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El Gobierno aprueba el paro para las empleadas del hogar

  • Las cotizaciones por desempleo, obligatorias desde octubre, estarán bonificadas al 80 % para los empleadores
  • Yolanda Díaz asegura que "las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno" con la nueva norma

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Imagen de archivo de una empleada del hogar
Imagen de archivo de una empleada del hogar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que reconoce el paro para las empleadas del hogar, garantizando así un derecho que ha sido reclamado por este colectivo durante décadas y también por otras instituciones como la justicia europea y Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Desde hoy mismo tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes en el ordenamiento jurídico laboral", ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa de este martes.

La ministra, quien ha asegurado que la norma "permite que hoy tengamos un país mejor", ha detallado la norma por la cual será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre, mientras se mejoran sus condiciones laborales en materia de contratos, despidos y seguridad laboral. "Gracias al Gobierno de coalición las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno", ha celebrado.

La norma afecta a las más de 370.000 personas trabajadoras del hogar afiliadas, según los últimos datos de la Seguridad Social, y acaba con la posibilidad de despedir sin causa justificada, al suprimir la figura del "desistimiento" en la regulación del sector.

Asimismo, se incorpora a las empleadas del hogar al derecho a la prevención de riesgos laborales, así como al de formación, ya que, para Díaz, se trata de un colectivo que cada vez requiere "de mayor especialización, de mujeres más formadas".

Cotizaciones por desempleo bonificadas al 80 % para los empleadores

La norma trata de equiparar los derechos de estas empleadas con los del resto de trabajadores, pero teniendo en cuenta sus "peculiaridades, ya que los empleadores no son ordinarios", ha explicado la ministra.

Así, los empleadores tendrán derecho a una bonificación del 80 % en las aportaciones empresariales a las cotizaciones por desempleo y FOGASA. Igualmente, se mantiene la reducción del 20 % en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.

Estas bonificaciones pueden elevarse hasta el 45 % para familias numerosas, como hasta ahora, pero también a otros hogares según sus niveles de renta y patrimonio. Los detalles se desarrollarán en un reglamento en los próximos seis meses, junto al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ha explicado Díaz.

En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el decreto da "dignidad" a estas empleadas y empleados, al tiempo que sigue "en la senda de ayudar en la corresponsabilidad y la conciliación de las familias trabajadoras". Así, ha asegurado que, gracias a las cotizaciones, esta prestación por desempleo "no va a implicar un mayor coste para la mayoría de las familias", ya que son las de "clase media" las que acuden a estos servicios para cuidar a sus hijos o mayores mientras trabajan.

Mujeres mayores y extranjeras

Tanto Díaz como la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, han insistido en que se trata de un sector en el que trabajan mayoritariamente mujeres (95 %, según sus datos), que además muchas son mayores de 55 años y extranjeras. Otra de las características del sector es la precariedad, de acuerdo con el Ministerio, puesto que más de la mitad trabajan a tiempo parcial.

"Ocho de cada diez mujeres tienen edades que dificultan el desempeño de sus tareas", ha concretado la ministra de Trabajo. Además, el 44 % son extrajeras, siendo Colombia, Rumanía y Honduras los principales países de origen. En España, la distribución territorial del sector también es "profundamente desigual" y se concentra un 27 % en la Comunidad de Madrid.

Así, finalmente, el Gobierno se ha comprometido a crear una comisión de estudio para incluir la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades profesionales relacionadas con los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres. "Estamos corrigiendo las discriminaciones del legislador (...) que ha optado por considerar que hay una desvaloración en el trabajo realizado por mujeres", ha dicho Díaz.

Fin a "una injusticia absolutamente inaceptable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la medida antes el lunes durante un acto con ciudadanos en La Moncloa para abrir el nuevo curso político y en respuesta a una trabajadora de este sector. "Quiero anunciarte, Almudena, que mañana vamos a aprobar la norma que garantiza el subsidio de desempleo para las empleadas del hogar", recalcó.

Antes, esta empleada de hogar planteó al presidente del Gobierno que las condiciones de las trabajadoras domésticas deben mejorar y tener más seguridad. "Demandamos derechos laborales e igualdad, como es el derecho a paro", ha espetado a Sánchez.

Precisamente en 2021 se cumplió una década de la firma del Convenio 189 de la OIT, ratificado por 32 países y que promovía la adopción de medidas que igualen los derechos laborales de las empleadas a los del resto de trabajadores en materias como prevención de riesgos, despido o protección de desempleo. Desde su oficina en España se lamentaba entonces la ausencia de nuestro país donde, según la organización, "un tercio de las cerca de 700.000 empleadas del hogar siguen estando sin protección social".

Según Sánchez, con la aprobación esta medida, se pondrá así fin a "una injusticia absolutamente inaceptable", al tiempo que el Gobierno es "coherente" con sus compromisos adoptados al comienzo de la legislatura. "Reconocemos la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchos años y asumimos como propio y hacemos realidad un mandato de la OIT", ha concluido el presidente.

Ya en marzo de 2020, con motivo de la pandemia, el Gobierno aprobó la creación de un subsidio extraordinario para las empleadas del hogar, al que pudieron acceder de forma extraordinaria si se quedaban en el paro o veían reducidas sus horas de trabajo durante la crisis.