Entrevista en TVE
La crisis migratoria en Ceuta ha endurecido el habitual choque político entre el Gobierno y la oposición. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice que la normalidad está volviendo a la ciudad autónoma, algo que niega el presidente de Ceuta, el ‘popular’ Juan Jesús Vivas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpa al Ejecutivo de la "ocupación premeditada" de la ciudad.
FOTO: Marcos Moreno / Europa Press
El Gobierno asegura que la entrada de personas desde Marruecos se ha "detenido en su totalidad" y que ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, una medida anunciada este viernes por el presidente Pedro Sánchez, con la que el Ejecutivo pretende reforzar el control y facilitar la aplicación de los rechazos en frontera tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
El Ejecutivo atribuye esta crisis migratoria a que las mafias dedicadas al tráfico de personas han aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que no pueden practicarse rechazos en frontera cuando los migrantes acceden a territorio español a nado sin haber atravesado ninguna barrera física. Según el Gobierno, esa resolución habría servido de incentivo para promover esta vía de entrada.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este sábado que la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio "se ha revertido en 24 horas", gracias al refuerzo de medios desplegado por el Gobierno y a la cooperación con Marruecos. Durante una comparecencia desde la ciudad autónoma, Marlaska ha calificado lo sucedido como "un ataque a la integridad territorial de España, de Ceuta", y ha defendido la rápida respuesta del Estado para recuperar la normalidad.
A primera hora de este sábado, la presión sobre Ceuta parece haberse reducido considerablemente tras la peor crisis migratoria a la que se ha enfrentado España, y que ha dejado al menos 67 fallecidos. El Gobierno asegura que la entrada de personas desde Marruecos se ha "detenido en su totalidad" y que ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, una medida anunciada este viernes por el presidente Pedro Sánchez, con la que el Ejecutivo pretende reforzar el control y facilitar la aplicación de los rechazos en frontera tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
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Ceuta ha pedido al Gobierno español que declare la emergencia nacional y tome el mando único ante la crisis migratoria que está sufriendo la ciudad. Al menos 40.000 migrantes han cruzado la frontera, poniéndose en peligro y la cifra de muertos asciende a 18 personas. La ciudad ceutí se encuentra completamente desbordad y al límite. La Unión Europea ha ofrecido a España desplegar agentes de Frontex que se encargan de la vigilancia y seguridad en las fronteras.
Fotografía: AP/Antonio Sempere
El indulto parcial a Laura Borràs se daba a conocer este martes por la tarde, horas después de que finalizara la última reunión del Consejo de Ministros antes del verano y la posterior comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Ya este miércoles ha aparecido publicado a primera hora de la mañana en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno argumenta en el documento que ha tomado esta decisión por "razones de justicia y equidad" y que le conmuta parte de la pena "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto".
En el seno del Gobierno sostienen que este indulto sigue la estela de la utilidad para normalizar la situación política, sin entrar a valorar la condena por prevaricación. Ha sido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien en una entrevista en Televisión Española ha defendido que tanto la ley de amnistía como los indultos han sido "útiles" para "normalizar la situación política" en Cataluña.
La decisión de indultar parcialmente a la expresidenta del Parlament de Cataluña no ha gustado a una parte del PSOE. Una vez más, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alzado la voz contra el Gobierno y ha cargado contra esta decisión, que considera que perjudica la credibilidad de los socialistas en la lucha contra la corrupción.
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