Termina el plazo de una regularización histórica: "Me duele que mi hijo se quede fuera"
- Este martes termina el plazo para tramitar la regularización masiva y el número de solicitudes ronda los 1,2 millones
- RTVE Noticias recoge el testimonio de las familias y personas que vuelcan todas sus esperanzas de futuro en este proceso
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Este martes concluye el plazo definitivo para presentar las solicitudes del proceso extraordinario de regularización de migrantes, una campaña que comenzó el pasado 15 de abril y que ha desbordado por completo las previsiones del Ejecutivo. El objetivo era aflorar el empleo sumergido y dotar de derechos laborales y residenciales a las personas extranjeras en situación administrativa irregular.
Cuando se anunció la medida, el Gobierno estimaba que beneficiaría a medio millón de personas. Las solicitudes han desbordado todas las previsiones: ya se han registrado cerca de 1,2 millones de peticiones a través de la plataforma Mercurio —el sistema informático del Ministerio de Política Territorial donde se centralizan los expedientes—, según un informe entregado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esta cifra ha sido confirmada este lunes por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que además ha advertido de que el mayor reto de este proceso comienza ahora, destacando que las estimaciones de los profesionales policiales fueron mucho más acertadas que las previsiones iniciales del Gobierno.
Desde el cierre de las ventanillas, este martes a las 23:59, la Administración se enfrenta al mayor reto: dispone de un plazo legal de tres meses para resolver cada expediente, uno a uno. Se abre así un periodo de 90 días y 90 noches de nervios e incertidumbre para los que ansían regularizar su situación. No todos los postulantes han tenido las mismas oportunidades para presentar a tiempo y en forma todos los requisitos necesarios para este proceso. El colapso en las oficinas de los servicios sociales y en las ONG, o los problemas burocráticos en algunos países de origen podrían dejar fuera a muchas personas, los más vulnerables, aquellos que pueden volver a los márgenes.
Los que han presentado su solicitud lo han hecho en una carrera contrarreloj marcada por un estricto filtro temporal: demostrar documentalmente que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y que acumulan al menos cinco meses consecutivos de estancia en el país. En este camino, sirve el empadronamiento municipal o la simple disposición de una dirección fija. Esta exigencia ha dejado desamparados a los perfiles más desfavorecidos, como las personas en situación de calle o aquellas que chocan con la negativa de los arrendadores a empadronarlos. Esto ha provocado un colapso de las oficinas de servicios sociales y en las ONG, completamente taponadas por la avalancha de personas que necesitaban tramitar sus informes de vulnerabilidad obligatorios. Otro escollo más complejo y dilatado en el tiempo ha sido la obtención del certificado de antecedentes penales en los consulados de los países de origen, un trámite lastrado por la falta de citas y la lentitud burocrática exterior que ha dejado a miles de personas en vilo.
"Me duele que mi hijo se quede fuera"
Nini, de 36 años, y Juan, de 39, reciben a RTVE Noticias en su casa. En una quinta planta de un edificio de Aluche, en Madrid, los cinco miembros de la familia se sientan apretados alrededor de la mesa de una cocina pequeña que se abre hacia un salón donde destaca un sofá naranja. Todo está escrupulosamente recogido. Antes de llegar a este piso, su vida transcurría en La Argentina, un pueblo del departamento del Huila, en Colombia, una "zona roja" donde la presencia de la guerrilla y la inseguridad constante terminaron por expulsarlos.
"Uno ya miraba que allí no se iba a salir adelante; lo que trabajaba mi marido con su camioneta escasamente alcanzaba para la comida", recuerda Nini. El viaje a España fue un proceso doloroso: primero les robaron los ahorros destinados al viaje y las citas consulares para los pasaportes se cotizaban a precios prohibitivos. Juan logró emigrar primero en abril de 2023 con un visado de turismo; seis meses después llegó Nini con su hija menor, al año el segundo hijo y, finalmente, el mayor.
