Cataluña, Asturias, Andalucía y País Vasco se han desmarcado de la decisión del Ejecutivo que obliga a los inmigrantes sin papeles a pagar por la asistencia sanitaria. En estas regiones les seguirán atendiendo gratis.
La Generalitat de Cataluña ha anunciado que mantendrá el acceso de los inmigrantes irregulares a toda la atención primaria, además de la asistencia básica que garantiza el Ministerio de Sanidad como las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años.
Sin embargo, aún está por definir cómo se articulará el acceso a la atención especializada y hospitalaria y qué prestaciones de este ámbito quedarán cubiertas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), han indicado fuentes de Salud.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Guillermo Martínez, ha dicho este miércoles que la cobertura sanitaria de los inmigrantes "seguirá estando garantizada".
A preguntas de los periodistas, Guillermo Martínez ha señalado que en Asturias no se va a permitir que se "estigmatice" a un colectivo por su origen. El portavoz del Principado ha dicho que no es admisible excluir a ese colectivo de la atención sanitaria, algo que iría en contra de la Constitución española o de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. La idea del Gobierno asturiano es "no dejar fuera de la cobertura sanitaria a nadie en el Principado".
En este mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien ha calificado la medida del Gobierno de "locura sin sentido".
Desde el País Vasco, el Gobierno autónomo ha reiterado que mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos y ha señalado la nueva norma conduciría a una "completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado" que dejaría a las comunidades el papel de "meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias".
Asimismo la consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, María Angeles Palacios, ha pedido al Gobierno central que se hagan "excepciones" con los enfermos crónicos, como los enfermos de cáncer o sida, para que no queden fuera del sistema. Para Palacios, "es de toda lógica no dejar a mitad de un proceso cuando está en un tratamiento de este tipo".
También las asociaciones de inmigrantes han definido la medida de injusta y desproporcionada, mientras que médicos de atención primaria han dicho que ejercerán su derecho a la objeción de conciencia.
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