Cuerpo descarta un conflicto con Bruselas por la opa al Sabadell: "El Gobierno tiene que velar por el interés general"
- Asegura que la ley española está "alineada" con la europea, después de que la Comisión dijera que no ve motivos para el bloqueo
- Trabajo remite sus condiciones sobre empleo, inclusión financiera y acceso al crédito: "De no cumplirse, no debería permitirse"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado este miércoles un conflicto con la Comisión Europea por la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al banco Sabadell y se ha escudado en la ley para defender su decisión de elevar la operación al Consejo de Ministros.
"La ley también recoge que el Gobierno tiene que velar por cuestiones más amplias de interés general y eso es lo que estamos haciendo", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser para diferenciar su análisis, aún en proceso, del realizado por el Banco Central Europeo en materia de solvencia y riesgo financiero, y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para impedir los monopolios y la excesiva concentración del mercado. Ambas instituciones ya han dado su visto bueno a la opa, aunque la segunda lo condicionó a las medidas comprometidas por el BBVA.
Al respecto, Cuerpo ha subrayado que la normativa doméstica está "alineada" con la europea y ha pedido diferenciar el ámbito legal —"donde somos escrupulosos y garantistas", ha dicho— de los debates de fondo entre los Veintisiete. En concreto, se ha referido a la unión bancaria y "cómo" debe desarrollarse para que sector europeo pueda "competir a nivel internacional".
En declaraciones más tarde a los medios de comunicación, el ministro ha defendido igualmente que en el Ejecutivo han sido muy "respetuosos con los procedimientos y plazos". "Una valoración de esta operación incluye numerosas dimensiones, cada institución tiene unas competencias concretas", ha afirmado.
Finalmente, ha reiterado que el Consejo de Ministros tiene 30 días naturales para pronunciarse, un plazo "tasado", que permite que no haya incertidumbre. "Estos 11 meses han sido otras las instituciones que han estado interviniendo y hemos estado con el mayor respeto a su actuación", ha dicho a la prensa al ser preguntado por la petición de celeridad desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Las condiciones "estrictas" de Trabajo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado a Economía una serie de condiciones "estrictas" e "imprescindibles" para garantizar el interés general: garantizar el empleo en ambas entidades, mantener la totalidad de las oficinas para "evitar la exclusión financiera" e impedir el cambio de condiciones de crédito y depósito para particulares y empresas.
En un comunicado de la vicepresidencia, se incluye una última condición ante el "riesgo" del sistema bancario como consecuencia de la concentración de empresas. "Para preservar la estabilidad del sistema financiero, la opa no debe suponer un incremento de los índices de concentración bancaria, y en todo caso no permitirse la fusión de las entidades en el proceso de adquisición", precisa el documento, que zanja: "De no cumplirse estos requisitos, no debería permitirse su ejecución".
El ministro Carlos Cuerpo también ha explicado este martes en la entrevista radiofónica que las razones de "interés general" tienen que ver con el mantenimiento del empleo y la cohesión territorial, una "preocupación" que se ha expresado en las últimas semanas desde círculos empresariales, sindicatos y partidos en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, donde el Sabadell tiene especial implantación.
Asimismo, ha señalado que al Gobierno le corresponde velar por el mantenimiento de la actividad financiera en zonas rurales, donde son necesarias entidades "muy aterrizadas", vinculadas al territorio y cuyo principal objetivo no sea la rentabilidad, sino otros de tipo más social o cooperativo, como ocurre con Abanca en Galicia.
Economía comunicó en la víspera a la CNMC su decisión de elevar al Consejo de Ministros la opa, después de haber recabado la opinión de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales a través de una consulta pública y de que otros cinco Ministerios (Industria, Reto Demográfico, Seguridad Social, Trabajo y Derechos Sociales) hayan pedido abordar el "potencial impacto" de la operación.
En el mismo día, la Comisión Europea aseguró que no hay "ninguna razón" que justifique el bloqueo a la opa, después del visto bueno de BCE y CNMC, y fuentes del ejecutivo comunitario advirtieron que estarían vigilantes sobre la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación europea.