El inicio en Madrid fue un choque entre expectativa y realidad. "Es como volver a nacer. Veníamos de un pueblo a esta ciudad, ni móvil sabía uno manejar", evoca Nini. Juan llegó con las manos cruzadas y se enfrentó a la crudeza de la falta de ingresos: su primer sueldo se retrasó dos meses y pasó quince días subsistiendo con solo diez euros, teniendo que acudir a comedores sociales al salir de su jornada laboral para poder comer. Encontrar una vivienda con menores de edad fue el siguiente muro. Alquilaron una habitación por 450 euros en este piso del que el resto de los inquilinos ya se ha marchado debido a una orden de desahucio. Por suerte, la mediación de una trabajadora social ha logrado paralizar el desalojo temporalmente a la espera de juicio.
Familia procedente de Colombia que ha solicitado la regularización que ha sido entrevistada por RTVE Noticias MARÍA NAVARRO SOROLLA
Pese a la extrema inestabilidad, Juan no ha parado de trabajar un solo día desde que pisó este país, encadenando jornadas de limpieza, recogida de basuras y cuidado de ancianos desde las seis y media de la mañana hasta las 22:00 de la noche.
"Nos han mal pagado y sin derechos; no los podemos reclamar al estar sin papeles", explica. Su regularización no ha dependido de este proceso extraordinario, sino de una batalla previa por el arraigo laboral que estuvo a punto de irse al garete cuando su anterior jefe lo despidió siete días antes de la resolución para tumbar el expediente. La intervención de su abogada mediante una demanda judicial salvó el trámite. En estos momentos, Juan trabaja en el servicio de mantenimiento de un hospital en Moncloa, aunque sigue esperando la respuesta definitiva de Extranjería.
La convocatoria de la regularización extraordinaria supuso un alivio inmenso para la educación de los menores. La pequeña de cinco años solo piensa en el futuro y asegura que de mayor quiere ser profesora, como su profe Marina. El hijo de 16 años necesita la documentación para poder acceder a las prácticas obligatorias de su Formación Profesional. Sin embargo, la rigidez de la norma ha impuesto una fractura interna en el hogar: el hijo mayor, de 17 años, se ha quedado fuera de la regularización masiva por haber llegado a España en febrero de 2026, apenas unas semanas después de la fecha de corte obligatoria del 1 de enero. "Me duele que mi hijo se quede fuera", denuncia Nini, que le pesa sobre todo por su salud y educación. Para sortear la exclusión del mayor, la familia intentará solicitar una residencia por razones humanitarias, valiéndose de un informe oftalmológico del Centro de Salud que acredita que el joven necesita una operación quirúrgica urgente.
Manos unidas de la familia procedente de Colombia que ha solicitado la regularización y ha sido entrevistada por RTVE Noticias MARÍA NAVARRO SOROLLA
Hamid, en situación de calle
Hamid tiene 38 años, viste un polo de color crema con finas líneas oscuras y lleva una gorra de béisbol azul marino con unas gafas de sol oscuras sujetas a la visera.
Nadie diría que lleva más de cinco meses durmiendo al raso en la zona de Méndez Álvaro, en Madrid, esquivando los dispositivos de limpieza forzada de la Policía Municipal que a menudo le obligan a levantar su lecho improvisado. De su espalda nunca se separa una mochila que esconde su mayor tesoro: una carpeta azul cargada con más de cien hojas de documentación. "¡Son más de cien hojas!", bromea señalando el fajo.
Hamid es un profesional de la madera y las reformas que aprendió el oficio de carpintero desde niño en su Tánger natal. Su periplo migratorio comenzó en 2015, cuando salió de Marruecos hacia Italia escondido en un camión de carga. Aquella primera parada europea se convirtió en un constante desamparo administrativo bajo la constante amenaza del “Fuori di Via”, las órdenes de expulsión del país en plazos de 10 a 30 días. Llegó a acumular 30.000 euros en multas por el simple hecho de carecer de documentación.
