Las fosas de Argentina y Chile: otras experiencias de búsqueda de desaparecidos y memoria
- En ambos países, la búsqueda de los desparecidos está judicializada y se castiga a los responsables
- Fosas como las del Pozo de Vargas o Cerro Chena encierran la historia de la represión durante la dictadura
- Especial: 'El país de las 6.000 fosas'
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Las dictaduras y las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX en América Latina han dejado un rastro de violaciones masivas de los derechos humanos, de asesinatos y desapariciones, y también de fosas comunes similares a las de la Guerra Civil y el franquismo en España. El final de los regímenes militares y los conflictos armados vino acompañado, en la mayoría de los casos, de algún tipo de proceso de investigación y reparación, con "comisiones de la verdad" oficiales o semioficiales en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Guatemala y El Salvador.
En Argentina y Chile, estos procesos han ido acompañados de políticas públicas de memoria, como resignificación de espacios, actos públicos de homenaje y pedagogía, y de investigaciones judiciales, una vez derogadas las leyes de amnistía que protegían a los represores. La búsqueda de desaparecidos y la exhumación de sus restos ofrecen similitudes y contrastes con la situación en España.
Argentina: el desafío de madres y abuelas a la dictadura
En Argentina, la exigencia de verdad y justicia partió desde abajo, de los familiares y la sociedad civil, con el desafío a la dictadura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas durante la dictadura militar de 1976-1983 (CONADEP) no aportó un número concreto de desaparecidos, pero las estimaciones de las ONG los cifran en al menos 30.000. En 1984 se formó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para las identificaciones, y en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyo objetivo original era identificar a los niños robados por la dictadura. En 1992, el EAAF concluyó la primera identificación: un matrimonio y su hijo de ocho años asesinados el 27 de octubre de 1976.
La identificación de los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas es más fácil que la de las víctimas del caso español, ya que en este último han pasado más de 80 años: los restos están en peor estado y quedan menos familiares directos.
La memoria se convirtió en política de Estado en Argentina a partir del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007): se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que abrió el camino a los juicios por crímenes de lesa humanidad; se abrió un registro unificado de víctimas y los antiguos centros represivos, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se declararon lugares de memoria.
"Es una política estatal en la que intervienen distintos actores, que respondieron a la lucha del movimiento de derechos humanos", declara a RTVE.es Cinthia Balé, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
Además, según Balé, "los juicios funcionan como catalizadores de estos procesos de búsqueda, porque permiten afinar qué sucedió, dónde sucedió, entrar en determinado terrenos (por ejemplo, en guarniciones militares), tomar testimonios y cruzar información". "Las sentencias también funcionan como elemento de construcción de la verdad histórica —añade—. No es lo mismo que alguien lo diga a que haya una sentencia judicial que certifique que así sucedió y determine responsabilidades penales".
La judicialización de las investigaciones, tanto en Argentina como en Chile, es otra diferencia con el caso español. En España sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977, pese a que la ONU pide que no se aplique a los casos de desaparición forzada. La iniciativa del juez Baltasar Garzón en 2008 de investigar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad acabó con el juez suspendido. Por eso, en 2010 un grupo de familiares recurrió a la Justicia argentina para que se investigaran, en la llamada "querella argentina", que sigue abierta.
El Pozo de Vargas, la mayor fosa de Argentina
Muchos de los desaparecidos argentinos fueron arrojados al mar en los "vuelos de la muerte", pero otros están en fosas como la del cementerio de Avellaneda, en Buenos Aires (336 esqueletos exhumados) o en varios puntos de la provincia de Tucumán.
Tucumán, en el noroeste de Argentina, fue el laboratorio de pruebas de la represión militar, que allí comenzó en 1975, un año antes de instaurarse la dictadura, con el denominado Operativo Independencia. Allí funcionaron varios "circuitos represivos" que partían de una "cabecera" a donde llegaban los secuestrados y terminaban con las víctimas enterradas en una fosa o hechas desaparecer para siempre.
"Solo por la Escuelita de Famaillá pasaron entre 2.000 y 3.000 personas", asegura a RTVE.es el arqueólogo Ezequiel del Bel, coordinador del LIGIAAT, un laboratorio multidisciplinar de investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, que actúan como peritos para los juzgados. "Los números son complejos, porque todavía hay gente que no ha dado testimonio ni de su propia detención ilegal", puntualiza. Además, "los cuerpos fueron trasladados a otros lugares que aún hoy, después de más de dos décadas de trabajo, no sabemos dónde están".
El Pozo de Vargas, a 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán, es la mayor fosa clandestina del país. Es un antiguo pozo que surtía de agua al ferrocarril. "Tiraban los cuerpos ahí y después lo taparon y lo rellenaron con escombros, tierra y basura hasta la superficie", relata el arqueólogo. "Cuando llegamos, el pozo no se veía, era un terreno con una plantación de limones".
