La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabaja con las comunidades autónomas para extender a todo el país la prescripción diferida de antibióticos, una estrategia que busca reducir el uso innecesario de estos medicamentos y contribuir a frenar el avance de las resistencias antimicrobianas.
La medida consiste en que el profesional sanitario prescribe el antibiótico, pero indica al paciente que no lo utilice de inmediato, sino que espere entre 24 y 72 horas, según el caso y las instrucciones recibidas. El tratamiento se iniciaría únicamente si los síntomas empeoran o no mejoran en el plazo establecido.
Esta estrategia está especialmente indicada cuando existe incertidumbre sobre el origen de una infección, por ejemplo, ante determinados cuadros respiratorios en los que no está claro si la causa es viral o bacteriana. El objetivo es evitar que el paciente tome un antibiótico que finalmente no necesita.
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Las personas mayores de 55 años de la Comunidad de Madrid podrán disponer a partir del primer semestre de 2027 de un nuevo Carné Senior con el que acceder a servicios, actividades, descuentos y diferentes ventajas relacionadas con el ocio, la cultura, la formación y los hábitos saludables.
El Gobierno ha conseguido salvar el nuevo modelo de financiación en su reunión con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha bastado el apoyo de Cataluña y Canarias, porque el resto ha votado en contra: las 12 comunidades gobernadas por el PP, pero también dos socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha. La Comunidad de Madrid ha dado plantón a Hacienda, aunque no ha conseguido que sus compañeros la secundaran.
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Las mañanas de RNE
El Gobierno destinará 970 millones de euros a las autonomías para financiar el sistema de dependencia. En el estudio 101 de la Casa de la Radio, nos acompaña Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. "Las CCAA van a recibir hasta el doble y más del doble -en el caso del grado III [de dependencia]- de lo que están recibiendo hoy", ha explicado la secretaria de Estado. Martínez ha detallado cuáles son las condiciones que deben cumplir las comunidades autónomas para acceder a esta cuantía y asegura que desde el Ministerio se estima que "de aquí a 2027 se incorporaría casi medio millón de personas más al sistema de dependencia" lo que contribuiría a reducir la lista de espera en un 47%. Puedes ver la entrevista completa en RNE Audio.
El Gobierno ha conseguido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera dé luz verde a la senda de déficit, que será de un 0,1% para las autonomías, y una regla de gasto del 4%, a pesar de la oposición de las regiones del PP.
Era uno de los pasos imprescindibles para que el Ejecutivo siga adelante con el trámite de los Presupuestos Generales del Estado, aunque previsiblemente no conseguirá los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados.
Las regiones del PP han votado en contra entre otros motivos porque consideran que es "imposible" cumplir con la senda y con la regla de gasto. Gran parte de ellas también han rechazado otra de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, que el déficit varié en función de la situación fiscal de cada autonomía.
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Los bomberos forestales protestan ante el Ministerio de Trabajo para exigir mejoras laborales ante la campaña de verano de incendios. Carlos Martín, bombero forestal y representante por CCOO de los trabajadores de la BRIF de Prado de los Esquiladores en Cuenca, pide que se desarrolle la Ley básica de bomberos forestales de 2024 desde el punto de vista de la evaluación de riesgos laborales o tiempos de trabajo. Explica que el plazo venció en noviembre: "Que el Gobierno se ponga a trabajar y publique estos reglamentos y estas medidas".
También señala a las Comunidades Autónomas a quienes les piden que en el marco de sus competencias que desarrollen equipos "estables" que trabajen "todo el año" porque lamenta que solo se refuerza durante los meses de más calor. Explica que hace falta por ejemplo "identificar" las zonas de más riesgo y que esta tarea preventiva ayudaría a que los incendios quemaran mucha menos superficie. Otro punto es el sueldo, asegura que no se corresponde con el trabajo que desarrollan.
La exigencia va no solo al Ministerio de Trabajo sino a otras administraciones implicadas como el de Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas.
