Paulina Zamorano: la política de la memoria puede sufrir un retroceso si hay un "giro tan grande a la derecha"
- En Chile hay 1.469 desaparecidos de la dictadura de Pinochet
- El Gobierno de Gabriel Boric ha impulsado la búsqueda y las políticas de memoria, que pueden peligrar si hay un giro a la derecha
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En Chile hay identificados 1.469 desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque pueden ser más porque hay familiares que no denunciaron los hechos ante las comisiones de la verdad creadas con la democracia.
El Gobierno de Gabriel Boric ha impulsado las políticas de memoria, tanto la búsqueda de desaparecidos (hasta ahora, 306 restos han sido entregados a sus familias) como el registro de víctimas y la memorialización de espacios, una tendencia que puede peligrar si en las elecciones presidenciales del próximo domingo hay un giro a la derecha.
Paulina Zamorano Valenzuela es abogada y, desde 2023, jefa del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, encargado de aplicar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, un conjunto de acciones acordado entre instituciones, familiares y asociaciones. "Toda política de derechos humanos puede sufrir algún desmedro frente a las políticas, y sobre todo a un cambio o un giro tan grande que se pueda producir a la derecha, no solamente en Chile, lo hemos visto en la experiencia comparada. Sería un poco iluso pensar que eso no fuese pasar también acá", explica en esta entrevista con RTVE.es.
Imagen de Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos de Chile Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia de Chile
Pregunta: ¿Qué es el Plan de Búsqueda?
Respuesta: El objetivo general es esclarecer la circunstancia de desaparición y o muerte de las víctimas de desaparición forzada, de conformidad con el Derecho Internacional y las obligaciones por parte del Estado en materia de búsqueda. Este objetivo fue construido con familiares y organizaciones de derechos humanos en un proceso participativo, siempre bajo la consigna de que si los familiares habían sido los que habían liderado la búsqueda durante todos estos años, tenían también que participar en la definición de una política pública de esta naturaleza.
El órgano ejecutor es el Programa de Derechos Humanos, que revisa constantemente el nivel de cumplimiento de las acciones, pero en su implementación participan los distintos ministerios, como el de Defensa, e incluye al Poder Judicial.
P: ¿Quién se ocupa de buscar a las víctimas sobre el terreno, de las exhumaciones? ¿Es tarea del Estado?
R: Cuando hablamos de esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte, hay varias metas asociadas. Por ejemplo, obtener más información o realizar mesas de trabajo; revelación documental para buscar más información; sistematizar, etc. Y hay otros tipos de información, como la de generar hipótesis de investigación y de búsqueda, que se trabaja de manera intersectorial.
Pero por ley, quien tiene que realizar las labores de búsqueda forense propiamente es el Servicio Médico Legal, que a la vez depende del Ministerio de Justicia, al igual que el Programa de Derechos Humanos.
El Servicio Médico Legal es el que tiene la atribución de realizar el trabajo sobre el terreno en virtud de la instrucción judicial. Porque la gran mayoría de los casos se judicializan. Las investigaciones extrajudiciales son previas: se separa la información; se toman declaraciones a los testigos; se utiliza la ayuda de drones y distinta tecnología, y se presenta después la propuesta a los tribunales.
P: ¿Siempre se abre una causa judicial?
R: De todo hallazgo se abre una causa penal, si es actual a través de la Fiscalía, y si es de la dictadura, a través de los ministros en visita [jueces especiales]. No puede haber pericias forenses sin una instrucción judicial.
P: ¿Cuál es la legislación en Chile a este respecto? ¿Se pueden perseguir esos crímenes?
R: Claro, se pueden perseguir. De hecho, somos parte en 460 casos judiciales donde se investigan también las responsabilidades criminales. Por eso destacamos que este es un plan que busca verdad y justicia, porque algo muy relevante en los procesos participativos fue que no podíamos buscar si a la vez no había justicia en relación con las desapariciones.