Tras pasar por Francia, Bélgica y Alemania, en noviembre de 2021 decidió instalarse en España. Aquí nació su hija, que ahora tiene tres años y vive en Talavera de la Reina con su expareja, de la que está separado. Al hablar de ella, Hamid saca su teléfono móvil para enseñar su fotografía y, de inmediato, muestra con orgullo las imágenes de los techos de madera, chalés y reformas de diseño que es capaz de levantar con sus manos.
Cuando las noticias sobre el proceso extraordinario de regularización llegaron a la calle, Hamid sintió una felicidad inmensa. Lo define como un auténtico jabar, la palabra árabe para describir una noticia. Desde ese momento inició una carrera desesperada por las oficinas públicas para reunir todos los requisitos exigidos por la ley. Logró tramitar a tiempo el informe de vulnerabilidad social y consiguió que la embajada marroquí le expidiera el certificado de antecedentes penales debidamente traducido, un documento que tardó más de un mes en conseguir. Sin embargo, su principal problema ha sido la falta de un padrón municipal y sobre todo tener una dirección fija para registrar la solicitud.
Hamid, un joven de 38 años en situación de calle, cuenta a RTVE Noticias su periplo para solicitar la regularización MARÍA NAVARRO SOROLLA
El caso de Hamid ilustra la paradoja de exclusión que sufren las personas en situación de calle dentro de este proceso. Al no tener papeles, Hamid solo accede a trabajos puntuales y precarios de montaje de muebles o reformas en el mercado negro; al cobrar en negro, nadie le alquila una habitación, y lo poco que gana lo divide estrictamente entre el sustento de su hija y su propia comida. En su intento por conseguir este registro a través de vías sociales, Hamid reporta haber enfrentado trabas burocráticas, dificultades extremas para conseguir una cita porque "nadie coge el teléfono" e incluso situaciones de burla y falta de empatía en algunas de las entidades donde acudió a pedir auxilio. Se siente completamente desbordado por un sistema que le exige una dirección legal para dejar de ser invisible, pero que no le ofrece alternativas habitacionales para conseguirla. A pesar de encontrarse en este callejón sin salida y carecer del padrón, Hamid ha decidido arriesgarse y tramitar su solicitud en el último suspiro del plazo para ver si la suerte se pone de su lado.
Validar certificados en una isla colapsada
Yaimara, una profesional cubana de 43 años, y su esposo, economista de 50 años, decidieron abandonar Cuba junto a su hijo pequeño en plena pandemia de COVID-19 debido a la insostenible crisis económica de la isla. Desde un principio descartaron la compleja ruta hacia Estados Unidos y optaron por un periplo europeo poco convencional que comenzó en Montenegro, país que no les exigía visado. Desde allí se trasladaron a Serbia para solicitar un visado Schengen alegando un viaje turístico a Francia y, tras una breve estancia en territorio francés, la familia logró ingresar finalmente a España en marzo de 2023 con la esperanza de empezar una nueva vida.
El inicio en suelo español fue difícil, ya que llegaron sin contratos ni papeles, resumiendo "sus vidas en apenas dos maletas" y dependiendo temporalmente de la acogida de una amiga. De inmediato iniciaron un complejo proceso de asilo político, enfrentándose al colapso del sistema para conseguir citas, lo que eventualmente les permitió obtener la "tarjeta roja" que les autoriza a residir y trabajar legalmente, aunque les prohíbe salir del país. A la par, y bajo recomendación legal, lograron avanzar con éxito en un trámite de regularización extraordinaria, superando una auténtica odisea burocrática y de corrupción en Cuba para poder conseguir y validar sus documentos esenciales.
