Enlaces accesibilidad

El Parlamento Europeo pide al Gobierno prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz al menos hasta 2040

  • En un informe no vinculante pide a España que suspenda "cualquier medida" para cerrar esta y otras plantas
  • Solicita al Ejecutivo que evalúe "la viabilidad de nuevas prórrogas" de acuerdo con "las mejores prácticas internacionales"
El Parlamento Europeo pide al Gobierno prorrogar la vida útil de la central de Almaraz al menos hasta 2040
Vista de la central nuclear de Almaraz en Cáceres, Extremadura Carlos Criado / Europa Press
RTVE.es / AGENCIAS

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y que prorrogue su vida útil hasta al menos el año 2040. Además, también ha instado a Ejecutivo a que evalúe "la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales".

Así lo ha indicado el Europarlamento en un informe que ha salido adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria. En el documento, reclama al Gobierno que suspenda "cualquier medida" encaminada al cierre de esta u otras centrales en España", y pide al país "que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear", que cree que está impulsada por motivos ideológicos.

Estas recomendaciones, de carácter no vinculante, las realizan los eurodiputados que visitaron la central de Almaraz en febrero en una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha. Varios eurodiputados españoles acudieron como observadores: Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que no clausurara la central de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de los cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura.

Una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia al año 2040 y endurecer el texto, mostrando una "profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España" y el impacto en el sistema que podría tener el cierre de Almaraz.

Los eurodiputados han pedido también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España "son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente".

La presidenta extremeña señala el mensaje del Parlamento Europeo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha indicado en un comunicado remitido por el PP que "el mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro" y que "el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos".

La visita de los eurodiputados responde a la petición realizada por la plataforma ‘Sí a Almaraz’ en mayo de 2025, en la que pidió al Parlamento Europeo a conocer 'in situ' la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la central. El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

No obstante, el pasado mes de octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy (las empresas propietarias de la central) solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace.