…) para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general”.

Fracaso del bono social

En su denuncia, Facua argumenta que “la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables” puesta en marcha por el Gobierno español ha sido el bono social “cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad”.

Para esta organización, el bono social deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, “tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella”.

Recuerda que el 18% de familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales, un dato que constata el avance de la pobreza energética en el país que sufren al menos 3 millones de hogares en España.

Facua considera que el sistema de subasta para fijar precios es "claramente anticompetitivo y atenta contra los intereses de los consumidores", por lo que debe sustituirse por una tarifa regulada por el Gobierno al 100% que proteja a todos los consumidores domésticos.

Facua insta a la movilización social contra la subida de la luz, con un apagón de una hora el próximo lunes 30 de diciembre a las 19.00 horas. Bajo el lema #apagón30D, reclama al Gobierno una nueva regulación tarifaria que deje de basarse en la subasta del mercado de la generación, una auditoría sobre el déficit de tarifa y que prohíba a las eléctricas cortar la luz por impago a las familias durante el invierno.

Liberalizar el mercado para bajar precios

El director general de Factorenergia, Emili Rousaud, ha abogado por liberalizar el mercado de la electricidad a particulares para reducir precios y evitar la situación "atípica" de la última subasta, que ha llevado al Gobierno central a anularla y repensar el sistema de fijación del precio para evitar un aumento del recibo del 11%.

Según el calendario de la UE, el sector eléctrico doméstico debía haberse liberalizado desde el 1 de enero de 2013, pero España todavía no ha aplicado esta medida, que funciona desde hace años para pymes y grandes empresas. "La competencia es la mejor manera de tener un buen precio, y la mejor manera de eliminar el déficit de tarifa es eliminar la tarifa, lo que también significaría eliminar la subasta", ha sostenido.

Ha apostado por un sistema de libre competencia con las reglas claras en el que las empresas compitan en igualdad para comprar la energía y ofrecerla a buen precio a los clientes, manteniendo el bono social para las familias con menos recursos.

"El interés general tiene que primar sobre los intereses privados, y más ahora, para no poner en peligro el mínimo confort de las familias y la recuperación económica", ha argumentado ante el alza de precios de la subasta anulada, que fueron inflados en parte artificialmente.

La compañía de comercialización eléctrica con sede en Barcelona y negocio en toda España cumplirá 15 años este 2014, y actualmente suministra energía a pymes y grandes empresas, intermedia la venta de electricidad de productores de renovables (eólica, fotovoltaica, mini-hidráulica y cogeneración) y ofrece soluciones de eficiencia energética.

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