Bruselas se revuelve contra la excusa de Trump de imponer aranceles a la UE por permitir trabajos forzosos
- La CE valora "positivamente" la nueva tasa del 10%, pero rechaza que Trump ponga en cuestión la política laboral europea
- Estados Unidos ha llegado a abrir una investigación para determinar qué países cumplen con sus estándares laborales
La Unión Europea ha valorado "positivamente" que los últimos aranceles aprobados por Donald Trump se sitúen para el bloque comunitario en un 10%, en línea con el acuerdo que ambas partes suscribieron hace un año. Pero lo que no ha gustado en absoluto en Bruselas es la excusa que el dirigente estadounidense ha puesto para los nuevos gravámenes: que la Unión no combate de forma eficaz el trabajo forzoso. El dirigente estadounidense firmó este jueves una orden ejecutiva para imponer nuevas cargas a 60 países, con unas tasas que oscilan entre el 10 y el 12,5%.
Estos tipos sustituyen al arancel genérico del 10% que el republicano aprobó cuando el pasado mes de enero el Tribunal Supremo anuló su política comercial por, entre otros motivos, no haberla validado en el Congreso. Pero para poder activar los nuevos, Trump ha tirado de una ley que le autoriza a penalizar a aquellos países que hayan cometido prácticas comerciales "desleales, injustificables o discriminatorias".
El dirigente republicano ha sustentado su orden en la supuesta falta de rigor de la UE, y de otros muchos países afectados, como Japón o Canadá, en la lucha contra la explotación laboral. El Ejecutivo estadounidense abrió además una investigación para determinar qué países cumplían y cuáles no con los estándares laborales de EE. UU., algo que la alta representante de la Unión Europea en Política Exterior, Kaja Kallas, no ha querido pasar por alto este viernes.
"No se puede decir eso de la Unión Europea", ha señalado Kallas a la agencia Reuters. "Si comparamos nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, tenemos vacaciones pagadas y muy buenas condiciones para nuestros empleados, así que no tienen fundamento", ha añadido la dirigente comunitaria, que ha avanzado además que pedirá aclaraciones a Washington, ya que considera que Estados Unidos ha roto el acuerdo que mantenía con la UE.
También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha censurado los argumentos esgrimidos por Estados Unidos para justificar los nuevos impuestos. El vicepresidente ha asegurado que el Ejecutivo "no comparte el fondo del análisis relativo a la imposición de estos aranceles", aunque también ha ensalzado la relación bilateral que España y el conjunto de la UE mantienen con Estados Unidos y ha destacado el hecho de que lo importante es dar "estabilidad" a las empresas.
Valoración "positiva" de los nuevos aranceles
Con un tono mucho más conciliador que el de Kallas, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, ha destacado este viernes que la Unión "valora positivamente" que el tipo del 10% para la UE "esté en consonancia" con la declaración conjunta que el verano pasado firmaron la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, y el propio Trump, en Turnberry, Escocia. El acuerdo estipulaba un arancel genérico máximo del 15%, de ahí que la UE se haya felicitado por el hecho de que finalmente haya sido de un 10%.
Gill además ha subrayado que la decisión adoptada por Trump también reintroduce las exenciones arancelarias adicionales para la UE, "como las aplicables al corcho y los diamantes, además de las ya existentes para aeronaves y sus componentes, medicamentos genéricos e ingredientes activos". El movimiento de Estados Unidos invita, según la CE, a seguir "explorando nuevas exenciones arancelarias", además de profundizar en la cooperación entre ambas partes en "una amplia gama de ámbitos, como las relaciones con los clientes, la seguridad económica, la inteligencia artificial y los asuntos digitales, entre otros".
El portavoz de comercio, que ha recordado que la UE ya cumplió su parte del acuerdo con la entrada en vigor el pasado 1 de julio de los compromisos arancelarios que Von der Leyen adquirió ante Trump, ha señalado, no obstante, que espera que el republicano "siga respetando" el acuerdo firmado, en relación a la excusa de los trabajos forzosos.
La polémica de los trabajos forzosos
La orden firmada este jueves por Trump se sustenta en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que le habilita para aprobar aranceles contra aquellos países que hayan cometido prácticas "discriminatorias", como no combatir los trabajos forzosos. Así, Estados Unidos ha fijado un arancel del 10% para aquellos países que tengan leyes "adecuadas" contra la explotación, mientras que el tipo sube al 12,5% para los que tienen normas "insuficientes".
Que Trump haya recurrido a la Ley de Comercio responde al hecho de que no cuenta con el respaldo del Congreso para la aprobación de aranceles. Fue uno de los puntos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le recriminó en enero, cuando anuló los aranceles recíprocos que el mandatario puso en marcha en 2025 cuando desató una guerra comercial sin precedentes. El Tribunal señaló que el presidente no había contado con el aval imprescindible del Parlamento, además de censurar que su política comercial no contaba con el andamiaje legal pertinente.
El presidente estadounidense decidió entonces aprobar un arancel genérico del 10%, que expiraba este viernes para esquivar el vacío legal; por eso los nuevos aprobados este jueves bajo la polémica excusa de que la UE, Japón y Canadá, entre otros países, no luchan lo suficiente contra los trabajos forzosos.
Reino Unido, por su parte, ha señalado también este viernes que los nuevos aranceles no tienen un impacto "negativo" en las empresas del país. Los británicos también deben asumir una tasa del 10%, la misma que ya tenían, y, en su caso, Estados Unidos ha mantenido los acuerdos vigentes específicos para el whisky y para los productos farmacéuticos.
"Para la mayoría de las empresas que exportan bienes a EE. UU. todo seguirá igual", ha señalado William Bain, jefe de Política Comercial de la Cámara de Comercio Británica, si bien ha reconocido que el hecho de que la UE y otros países hayan obtenido acuerdos "más favorables" en otros sectores puede poner en situación de desventaja a las firmas inglesas, informa Reuters.
