Trabajadoras de Cometa señalan "tanto al Ministerio como a las empresas adjudicatarias" por los fallos en las pulseras
- El personal denuncia la "manipulación" política y critica la "nefasta gestión interna" de las empresas que prestan el servicio
- CC.OO. y UGT exigen que el 016 y el Centro Cometa se constituyan como servicios de atención "cien por cien públicos"
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Un grupo de trabajadoras de Cometa —Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento desde el que se gestionan las pulseras antimaltrato— ha roto su silencio para denunciar los fallos en este sistema de protección.
A través de una carta, las trabajadoras señalan tanto al Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, como a Vodafone y Securitas Seguridad, empresas adjudicatarias del servicio.
En una carta abierta, el personal subraya que la polémica ha sido "instrumentalizada" y "bochornosamente utilizada" por "unos y otros". Estas trabajadoras subrayan que ambas partes "mienten haciendo afirmaciones categóricas sobre que todo está bien y todo son bulos" o que "utilizan a una víctima muerta para relacionarla con fallos en el servicio, cosa absolutamente falsa".
El negocio del miedo
Las trabajadoras de Cometa, en su carta, lamentan que desde hace un año y medio, han sido testigos de las consecuencias de "migrar un servicio... que acaba perdiéndose en la externalización a través de empresas privadas cuyo objetivo es maximizar su margen de beneficios en algo tan delicado como es el trato y la protección a víctimas de violencia de género".
Critican que esta externalización se llevó a cabo sin una fase piloto, afectando directamente a más de 4.500 mujeres. Asimismo, cuestionan que un servicio "con información tan delicada" no haya sido "absorbido por la Administración pública".
En la carta, el personal destaca que la degradación del servicio tiene que ver, en gran parte, con una tecnología inadecuada, pues "no se pensó para el perfil de la persona a la que iba dirigida". Las trabajadoras advierten que la aplicación de estas medidas de protección se ha hecho de "manera indiscriminada sin analizar cada caso", lo que en muchas ocasiones se convierte en una experiencia "puramente revictimizante" para las afectadas, especialmente en el caso de las que viven en pueblos pequeños o a poca distancia de su agresor.
"Nefasta gestión interna"
Además de la crítica al Ministerio y al modelo de externalización, la misiva arremete directamente contra las empresas adjudicatarias, señalando su "nefasta gestión interna". El personal afirma que la compañía "ralentizó la aceptación de los fallos desacreditando lo que los operadores trasladaban y, por tanto, la búsqueda de soluciones".
Esta situación ha provocado la salida de "trabajadores con experiencia que abandonaron el servicio al ver lo que se encontraron, después de porcentajes de bajas por salud mental absolutamente insostenibles". Las trabajadoras señalan que, en la actualidad, viven en un "clima de absoluta vigilancia por parte de la empresa, especialmente los que alzamos la voz para poner el foco en los fallos del sistema". Toda crítica es "entendida como ataque", lo que impide abordar los problemas de forma interna.
Las operadoras, que asisten "pasmadas a un juego de acusaciones en el que nadie asume responsabilidades", lamentan que los avances sean solo "parches a merced de licitaciones y de intereses privados que no responden al objetivo de un servicio que siempre debió de estar en manos públicas y gestionado por operadores y responsables cualificados".
Los sindicatos exigen que sea público
Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT han reclamado que el teléfono 016 de atención a las víctimas de malos tratos y el Centro Cometa se constituyan como servicios de atención cien por cien públicos, ofreciendo seguridad y estabilidad tanto a las personas trabajadoras de estos servicios como a las personas a las que atienden.
UGT pide que sean "servicios públicos permanentes" que cuenten con "personal especializado suficiente" y que sean gestionados y coordinados "preferentemente desde el Ministerio de Igualdad y bajo la supervisión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer".
“No es lo mismo subcontratar el asfaltado de una calle que la vida de estas personas“
La secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo en CC.OO., Carolina Vidal, confirma a RTVE que la información de sus delegadas y afiliadas en el Centro Cometa "coincide absolutamente" con lo que se expresa en la carta abierta de las trabajadoras. Y apunta que "cuando se subcontrata un servicio con riesgo vital pueden pasar estas cosas", porque "no es lo mismo hacerlo con el asfaltado de una calle que con la vida de estas personas".
CC.OO. exige actuar de forma contundente para "desterrar cualquier duda y reafirmar la confianza de las mujeres y del conjunto de la sociedad" en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género.
Este sindicato ha solicitado en un comunicado que se subsanen de forma inmediata las incidencias que puedan existir y que se haga "la correspondiente depuración de responsabilidades tras conocer que, efectivamente, se han producido fallos en el sistema".
