El Supremo abre la puerta a llevar a la justicia europea el proceso extraordinario de regularización de migrantes
- Plantea llevar la medida al TJUE tras recursos de dos comunidades por si entra en conflicto con el derecho comunitario
- Feijóo carga contra el Gobierno por "hacer cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo"
El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
Así lo acuerda el alto tribunal en dos providencias que ha dictado en la tramitación de los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón contra determinados aspectos del real decreto del pasado 14 de abril. Lo hace precisamente el día en el que termina el plazo para solicitar la regularización, y cuando el tema ha entrado de lleno en la arena política.
En dichas resoluciones el Supremo da traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE". Estas providencias han sido dictadas por el tribunal antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.
El Supremo pide a las partes que manifiesten su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE "de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros".
El tribunal explica que en virtud del real decreto "un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta".
El Gobierno recuerda que el Supremo rechazó paralizar la regularización
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recuerdan que el alto tribunal desestimó en mayo paralizar cautelarmente la regularización, tal y como pidió la Comunidad de Madrid, y el procedimiento "ha seguido desarrollándose con total normalidad".
Fuentes de la cartera que dirige Elma Saiz recalcan que el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio y están trabajando junto a la Abogacía del Estado para aclarar las cuestiones planteadas.
Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva esta cuestión prejudicial al TJUE, aclaran. Incluso si llegara a elevarse a esta corte con sede en Luxemburgo, esto solo significa que el tribunal entraría a "resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión".
El Ministerio traslada a los solicitantes un "mensaje de tranquilidad": "La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario". No obstante, recuerdan que "la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español".
Feijóo y Vox creen que el Supremo lanza un aviso a Sánchez
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha destacado que el Supremo le está diciendo que ese proceso "puede ir en contra del derecho europeo". A su entender, el Gobierno español "hace cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo" y "contra el sentido común".
En una entrevista en la '7TV' de Murcia, Feijóo ha asegurado que Sánchez lo que está haciendo es regularizar "a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en España en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno".
También ha insistido, como hizo el lunes, en que el Gobierno está llevando a cabo "ingeniería electoral" tanto con la regularización como con la ley de nietos, que amplía la nacionalidad española a descendientes de exiliados en la Guerra Civil y el franquismo.
Vox también se ha pronunciado sobre el escrito del Supremo. El secretario general del grupo en el Congreso, José María Figaredo, ha advertido de que la regularización "es un problema que concierne a toda Europa" y ha asegurado que "muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo".
"La propia Comisión y organismos de la Unión, que no son precisamente simpatizantes de Vox, han manifestado su sorpresa. Piensen ustedes que todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea", ha señalado este martes.
En realidad, la Comisión Europea no ha dicho nunca que la regularización choque contra la normativa europea. El Ejecutivo comunitario explica que el Pacto de Migración y Asilo no regula este tipo de medidas y que son decisiones de cada país, aunque no pueden que no afecten a otros.
Díaz asegura que no le preocupa "en absoluto" la decisión del Supremo
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que no le preocupa "en absoluto" que el Supremo pueda paralizar la regularización. "No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país", ha afirmado, para pedir que "trabajen con serenidad y con un trabajo, como hacen, decente, todos los días", ha subrayado.
Díaz ha defendido que el proceso de regularización de las personas migrantes es "la mejor y la más positiva noticia en muchos años, por humanidad" y "por dignidad".
Además, preguntada por las declaraciones de Feijóo sobre la ley de nietos, Díaz ha lamentado que estas afirmaciones lo colocan "en las tesis trumpistas" y le ha pedido una rectificación "inmediata". "Lo digo respecto de un señor Feijóo en el que en Galicia votaban los vivos y los muertos y en la que el voto del exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Xunta. (...) Quizás el subconsciente le traicionó y por eso hizo las declaraciones que hizo", ha señalado.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la norma europea sobre la que se pregunta el Supremo "ha sido, en gran medida, de gran parte del racismo institucional" que se vive en España. "Por eso la hemos combatido por activa y por pasiva, tanto en este Congreso como a nivel europeo".
Además, ha exigido al Gobierno que amplíe el plazo de solicitud de regularización de migrantes. "Que amplíen el plazo y dejen de intentar cazar a la gente como están haciendo con los vuelos colectivos de deportación", ha criticado en rueda de prensa en el Congreso.
