El Gobierno aprueba un decreto con medidas que refuerzan la supervisión a operadores eléctricos tras el apagón
- Se otorga un papel destacado a la CNMC, que evaluará las obligaciones de control de tensión de los agentes
- La norma también incluye ayudas a los consumidores, sobre todo electrointensivos, para aumentar la demanda
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril que incluye, entre otras, informes de seguimiento por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante plazos más cortos de tiempo; inspecciones a los operadores obligados a controlar la tensión de la red; así como ayudas a los consumidores, sobre todo electrointensivos, para incrementar la demanda.
"Hemos trabajado en identificar las causas de ese 'cero eléctrico', pero nuestro objetivo también era identificar las medidas que fueran necesarias para que no vuelva a ocurrir", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un apagón que se produjo por una sinergia de "varios factores", según ha reiterado la ministra este viernes, aunque España contaba con "todo lo necesario" para no ocurriese
Según ha destacado, este paquete cobra ahora más relevancia si cabe "en un contexto actual complejo y geopolíticamente muy complicado", con guerras como la de Ucrania o la de Gaza sin un final aparentemente a corto plazo y el conflicto reabierto entre Irán e Israel de consecuencias aún imprevisibles.
"En definitiva, más autonomía estratégica en un mundo complejo, incierto y volátil", ha puntualizado, recalcando que un sistema "más robusto y más solvente" se traducirá en otros beneficios como son "facturas más estables, más previsibles para consumidores, para ciudadanos, para autónomos, para pymes y para la industria".
En su comparecencia, la vicepresidenta tercera también ha dado cuenta de otras iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministerios en materia de Transición Ecológica, como ha sido la aprobación del Real Decreto-ley de Espacios Protegidos Marinos, que declara 10 zonas de especial conservación y aumenta de 20,9% a 22,5% la superficie; o la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para nueve comunidades autónomas.
El Ejecutivo también ha dado 'luz verde' a 931 millones de euros, con cargo a fondos europeos, para inversiones en la red de transporte destinadas a proyectos estratégicos de descarbonización, "ahorrando costes a los ciudadanos", ha indicado Aagesen.
Informes de seguimiento de la CNMC cada tres meses
En lo que respecta a las medidas para reforzar la robustez del sistema, la norma aprobada insta a la CNMC a realizar un informe "de seguimiento" cada tres meses sobre "el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos y cada uno de los operadores que tienen obligación para ello". El primero de ellos se deberá elaborar en un plazo de seis meses. En este sentido, España se lleva una "lección aprendida", a juicio de la ministra Aagesen, quien ha resaltado lo "fundamental" de velar por el cumplimiento de las obligaciones de todos los agentes.
A su vez, el regulador deberá llevar a cabo en 12 meses "un plan de inspección de todas y cada una de las capacidades de reposición del sistema". El mismo pondrá "una mayor atención" a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, y se repetirá cada tres años.
Igualmente el decreto encarga al operador del sistema, esto es, a Red Eléctrica, que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.
De igual modo, se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes. "En total, son actuaciones que tienen que presentar cada tres meses y que luego las distintas autoridades competentes deberán trazar y elaborar las disposiciones que sean necesarias en un plazo de seis meses", ha explicado la ministra.
Planificación de la red de transporte, cada tres años
Otra novedad es que los periodos de programación de la red eléctrica pasarán a ser trianuales, en lugar de los seis años actuales, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.
De manera excepcional, para anticipar futuras necesidades de regulación de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, entre otras variables eléctricas, se modificará con "tramitación acelerada" la vigente Planificación con horizonte 2026 para incluir compensadores síncronos, reactancias y otros elementos que presten servicios adicionales, lo que, a la par, "reducirá el coste de las restricciones técnicas", explican desde el Ministerio.
"Además, incorporamos algo tan importante como aclarar las responsabilidades de todos los actores que participan en la infraestructura compartida de evacuación, lo que se conoce como redes mancomunadas", ha recalcado Aagesen, argumentando que "se gana en transparencia", pero también en el conocimiento "del reparto de responsabilidades".
Cinco años de caducidad de los derechos de acceso
Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que en opinión de Transición Ecológica posibilitará "un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso".
Igualmente, se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial.
Dichas facilidades de conexión alcanzan igualmente a las acometidas de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, que quedan exentas de autorización, siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública. "En línea con las recomendaciones que nos han llegado del sector", ha celebrado Aagesen.
Y respecto a la línea de medidas de electrificación, al objeto de fomentar el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta a cinco kilómetros para instalaciones menores de cinco megavatios (MW), se flexibilizan las tipologías, y se introduce la figura del gestor de autoconsumo, que podrá ejercer de representante de los partícipes, facilitando las gestiones necesarias para su buen funcionamiento.
Exención de peajes a la industria electrointensiva
Por otra parte, para seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial, argumentan desde el Ministerio, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, "habida cuenta de la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra de Ucrania".
Mientras, la tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, "para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones". Y se fomenta la renovación de instalaciones de generación -su repotenciación-, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.
Igualmente, se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.
Y, como medida adicional para reforzar la resiliencia del sistema, el decreto también da un impulso al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general. De esta manera, se agiliza la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General de Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.
"Nuestro compromiso con todos los ciudadanos era identificar las causas y poner las medidas, anticiparnos y protegernos de esta evolución de un sistema energético acelerado ahora y en el futuro. Y es lo que hoy hemos hecho con este real decreto ley", ha sentenciado la ministra.
