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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que se va a reunir esta semana con las comunidades autónomas para abordar el Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que espera que se apruebe en Consejo de Ministros a finales de este año. "Algunas se han mostrado favorables a hablar, menos Madrid. Les pido responsabilidad. No espero nada de la oposición, ni de Feijóo, pero sí espero de quienes hoy presiden las comunidades, aunque sus siglas sean las del PP".

Rodríguez asegura que el problema de la vivienda es muy complejo de resolver y aboga por construir "ese parque público de viviendas que España hoy no tiene". "Hay que anteponer la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado", apunta. La ministra insiste en que, si las comunidades autónomas quisiera, "ya estaríamos topando los precios de los alquileres". "Está ocurriendo en Cataluña, Navarra, País Vasco... Desearíamos que ocurriese en Madrid, pero hay quien se empeña que eso no ocurra".

El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros la condonación de 85.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una quita pactada con ERC a la que se opone el Partido Popular. Desde Hacienda han confirmado que este sistema se aprobará para condonar parte de la deuda autonómica. José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, explica en 'las Mañanas de RNE' que en los criterios de este reparto: "Se ha hecho un cálculo del gasto que tuvieron las comunidades autónomas en la crisis de 2009, y después con la pandemia y la guerra de Ucrania, en qué dejan de ingresar. Entonces, como dejan de ingresar, incurren déficits mayores que tienen que financiarse con deuda". Teniendo en cuenta todo esto, O'Kean afirma: "Quién más se ha endeudado los años anteriores, se beneficia más". Según el catedrático "el trasfondo de todo esto es que se está preparando la independencia fiscal de Cataluña", concluye.

Hoy entra en vigor el último decreto del Gobierno para la redistribución entre comunidades de menores migrantes no acompañados, momento a partir del cual Canarias, Melilla y Ceuta pueden pedir la declaración de contingencia migratoria para que esos niños sean reubicados en otros territorios. Las comunidades del PP insisten en su negativa rotunda. El ministro de Justicia advierte de que habrá consecuencias legales si las comunidades incumplen la ley y se niegan a acoger a los menores migrantes. "No nos cabe en la cabeza que los presidentes y presidentas autonómicos no vayan a cumplir con la ley", afirma Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en RNE. "Estamos seguros que van a cumplir con la ley aunque no la compartan. Si no cumplieran la ley indudablemente [...], eso se traslada a Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las fuerzas y cuerpos de Seguridad". "Hoy los menores no acompañados son competencia autonómica. Si una comunidad o una administración que tiene esa competencia no lo asume, automáticamente la Fiscalía de Menores hace que se tenga que cumplir la Ley", insiste el ministro. "Es una buena ley, porque es de justicia y da respuesta a los territorios frontera", afirma.

Sobre la negativa constante de las comunidades gobernadas por el PP de acoger a estos menores migrantes, Torres lamenta que es un "error histórico". "El PP tiene muchísimas responsabilidades institucionales: en Ceuta, Melilla, Canarias, porque están en esos gobiernos autonómicos. O en Baleares, donde ha subido el número de menores no acompañados que están llegando a sus costas. Tienen un marco jurídico al que se pueden acoger una vez lleguen a esa contingencia migratoria".

"Ninguna comunidad se queda fuera porque lo que se hace es conocer a través de los certificados oficiales de las comunidades autónomas. A partir de ahí sabremos qué comunidades están por encima de lo que tendría que ser su capacidad de acogida si distribuyéramos a esos menores por la población de cada territorio", añade.

Entrevista completa en RNE Audio.

Continúa el enfrentamiento político por la acogida obligatoria de menores migrantes ubicados en Canarias a la península. El Gobierno ha aprobado el decreto que determina cuántos menores debe acoger cada comunidad, pero no hay consenso. Madrid y Baleares ya han avisado de que no lo cumplirán. Este era el último paso, conocer cuántos menores extranjeros no acompañados debe acoger por ley cada comunidad.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, explica que este paso ha sido "importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante, estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país". Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía serán las que más deberán acoger

Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "no tiene sentido sin que antes haya habido un acuerdo previo, sin que haya habido una planificación y haya unos recursos necesarios".

Andalucía dice estar al 95% de su capacidad y pide ser considerada frontera sur. También Baleares se queja de saturación y avisa, pedirán al Supremo que suspenda la acogida obligatoria. El director de cooperación e inmigración de Baleares, Manuel Pavón, destaca que "la capacidad es la que es. Qué sentido tiene que acojamos ahora 49 menores de edad si quizás en unos meses tendríamos que ser nosotros los que tenemos que estar repartiendo".

Por su parte, Canarias sigue pidiendo solidaridad. La consejera de Infancia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, afirma que "no actuar como comunidad autónoma, sino actuar como una cuestión de Estado".

Al Gobierno le insisten en que cumpla con la financiación que prometieron. El proceso podría activarse a partir del jueves, aunque todas las comunidades del PP y Castilla-La Mancha lo tienen recurrido en el Constitucional.

Imagen: EUROPA PRESS / ANTONIO SEMPERE