En marzo de 2024, tras obtener sus permisos de trabajo, la familia dio un giro radical al mudarse a un entorno rural para emprender gestionando el bar en Zapardiel, un pequeño pueblo en la provincia de Ávila. Esta decisión fue clave para conciliar el empleo con la crianza de su hijo al ofrecerles una vivienda integrada, algo crucial al no contar con una red familiar de apoyo en el país. Aunque la vida en esta localidad —que apenas cuenta con unos 30 habitantes en invierno— implica un trabajo sumamente sacrificado, tras dos años establecidos allí, Yaimara se siente feliz, adaptada y profundamente agradecida por la tranquilidad y estabilidad que ha logrado consolidar para el futuro de su hijo. "Ojalá nos acepten la solicitud con la documentación que hemos presentado porque no nos ha dado tiempo de hacer la legalización de los papeles bien", dice y suspira. Este procedimiento ha tenido que flexibilizarse para evitar una exclusión masiva. La ley permite registrar la solicitud sin este documento fundamental, siempre y cuando se demuestre con un justificante que ya ha sido solicitado formalmente. Esta salvedad abre un plazo de gracia de tres meses para que el certificado sea aportado por el interesado o reclamado por el Gobierno de España a través de la vía diplomática.
Jason, la irregularidad que bloquea el futuro
Jason y su pareja representan la realidad del éxodo venezolano que, antes de pisar España, ya acumula las cicatrices de otros desterramientos. Probaron suerte primero en Colombia y luego en Ecuador durante seis meses, pero las restricciones de la pandemia estrangularon los negocios y destruyeron el empleo que habían conseguido. Su salida definitiva hacia Europa tuvo que ser clandestina. "Yo me fui escondido", confiesa, marcado por el temor de su pareja a revivir la inestabilidad y el desamparo de sus anteriores paradas migratorias. Iniciaron el trámite de regularización extraordinaria en mayo, prácticamente cuando comenzó el procedimiento, pero el alivio inicial se ha transformado en escepticismo ante las barreras burocráticas y los giros de la política comunitaria.
Jason, venezolano que reside en España y ha solicitado la regularización, tras su entrevista con RTVE Noticias MARÍA NAVARRO SOROLLA
En su caso también el empadronamiento se convirtió de inmediato en su mayor pesadilla administrativa. "Fue mi peor obstáculo; de verdad puedo decir hasta ahora que necesitaba el padrón como tal", relata Jason. Sin ese registro local tampoco tienen acceso a la sanidad. "En el centro de salud nos piden el padrón", dice. Además, lo más importante para ellos es poder acceder a un trabajo digno. Las empresas se echan atrás al comprobar que carece de documentación válida. "Ellos no van a cubrir el seguro de alguien que no está en la Seguridad Social; para el empleador es un riesgo y un cargo económico que perciben como el doble de lo que cuesta una persona legal", detalla.
Jason admite que sentía mucha más seguridad en el programa de protección internacional que tramitaba previamente, al percibir el asilo como un marco legal más estable frente a la volatilidad de este decreto extraordinario. Los análisis de su entorno apuntan a que la comunidad europea ha determinado que España debe limitar la concesión de protección internacional a los ciudadanos venezolanos debido al actual contexto político, una decisión que ha empujado a miles de ellos a depender obligatoriamente de estos mecanismos exprés para no caer en la exclusión absoluta. Existe un temor constante a que las reglas del juego vuelvan a cambiar repentinamente, resumido en una advertencia. "No se sabe qué dicen mañana; mira, ya no vamos a regularizar más, y los que quedaron en trámite, ahí quedaron". Pese a la desconfianza hacia la estabilidad de la norma, la pareja se aferra a la esperanza de que por fin, acceder a un empleo formal y dejar atrás la irregularidad que bloquea su futuro.
Karlis, venezolana que reside en España y ha solicitado la regularización, tras su entrevista con RTVE Noticias MARÍA NAVARRO SOROLLA
La regularización parte de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) gestada en 2024 que logró recabar más de 700.000 firmas ciudadanas y que, en su origen, aglutinó un consenso transversal inédito entre organizaciones humanitarias, sindicatos, el tejido empresarial y la propia Iglesia católica a través de Cáritas.
El encaje político, sin embargo, se ha fracturado durante la tramitación del decreto regulador, que se fraguó tras un acuerdo entre los socios de Gobierno y Podemos. Aunque el Partido Popular anunció inicialmente su apoyo a la tramitación de la ILP, tras la aprobación del decreto definitivo se ha desmarcado de la medida, alineando sus críticas con los postulados de la ultraderecha de Vox.