Del Bel relata que la exhumación llevó años y fue "muy compleja". "En Tucumán hace mucho calor. A mucha profundidad era difícil respirar. Era un trabajo muy físico, había que sacar todos los escombros".
Los investigadores han conseguido poner nombre a 130 víctimas, y hay restos de otras 30 sin identificar. Otras fosas situadas en el mismo lugar fueron vaciadas al final de la dictadura, y los restos trasladados o quemados.
Chile: un Plan de Búsqueda para los desaparecidos
Bajo la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), también familiares y organizaciones civiles fueron los primeros en alertar de lo que sucedía: la Vicaría de la Solidaridad recibió las primeras denuncias de inhumaciones ilegales en 1979.
La Comisión Nacional por la Verdad y la Reconciliación (1990) emitió el Informe Retting, un primer balance de las violaciones de derechos humanos. Su labor fue seguida por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996). Entre ambas cuantificaron las víctimas en más de 3.100, entre asesinadas y desaparecidas.
El Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, continúa esa política. El Gobierno de Gabriel Boric ha dado un impulso con la creación del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia en 2023 y de un registro de desaparecidos en 2025. Actualmente, los desaparecidos se cifran en 1.469, y 306 restos han sido recuperados y entregados a las familias.
Desde 2006, en virtud de la legislación internacional, no se aplica la ley de amnistía decretada por la dictadura en 1978, por lo que la búsqueda incluye la depuración de responsabilidades.
"No podíamos buscar a los desaparecidos si a la vez no había justicia", subraya Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos, en una entrevista con RTVE.es. "De todo hallazgo se abre una causa penal (...) No puede haber pericias forenses sin una instrucción judicial".
Hoy día hay diligencias judiciales en más de 100 lugares, donde más que cuerpos enteros se buscan algún tipo de restos. La dictadura chilena intentó borrar todo rastro de sus crímenes con la llamada 'Operación Retiro de Televisores', nombre en clave dado por los militares a la reapertura de fosas a mediados de los años 70 para deshacerse de los cuerpos. Algunos los lanzaron al mar, otros los quemaron y esparcieron las cenizas.
Uno de estos lugares es Cerro Chena, un terreno militar a las afueras de Santiago, donde pudieron ser asesinadas un centenar de personas. En 2002 se hallaron pequeños restos óseos, que aún no han sido identificados. En 2024 se iniciaron nuevas prospecciones.
15/05/2025.- El ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (c), observa las excavaciones en el cuartel militar Cerro Chena, al sur de Santiago (Chile), donde se buscan restos de detenidos desaparecidos de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE/ Elvis González
Otras fosas son las de Pisagua (19 cuerpos y diversos restos hallados en 1990); el cementerio de Copiapó (13 personas encontradas en 1990 y más restos en 2021); o el Patio 29 del cementerio de Santiago (restos de 124 personas hallados en 1991), que hoy es monumento nacional.
"Marcha atrás" en la memoria
Pese al trauma que aún suponen los desaparecidos en Argentina y Chile, los cambios políticos hacen mella en los consensos sobre la memoria.
En Argentina, por ejemplo, el presidente Javier Milei disculpó la represión militar como parte de una "guerra" contra el terrorismo, y ha reducido la financiación a lugares de memoria como la ESMA. En Chile, los candidatos de ultraderecha con posibilidades de pasar a la segunda vuelta en las presidenciales de este próximo domingo tratan de quitar hierro a la dictadura o hablan de indultar a los militares condenados.
"En el gobierno de Mauricio Macri las causas se frenaron —relata el arqueólogo Ezequiel del Bel—. Actualmente, la causa del Arsenal Miguel de Azcuénaga, el mayor centro represivo del noroeste argentino, está frenada y no hay nuevas investigaciones financiadas por el Estado nacional".
No obstante, los arqueólogos siguen trabajando donde les dejan de manera altruista, "porque estamos comprometidos con nuestra profesión y pensamos que es muy importante conocer la historia reciente".
"Toda política de derechos humanos puede sufrir algún desmedro, sobre todo frente a un cambio o un giro grande a la derecha, no solamente en Chile, lo hemos visto en la experiencia comparada", reconoce Paulina Zamorano. No obstante, añade, el programa chileno tiene una sólida base en la legislación nacional e internacional y el poder judicial es independiente y continuará investigando.
"La política de memoria no garantiza por sí sola la no repetición de las violaciones de los derechos humanos", considera por su parte Cinthia Balé. "Hay un deber social ineludible de justicia y reparación, y eso no se puede hacer sin memoria. Pero también hay que pensar en cómo la política de memoria genera nuevos lazos sociales, un espacio de acción política, de compromiso comunitario". Y advierte: "La lucha por el pasado no se acaba nunca".
