La obligación de empadronarse para el abono de transporte en Madrid eleva la bronca política entre Ayuso y la izquierda
- Izquierda Unida pedirá la suspensión cautelar de la medida
- "El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice", dice Ayuso
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La decisión de la Comunidad de Madrid de condicionar la expedición del abono de transporte público a quienes estén empadronados en la región, entrada en vigor este lunes, ha generado revuelo político entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición, por las repercusiones que tiene en sectores como inmigrantes aún sin regularizar, trabajadores temporales o estudiantes. Mientras el PSOE considera la medida "racista y excluyente", Más Madrid la tilda de "prioridad nacional de tapadillo" e Izquierda Unida pedirá su suspensión cautelar.
Esta situación se da en medio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno Central -muy criticado por el Ejecutivo madrileño-, en el que los extranjeros pueden usar el título de transporte para demostrar su arraigo.
En una publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes Público Regular dictó que desde el 15 de junio la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal), tanto nuevas como duplicadas, quedará supeditada a la acreditación de la condición de residente en un municipio de la región o en alguno de los que integran las zonas tarifarias E1 y E2 -puntos de Castilla-La Mancha-, así como en aquellos previstos en el convenio suscrito con esa comunidad autónoma.
Excepciones hay también con localidades incluidas en acuerdos con Castilla y León. "La condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en vigor en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios señalados", expresa el boletín.
La TTP es intransferible –en ella están impresos el nombre, la fotografía y un número de identificación del titular– y permite realizar -con una tarifa fija- un número ilimitado de viajes dentro de su ámbito de validez geográfico y temporal, en múltiples modos de transporte. Quien no pueda obtener ese abono, las alternativas más comunes y no nominativas son comprar el billete de diez viajes o el sencillo, aunque por un precio muy superior en comparación al abono mensual.
Ayuso defiende la medida por el gasto que conlleva al contribuyente
En un acto este lunes, Ayuso explicó que lo que se está haciendo es aplicar la ley que desde 2011 "dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños", a excepción de los usuarios de provincias limítrofes con las que hay convenio. Y añadió con rotundidad que esto "responde a otra realidad", que es que "el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice".
"Además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo, y las nóminas de los trabajadores y el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlos", sentenció, para adelantar, ya en medio de la polémica, que se promoverán acuerdos con otras regiones para que, por ejemplo, los universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva.
Fuentes de la Consejería de Transportes citadas por la Agencia EFE aseguran que esta medida "no introduce ninguna novedad", sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes, cuya puesta en marcha se ha pospuesto, dicen, por cuestiones como las limitaciones tecnológicas, la implantación progresiva del sistema o el impacto que tuvo la pandemia.
Y consideran que el impacto será "reducido": afecta a un 3,4 % de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo, ya que quienes ya tienen el abono lo mantendrán en las condiciones actuales.
El PP nacional apoya a Ayuso
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha mostrado este martes sorpresa por la polémica, ya que ha dicho que se aplica también en otras regiones. Y ha puesto el ejemplo de Guipúzcoa, de donde es él.
"Igual que se hace en Guipúzcoa entiendo que se haga en Madrid. Lo que es inaceptable es que esto dependa del color de piel, es inconstitucional, o de orientación sexual, religión y no lo aceptaremos nunca", ha indicado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.
Esther Muñoz, portavoz popular en el Congreso, ha dicho que respeta la decisión del Ejecutivo de Ayuso y lo ha comparado con la tarjeta de aparcamiento para residentes: "Yo estoy empadronada en mi circunscripción, en León, y aquí no me dan una tarjeta para aparcar como residente porque no estoy empadronada. (...) En León, que está gobernada por los socialistas, también ocurre. Sin estar empadronado no te dan la tarjeta de residente para poder aparcar y por lo tanto es un ejemplo bastante análogo a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid".
El Gobierno acusa a Ayuso de hacer de Madrid la casa de "sus amigos ricos"
Consultada por la cuestión en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha aseverado que "restringir el transporte público a estudiantes, a trabajadores, a familias habla bien de cuál es la manera de gobernar de la señora Ayuso".
"Se refería a Madrid como la casa de todos. Yo añadiría, y a las pruebas me remito con sus medidas, que es la casa de todos sus amigos ricos", ha expresado.
La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que el Ejecutivo central acaba de poner en marcha un plan de transporte joven precisamente "para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a la movilidad, que también indudablemente contribuye a la lucha contra el cambio climático, el fortalecer el transporte público".
"Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, salir al rescate permanente para proteger a la ciudadanía frente a medidas injustas que ponen en marcha, en este caso, gobiernos autonómicos como es el de la Comunidad de Madrid", ha agregado.
Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, es una "medida regresiva" que desincentiva el uso del transporte público y supone un "reconocimiento" de que el Gobierno de la Comunidad es "incapaz de dimensionar el servicio suficientemente".
Ya el pasado viernes, el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, opinó que desde el Gobierno de Ayuso "solo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables".
"En cuanto el papa ha dejado Madrid, han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente", recalcó en su cuenta de X, en la que exigió una rectificación.
Sumar ve la medida como una "competición racista con la ultraderecha"
Desde las filas de Sumar, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha calificado esta mañana de "nueva ocurrencia" que Ayuso impida la posibilidad de acceder de manera más económica al transporte público: "que muestra a las claras, tanto su competición racista con la ultraderecha como su necesidad de generar nuevos escándalos mediáticos, para intentar evitar que se hable de la corrupción de su entorno".
En clara alusión a los pactos que el PP está haciendo con VOX en diversas comunidades autónomas, Manuela Bergerot, portavoz de Mas Madrid en la Asamblea regional, señaló en X que las nuevas limitaciones en la tarjeta de transporte se trata de una "prioridad nacional de tapadillo".
"Ayuso no necesita a Vox para complicarle la vida a la gente y quitar derechos con trabas burocráticas. El abono de transportes nos hace madrileños desde el primer día y así debe seguir siendo", remarcó.
Izquierda Unida ha adelantado en X acciones contra esta "medida racista" pensada para "generar titulares". Por lo que solicitará la suspensión cautelar de la exigencia del padrón para acceder a la tarjeta.
Renfe rechaza las nuevas medidas
Renfe ha emitido un comunicado en el que la empresa pública considera que la medida del Ejecutivo madrileño es "un error" porque introduce "diferencias entre ciudadanos" en el acceso al transporte público, ya que la política de movilidad "debe centrarse en un objetivo claro: reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento".
También critica que la decisión se ha adoptado "sin información ni consulta previa", al margen de los mecanismos de coordinación institucional. Es por ello que solicitará "de manera inmediata" la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento para analizar sus consecuencias.
