La crisis del hantavirus desata una nueva bronca política
- Feijóo arremete contra Sánchez por la gestión de la llegada del crucero Hondius a Tenerife
- El llamado caso mascarillas se convierte en un batiburrillo y Ábalos lo niega todo
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Con el brote de hantavirus como punto de partida, el enfrentamiento del Gobierno de Canarias con el Ejecutivo central iba camino de apaciguarse mientras, en paralelo, PP y VOX se lanzaban contra el presidente Sánchez.
Broncas políticas que casi dejan en segundo plano la situación de los enfermos afectados por el virus y el resto de pasajeros que continúan en el buque.
Quién debía informar a quién, qué responsables tenían que participar o no en las reuniones, si era adecuado o no que el barco atracara o fondeara en Canarias, entre otras cuestiones, ocupan los titulares.
Primero era el presidente canario quien mostraba sentirse ninguneado. Según fuentes próximas al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo reivindicaba que era de responsabilidad de él, como presidente autonómico, ocuparse y preocuparse de los canarios. A lo que el presidente del Gobierno respondía, según las mismas fuentes, que su trabajo es también preocuparse por los canarios, como por los demás españoles, incluidos los 14 embarcados en el crucero. Conversaciones mantenidas por mensajes, cosa que tampoco parecía suficiente para Clavijo, que hubiera preferido una charla telefónica con Sánchez desde el primer momento, charla que finalmente se produjo.
El Gobierno central argumenta que sus decisiones están siguiendo los pasos marcados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es lo correcto, a decir de los expertos. Pero tal vez hubo una tardanza excesiva en informar adecuadamente y hacer partícipe de todo el proceso al Gobierno canario.
Y cuando ese frente se estaba cerrando, Feijóo y Abascal se lanzaban contra Sánchez a tumba abierta.
El presidente del PP se quejaba de no haber sido informado por el Gobierno de cómo evolucionaba la situación. Pedía lealtad institucional y que informaran a las comunidades autónomas. Según fuentes de Moncloa, la actitud del PP es trumpista e irresponsable. Recuerdan, además, que los ministros de Sanidad y de Política Territorial han estado en contacto con los gobiernos autonómicos.
Y el líder de VOX daba dos pasos más allá, sugiriendo que Pedro Sánchez "es capaz de provocar una epidemia para tapar su ciénaga de corrupción". Sin comentarios.
Illa, actual president de la Generalitat y ministro de Sanidad durante la pandemia del covid, decía que la estrategia ahora de PP y VOX se asemeja a los ataques que el Ejecutivo sufrió de los mismos partidos durante aquel período. Que Feijóo le decepciona, aseguraba Illa, "por falta de lealtad", no solo con el Gobierno, también con los organismos científicos.
El fiscal del caso mascarillas cree que "la corrupción está carcomiendo la democracia"
El protagonista de la semana judicial ha sido, sin duda, el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera uno de los miembros del núcleo duro de Pedro Sánchez.
"He sufrido un juicio paralelo", concluía el exdirigente socialista en su última intervención ante el alto tribunal. No a todo, ese es el resumen de su defensa. Defensa atacando.
Primero se enfrentaba a la UCO intentando demostrar que su investigación estaba sesgada y que habían ido a por él al hablar de millones de euros y mordidas, cuando tan solo, según Ábalos, le han encontrado 94.000 euros sin justificar.
Su siguiente objetivo: centrarse en el empresario presuntamente corrupto Aldama, del que procede la mayor parte de la información por la que Ábalos está procesado. Informaciones falsas, según el exministro, con las que el empresario ha conseguido una importante rebaja de su pena que, incluso, le podría permitir no entrar en prisión.
Y su tercer objetivo era limpiar el nombre de su partido, el PSOE, donde tanto poder tuvo. Ábalos aseguraba que toda la actuación del Partido Socialista se rige por la ley. Nada de financiación ilegal.
Pero lo que no deja de sorprender, al menos, es que para Aldama, un señor al que la UCO considera el cerebro de una trama criminal, que defraudó a Hacienda 2,4 millones de euros, que está acusado de ser el corruptor del Ministerio de Transportes, que acusó, sin pruebas, al presidente del Gobierno de ser el número uno de esa banda criminal y que está pendiente de otro caso de fraude, el de hidrocarburos, de más de 200 millones de euros, la Fiscalía solo pida 7 años de cárcel para él. Incluso que no se cierre a reducirla más, como pide el PP, de manera que incluso pueda librarse de ir a prisión.
Desde el punto de vista de un lego, es decir, de alguien sin conocimientos especializados en la materia como me confieso, parece desequilibrada la diferencia de penas.
Que las condenas a los cargos públicos deben ser ejemplares no ofrece duda, según muchos juristas que apuestan por legislar los resquicios que permiten estos casos.
El fiscal Luzón justificaba la diferencia de penas que solicita diciendo que "la corrupción política está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas" y que "está carcomiendo nuestro sistema democrático".
Claro que sin corruptores tampoco habría corrompidos, supongo.
Las aristas políticas del caso, dentro y fuera del Supremo, son evidentes y algunas desconciertan.
Por ejemplo, escuchar y ver en un vídeo a Aldama decir abiertamente lo que deben hacer PP y VOX: "Juntaros ya, que estamos en un momento en el que la democracia en España, que España, se va a la mierda. Y yo solo no puedo. No sé cómo lo tengo que decir".
¿Qué es lo que no puede hacer solo Aldama? ¿Para qué necesita a PP y VOX juntos? De momento, preguntas sin respuesta.
Pero habría que destacar que, si alguien con el peso político que tenía Ábalos llegaba al banquillo de los acusados, es gracias a que el Estado de Derecho funciona y a que la corrupción no es un mal extendido en toda la digna e imprescindible gestión pública. Es un "quien la hace la paga". Y por eso quedó "visto para sentencia".
Más tribunales: La Fiscalía apoya el indulto para García Ortiz
No es vinculante, pero sí es un trámite imprescindible para que el Gobierno pueda decidir sobre el indulto a García Ortiz planteado por el Ministerio de Justicia y otra petición de un fiscal ya jubilado.
La teniente fiscal del Supremo se muestra a favor de la medida de gracia. Argumenta que el indulto no perjudica a terceros y que la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos ha conllevado "consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".
García Ortiz fue condenado por revelar un correo electrónico de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid y procesado por fraude a Hacienda.
El Ministerio Público propone un indulto parcial que libraría a García Ortiz de cumplir la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.
