Las autonomías respaldan entre críticas el Plan de Vivienda del Gobierno hasta 2030 por valor de 7.000 millones
- Los consejeros del PP amenazan con "futuros recursos judiciales"
- La ministra asegura que hay "garantías" para que los fondos estén disponibles "antes de acabar el año"
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Gobierno y comunidades autónomas han logrado hoy ponerse de acuerdo para echar a andar el Plan de Vivienda para 2026-2030. Sin que hayan faltado las críticas, los consejeros de las autonomías del PP han dado su visto bueno al reparto de 7.000 millones presupuestados para que el parque público de vivienda "sean una realidad".
Ha habido unanimidad, aunque los populares advierten de su insatisfacción. "Aceptamos, pero con mucha crítica. Se ha hecho a espaldas de las CC.AA.", ha alegado el Consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, que no descarta "futuros recursos judiciales".
"Han sido muchos meses de trabajo y diálogo", ha destacado la Ministra de Vivienda, Raquel Rodríguez, que ha señalado que este plan ha contado con la participación de las administraciones públicas, la sociedad y los agentes del sector. Las entidades sociales han aportado hasta 400 propuestas.
Castilla y León se ha sumado a estas críticas. El consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez, quien se ha mostrado "disconforme porque nos han tratado de forma desconsiderada" y ha lamentado que "no hemos participado" en la elaboración de un plan que llega "con retraso". A su juicio, se trata de un plan "ideológico".
El responsable en la materia de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha tildado de "farsa" un plan que "llega tarde sin consenso" y se ha impuesto "a golpe de decreto". Su homólogo en Baleares ha asegurado que "aceptan por responsabilidad". La representante andaluza, Rocío Díaz, ha lamentado que "Andalucía tendrá que multiplicar por seis su aportación".
La consellera de Vivienda de Galicia, María Martínez Allegue, lamenta "que sea propaganda" y la ausencia de "consenso" en el acuerdo. También denuncia una "confinanciación impuesta del 40%" que obliga a Galicia "a multiplicar los fondos por cinco". Según Allegue, estas ayudas "alcanzan para 600 viviendas al año" aunque ha admitido que acatarán este plan "porque lo necesitamos". El reparto se cerrará de manera bilateral con cada región.
Liberar los fondos "en el segundo sementre"
En la comparecencia previa ante los medios, Raquel Rodríguez ha destacado que espera "unanimidad" y que el objetivo, una vez alcanzado el acuerdo, pasa por liberar los fondos a partir del segundo semestre. "Lanzamos un mensaje a las administraciones de distinto color político", ha defendido Rodríguez, "para conseguirlo". Ha añadido que se han introducido "garantías" para que los fondos estén disponibles "antes de acabar el año".
El Plan Estatal reserva un 40% para la construcción de vivienda protegida y un 30% a la rehabilitación del parque existente con ayudas específicas. El otro 30% se destinará a ayudas para la emancipación juvenil, aliviar el esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista y las comunidades autónomas, el 40%.
Para acceder a estos fondos, las autonomías deberán cumplir con unos requisitos. Las viviendas públicas quedan blindadas de manera permanente. Además, se obligará a compartir datos reales de las fianzas y se establecerán medidas para asignar los recursos y evitar casos como las adjudicaciones de VPO en Alicante.
La previsión es que Andalucía sea la región que más dinero recibirá, hasta 1.197 millones; Madrid, 1.113 millones y Cataluña, 1.015 millones. Le siguen Castilla y León, con 378 millones y Canarias, 371. Galicia ingresará 399 millones y Castilla-La Mancha, 280 millones. La Comunidad Valencia percibirá 798 millones; Aragón, 266 millones y las Islas Baleares, 168 millones. La dotación para Asturias es de 231 millones, mientras que la de Murcia es de 208 millones.
