El Supremo estudia si paraliza la regularización extraordinaria de migrantes de forma cautelar
- El Alto Tribunal celebra varias vistas para evaluar los recursos planteados por la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír
- El Gobierno comunica que ha recibido 549.596 solicitudes para la regularización y han sido admitidas a trámite 91.505
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El Tribunal Supremo estudia este viernes varias peticiones, entre ellas de la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír, que buscan paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que entró en vigor el pasado 16 de abril y por la que hasta ahora se han recibido casi 550.000 solicitudes, de las que han sido admitidas a trámite más de 91.000.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal está celebrando de forma sucesiva cinco vistas, una por cada recurrente: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
En esas audiencias, en las que el Supremo estudia si acepta o no una suspensión cautelar de la medida, están defendiendo sus posturas tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado en representación del Gobierno. Según esta, paralizar la iniciativa tendría una "afectación directa" sobre "los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". Así lo especificó en un escrito remitido hace unos días al tribunal.
En una de las vistas de este viernes, el abogado del Estado ha informado de que el Ejecutivo ha recibido, hasta el 21 de mayo, 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria, y que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.
El Supremo ya rechazó el pasado 16 de abril una medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no considerar acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.
El Gobierno de Pedro Sánchez estimó al aprobar la medida que de esta se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular y que ya viven en el país, con el objetivo de darles permiso de residencia y trabajo.
En las primeras dos semanas de vigencia del Real Decreto , se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.
Los recursos
La Comunidad de Madrid alega que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos sin que se articulen mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa europea y afectar a la seguridad. Asimismo, Vox cree que derivará en el colapso del sistema y generará más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles. Según su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, "lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y "un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".
La Abogacía del Estado niega el riesgo de colapso. Asevera que las autorizaciones de residencia no tendrán impacto en los servicios públicos porque los beneficiarios de la medida -quienes ya viven en España desde antes del 1 de enero de 2026- ya son usuarios de los mismos.
El Ejecutivo apela a que la regularización permitirá el acceso de los beneficiarios al "pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", entre ellos al trabajo, que contribuirá no solo a su integración, sino además al incremento de las cotizaciones sociales por su incorporación al mercado laboral.
Por su parte, Hazte Oír solicita la suspensión, entre otros motivos, al considerar que el Gobierno carece de base legal para una regularización general y que los efectos de la misma serían "irreversibles" y no podrían ser reparados con una posterior sentencia favorable.
Fuentes de esa asociación han señalado que la vista para estudiar sus medidas cautelares ha sido con la que se ha dado inicio este viernes a las cinco audiencias previstas por el caso. Según han añadido, ha sido "breve". "Hemos incidido el peligro que implica la no suspensión en tanto en cuanto de no acordarse el reconocimiento posterior del fondo del recurso perdería sentido", ha agregado.
Baleares se suma y recurre la regularización
Este viernes, el Govern balear, encabezado por la popular Marga Prohens, ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra la regularización y solicita su suspensión cautelar. El portavoz, Antoni Costa, ha señalado en una rueda de prensa que la medida aprobada por el Ejecutivo central puede tener efectos inmediatos sobre los servicios públicos esenciales de las islas, en un contexto de elevada presión migratoria.
Costa ha remarcado que la “responsabilidad” y la "obligación" del Ejecutivo regional es interponer el recurso y que “se pronuncien las instancias judiciales”.