La gran mayoría de las víctimas de desaparición forzada en Chile ya tiene una causa final o una causa en ejecución con responsables. Acá todos los procesos judiciales se investigaron por el delito de secuestro calificado. Entonces, eventualmente se podría, y ya lo hemos hecho, reabrir procesos por inhumación y exhumación en virtud no solo de la búsqueda, sino de la atribución de responsabilidad.
En Chile todavía está vigente la Ley de Amnistía, pero no se aplica desde el año 2006 en virtud de las sentencias de la Corte Interamericana, que dijo que este tipo de exclusión de responsabilidad no se ajustaba a lo que el Estado de Chile había ratificado a través de la Convención Americana y otros tratados internacionales. A partir de ahí, no se pueden utilizar ese tipo de eximentes, ni tampoco la prescripción de la acción penal.
P: ¿Cómo se llevan a cabo las identificaciones, existe un banco de ADN en Chile?
R: Lo hay, pero después de los errores de identificación en Patio 29 [fosa en el cementerio de Santiago de Chile], un panel de expertos, en el que por cierto participaron también especialistas de España, recomendó que la identificación forense la revisaran laboratorios extranjeros. El Servicio Médico Legal comenzó un trabajo de certificación de su propio proceso de identificación, así como de laboratorios. Por ello, el Servicio Médico Legal externaliza, por decirlo de alguna manera, la identificación forense.
No obstante, algunos ministros en visita se han abierto a la posibilidad de que algunas identificaciones puedan realizarse por parte del Servicio Médico Legal, sobre todo porque la identificación que se realiza en laboratorios extranjeros lleva mucho tiempo, y se podría acortar si se hiciera en Chile. Eso se está haciendo, por ejemplo, en casos como el de la Caravana de la Muerte, en donde uno de los ministros accedió a poder realizar ese tipo de identificación acá en Chile.
P: ¿Qué papel juega la búsqueda de los desaparecidos dentro de las políticas de memoria de Chile?
R: Van unidos. Uno de los objetivos del Plan es generar medidas de reparación y garantía de no repetición. Son principalmente medidas de carácter simbólico, así como de educación. Por ejemplo, construir memoriales, generar la memorialización del espacio público. Son aspectos a cargo del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, ellos elaboran los proyectos para 2025 y 2026 en materia de memoria. Todo eso está contemplado como parte de los pilares fundamentales de la búsqueda.
P: ¿El Plan de Búsqueda es una política de Estado, de consenso, que se mantenga al margen del color del Gobierno?
R: Toda política de derechos humanos puede sufrir algún desmedro frente a las políticas y sobre todo a un cambio o un giro tan grande que se pueda producir a la derecha, no solamente en Chile, lo hemos visto en la experiencia comparada. Sería un poco iluso pensar que eso no fuese pasar también acá.
Pero en relación con el Plan Nacional de Búsqueda, si bien se creó a través de un decreto presidencial, enraíza su cumplimiento en el Programa de Derechos Humanos, que fue creado por ley en 1997 como continuidad de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Es decir, el Programa de Derechos Humanos es la institución de justicia transicional en Chile, lo que le da una base firme al Plan Nacional de Búsqueda.
Además, el Plan se sustenta también en convenios internacionales, como por ejemplo la asistencia técnica del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada [de la ONU], por lo que si bien es una política pública estatal de carácter permanente, también es revisada por organismos internacionales.
P: Entonces, ¿cree usted que el Plan se mantendrá y podrá seguir su trabajo independientemente de quién gobierne?
R: Sí. También muchas de las acciones y gran parte de la búsqueda son judiciarias. Por mucho que cambie el color político del Ejecutivo, el Poder Judicial es independiente, y sigue ejecutando las acciones del Plan con la colaboración del Estado.
Si el Poder Judicial dispone una diligencia, y ordena que las instituciones participen con funcionarios y presupuestos, el Estado no se puede negar, se saltaría una orden judicial. Por eso, la estrategia ha sido comprometer a distintos poderes del Estado en la búsqueda, no solo al Ejecutivo.
