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Elecciones Castilla y León 2026: Qué mayoría necesita el candidato que salga más votado para gobernar

  • Desde 2019 la fragmentación parlamentaria en esta comunidad obliga al más votado a pactar para gobernar
Elecciones Castilla y León 2026: Qué mayoría necesita el candidato que salga más votado para gobernar
Momento de una de las votaciones realizadas este miércoles en la sesión plenaria de ls Cortes de Castilla y León. EFE/Nacho Gallego
Silvia Quílez Iglesias
Silvia Quílez Iglesias

Las elecciones en Castilla y León de este 15 de marzo llegan en el contexto político de mayor fragmentación parlamentaria en esta comunidad autónoma. Ocho formaciones formaciones políticas lograron representación en el Parlamento autonómico en los comicios de 2022, los primeros que se celebraron por adelantado en este territorio.

Desde 2019, con la entrada de Ciudadanos, el candidato más votado tiene que pactar en esta comunidad autónoma para poder gobernar. Así fue en la última legislatura, en la que el PP subió dos escaños, a 31, mientras que el PSOE cedió siete aunque se mantuvo en segundo lugar con 28 escaños, Vox se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria — al pasar de uno a trece— mientras la Unión del Pueblo Leonés subió de uno a tres escaños, Podemos y Por Ávila mantuvieron su único escaño y por primera vez obtuvo representación Soria Ya con tres procuradores.

Los populares pactaron un Gobierno con Vox que terminó desgajándose en un terremoto político similar al que se había producido en 2021 con Ciudadanos, pero en esta ocasión pese a las dificultades para aprobar los presupuestos —finalmente han sido prorrogados los de 2024—y los adelantos electorales en Extremadura y Aragón, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido agotar los plazos sin anticipar las elecciones.

Una vez se conozcan los resultados de estas elecciones, cuando se constituyan las Cortes y la Mesa de la Cámara el 14 de abril dará comienzo la legislatura XII y el nuevo presidente de la cámara tendrá 15 días para consultar a los grupos políticos y proponer a un candidato a presidente. Empezará así la cuenta atrás para que un nuevo presidente logre el respaldo de la cámara y sea investido.

Un procurador más por Segovia

El número de procuradores — así se denominaba a los representantes de las ciudades en la antigua Corona de Castilla— que los ciudadanos eligen en cada provincia o circunscripción electoral en las Cortes de esta comunidad autónoma es variable, con un mínimo de tres que aumenta en proporción a los habitantes.

La fórmula para calcular el número de procuradores por cada provincia, según el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía, es que a los tres que tiene cada una como mínimo se añada uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.

En el caso de esta nueva cita electoral el número de procuradores aumentará en uno y pasará a 82, al haberse incrementado la población de Segovia, con esta distribución: 15 corresponden a Valladolid, 13 a León, 10 a Salamanca, 11 son para Burgos, 7 para Segovia, 7 a Zamora, 7 a Ávila, 7 a Palencia y 5 a Soria.

Desde que se celebraron las primeras elecciones en 1983, la mayor parte del tiempo ha habido 84 procuradores. Solo ha habido menos en las legislaturas IV, la V y la VII —en que fueron 83—, la VI en que fueron 82, y en la X y XI, que acaba de finalizar, en las que fueron 81.

¿Cuántos diputados necesita el candidato más votado para ser investido?

La mayoría absoluta necesaria para gobernar sin apoyos en las elecciones es de 42 representantes —la mitad más uno del total de 82—. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria aleja cada vez más esta posibilidad y desde las elecciones de 2019 el candidato más votado tiene que pactar para poder formar gobierno en esta comunidad autónoma.

El presidente de la Cámara designará al candidato que crea que tiene más posibilidades de formar gobierno y las Cortes de Castilla y León procederán a la elección del presidente en el pleno de investidura, por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en la segunda, según fija el Estatuto de Autonomía.

Una vez se haya celebrado la primera votación —para la que no hay una fecha prevista que todavía debe fijar el presidente de la Cámara— en caso de no ser investido, habrá un plazo máximo de dos meses para que un nuevo presidente sea elegido. En caso contrario, se disolverán automáticamente las Cortes y habrá nuevas elecciones.

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