Bruselas dará más tiempo para reducir el déficit si hay más recortes autonómicos y se sube el IVA

  • Prevé nuevas provisiones bancarias para cubrir préstamos no inmobiliarios
  • Pide adelantar la aplicación de la reforma de pensiones
  • Tirón de orejas a la última subida de impuestos y dudas sobre la reforma laboral
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LOURDES FRANCIALOURDES FRANCIA 

La Comisión Europea ha solicitado a España más consolidación fiscal en las comunidades autónomas, subir impuestos indirectos como el IVA y adelantar el retraso de la edad legal de jubilación previsto en la reforma de pensiones de 2010, a cambio de ampliar en un año el plazo para reducir su déficit al 3% del PIB. Esas modificaciones de la política económica deberían recogerse en un presupuesto para 2013 y 2014 que España presentará en julio.

En su documento de recomendaciones publicado este miércoles, Bruselas también critica la última subida de impuestos directos llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy y duda de que la reforma laboral de febrero permita reducir la temporalidad en la contratación.

Aplicación estricta en las autonomías

El Ejecutivo comunitario considera “indispensable” que España “asegure el cumplimiento de los objetivos de déficit en todos los niveles de la administración, incluyendo la aplicación estricta de los actuales mecanismos de control de la deuda y el déficit en las comunidades autónomas”.

En ese aspecto, Bruselas considera insuficiente la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que “establece un período de transición muy largo, hasta 2020” y los mecanismos para evitar, corregir y presionar a las autonomías “implican plazos relativamente largos” que no aseguran “la corrección a tiempo de las desviaciones presupuestarias que surjan”.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha pedido al Consejo Europeo que respalde las recomendaciones, "sin caer en la tentación de diluirlas" en su próxima cumbre de junio.

El objetivo de déficit para 2013 se mantiene de momento en el 3%, a pesar de que las sucesivas correcciones del Gobierno han elevado el desequilibrio de las cuentas públicas hasta un 8,9% en 2011, principalmente debido a las desviaciones de las autonomías. Sin embargo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) prevé que puede concederse un año más a países que hayan realizado esfuerzos suficientes y se encuentren en una situación económica especialmente desfavorable, como podría ser el caso de España.

Bruselas considera que "hay una falta de información" sobre las medidas de consolidación fiscal para 2014 y 2015, por lo que "la consolidación prevista no está todavía suficientemente respaldada" por medidas concretas.

Provisiones bancarias para cubrir préstamos no inmobiliarios

El sistema financiero es otro de los focos de preocupación de Bruselas, que pide al Gobierno que vigile de cerca el actual proceso de reestructuración de la banca y advierte de que “puede necesitarse un aumento en las provisiones, lo que tendría un impacto en los beneficios del sistema bancario”.

En esa misma línea, alerta de la persistente tensión en la financiación de los bancos “puede exigir un mayor refuerzo de la base de capital” de las entidades españolas, que ahora ya se sitúa entre un 8% y un 10% del total de sus activos, por encima de la exigencia europea.

En opinión de la CE, los decretos de febrero y mayo que amplían las reservas que deben tener los bancos cubren el riesgo inmobiliario, “pero las vulnerabilidades relacionadas con otras exposiciones, como los préstamos a PYMES y las hipotecas, no se ha abordado”.

En ese punto, el Ejecutivo comunitario destaca que la respuesta del Gobierno español “debe ser coherente con un contexto estratégico más amplio (por ejemplo, con los actuales debates sobre nuevas propuestas para recapitalizar el sector financiero en toda la zona euro)”. Y ahí, la CE ha lanzado una petición a toda la UE para que los bancos puedan recapitalizarse directamente a través del fondo de rescate permanente.

Además, dentro del capítulo que repasa la actual situación de la deuda pública, Bruselas tiene en cuenta el efecto de las ayudas públicas a la banca y advierte de que “potenciales operaciones de rescate financiero pueden ser una fuente de riesgo para el déficit o la deuda, dependiendo de la fórmula que se adopte”.

'Tirón de orejas' por la última subida de impuestos

El mayor ‘tirón de orejas’ de la CE a España se refiere a la política de impuestos. Aquí, Bruselas constata que “la última subida temporal de los impuestos directos introducida el 30 de diciembre de 2011 va en dirección contraria” a lo que había pedido la Unión Europea.

Según la Comisión, el sistema impositivo español “se apoya de forma desproporcionada” en los impuestos directos, lo que lleva a “una mayor carga fiscal sobre el trabajo y el capital, algo que se considera es especialmente perjudicial para el crecimiento”.

Por el contrario -añade la CE-, “las tasas sobre el consumo y el medio ambiente son relativamente bajas en comparación a la media de la UE”, por lo que recomienda incrementar impuestos indirectos como el IVA y reducir desgravaciones como aplicada a la compra de vivienda.

Dudas sobre la reforma laboral

En lo que se refiere al mercado laboral, Bruselas llama la atención sobre que la última reforma podría no reducir los contratos temporales, ya que –a su juicio- existe “el riesgo de que las empresas usen el período de prueba de un año del nuevo contrato fijo [el creado específicamente para emprendedores y PYMES] como una vía para convertir este contrato en un contrato temporal ‘de facto’ con un coste cero de despido”.

Así, continúa, esa formulación "podría ir contra las intenciones de la reforma, a menos que esos contratos se conviertan de verdad en permanentes”.

Tampoco considera que los cambios en la negociación colectiva garanticen el compromiso de que la revisión salarial deje de depender de la inflación.

El elevado nivel de paro en España preocupa mucho a la CE que considera “crucial” mejorar la calidad del sistema educativo y de formación para que esa preparación “encaje (sobre todo en los niveles intermedios de formación) con las necesidades del mercado laboral”.

Adelantar la aplicación de la reforma de pensiones

Sobre la reforma de pensiones, el Ejecutivo comunitario recomienda al Gobierno que “acelere el aumento gradual previsto en la edad legal de jubilación e introduzca antes de lo fijado el factor de sostenibilidad” incluido en la reforma de pensiones.

Esto se debe a que, el empeoramiento de la situación económica española está limitando el efecto previsto de esos cambios sobre el gasto público y amenaza con poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

Además, Bruselas considera que no se ha cumplido el compromiso de liberalización de los servicios profesionales y que tampoco se han eliminado las restricciones de la competencia y la innovación.

La Comisión Europea también avisa de que “se necesita un fuerte compromiso del nuevo gobierno para sacar adelante las privatizaciones planeadas y ahora en suspenso (loterías y aeropuertos)”. Y lamenta que no se haya progresado “en el lastre administrativo ligado a la falta de coordinación entre las diferentes administraciones”, lo que fragmenta el mercado doméstico e impide a las empresas “sacar partido de las economías de escala”.

Por último, Bruselas alerta de que debe darse marcha atrás en el retroceso en la inversión pública y privada en I+D “para evitar daños a largo plazo en la capacidad de innovación de España”.

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