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Las causas pendientes del 'procés' más allá de los indultos: reclamaciones millonarias por desvío de fondos públicos

  • Además de los nueve líderes del 'procés' que saldrán de prisión tras los indultos, hay decenas de imputados por el 1-O
  • La 'operación Volhov', la 'causa del 13', el juicio contable o la escolta de Puigdemont son algunos de los procesos abiertos

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Seis de los presos del procés, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras
Seis de los presos del procés, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras EFE/ Susanna Sáez

El indulto a los nueve líderes encarcelados en España por el 'procés' independentista, que saldrán este miércoles de prisión, no acabará con el periplo judicial de algunos de los presos ni el de varias de decenas de otros altos cargos, empresarios y activistas imputados. 

Siguen pendientes en varios juzgados de Barcelona causas contra antiguos miembros del Govern que presidió Carles Puigdemont, tanto consellers como secretarios, mossos o cargos directivos de los medios públicos catalanes. Entre los delitos imputados, la malversación de fondos públicos, prevaricación o desobediencia.

Operación Volhov: 30 detenidos por desvío de fondos al independentismo

En octubre del año pasado la Guardia Civil llevó a cabo una gran operación en Barcelona y Girona, que se saldó con 31 registros y 21 de detenidos del entorno de Carles Puigdemont, bajo cuyo Gobierno se organizó el referéndum independentista del 1-O. Entre los detenidos estaban el director de oficina del expresident Josep Lluís Alay, el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler y el que fuera mano derecha de Artur Mas y exdirigente de CDC, David Madí. Todos quedaron en libertad tras la detención.

El juez investiga si utilizaron dinero público para financiar la estructura del expresident en Bélgica. También les sitúa como impulsores de Tsunami Democràtic, el movimiento que capitalizó las protestas contra la sentencia del 'procés'. Las detenciones llegaron en el marco de la Operación Volhov, dirigida por el titular del Jugado de instrucción 1 de Barcelona, que investiga una supuesta trama de desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona y de la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas.

Según el juez que investigaba la causa, Rusia ofreció a Puigdemont ayuda militar y económica para declarar la independencia. El magistrado se basa en una conversación telefónica grabada que el exdirigente de Convergència, Víctor Terradellas, mantuvo con Xavier Vendrell, uno de los detenidos. Según el instructor, en ella Terradellas decía que Rusia ofreció trasladar 10.000 soldados a Cataluña y pagar la deuda catalana. Y que Puigdemont lo rechazó porque -dice textualmente- se cagó en las bragas. Si hubiera aceptado, apunta el magistrado en un auto, podría haber desencadenado un conflicto armado con un incierto número de muertes.

La 'causa del 13'

Conocida por ese nombre por haberla llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, esta causa investiga los preparativos del referéndum. Están imputados unos 30 exaltos cargos del Govern, funcionarios y empresarios bajo los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

Entre ellos está el ex secretario general de Diplocat Albert Royo, o los ex altos cargos del Govern Antoni Molins o Francesc Sutrías, entre otros. También está procesada la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Núria Llorach y los directores de TV3 y Catalunya Radio, Vicent Sanchís y Saül Gordillo.

Juicio contable: 4,1 millones por el 1-O

El indulto no exime a los líderes del 'procés' de otros procesos, como el iniciado por el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas, Puigdemont, Junqueras y otros 30 excargos del Govern por los fondos destinados al referéndum del 1-O y los gastos destinados a la acción exterior entre el 2011 y 2017.

El tribunal cifró en 4,1 millones de euros los fondos públicos presuntamente malversados para pagar los gastos de la consulta, una cantidad ya confiscada. Además, el próximo 29 de junio están citados en la sede del tribunal para ser informados sobre otra fianza que deberán abonar: la correspondiente a los gastos por las embajadas catalanas y el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya o Diplocat. 

Aunque no se conoce la cantidad exacta, la denuncia de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas cifra en 2,3 millones de euros los gastos por la "acción de la presidencia catalana" en el extranjero en las fechas del referéndum, a lo que se suman más de 100.000 euros en diferentes gastos viajes de observadores. Los acusados podrán hacer alegaciones en la vista del próximo martes.

El Supremo cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsellers Romeva, Turull y Bassa.

Imputación de Jové y Salvadó

Los preparativos del 1-O llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a procesar a los diputados de ERC Josep Maria Jové -miembro de la mesa de diálogo con el Gobierno- y a Lluís Salvadó. El primero, exsecretario de la vicepresidencia y mano de derecha de Oriol Junqueras, y el segundo, exsecretario de Hacienda. Ambos tuvieron una  "participación activa" en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas "estructuras de Estado", según un auto de la magistrada Maria Eugenia Alegret.

El registro de la conselleria de Hacienda, el 20 de septiembre de 2017, por parte de la Guardia Civil, llevó a una primera detención de Jové y Salvadó y a una gran protesta que pretendía impedir tal registro, clave en la condena por sedición de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La imputación de los dos exsecretarios, en febrero del año pasado, supuso una oleada de críticas al Gobierno por parte de la oposición, que acusó a Sánchez de negociar con procesados por prevaricación y desobediencia.

Investigación contra Romeva por "internacionalizar" el 'procés'

Los indultos del 'procés' afectan al los exlíderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. La salida de prisión de este último, sin embargo, no supondrá el fin de su causa judicial.

El pasado mes de mayo una juez de Barcelona abrió una investigación contra él y otros nueve cargos del que era su departamento, Acción Exterior. Se les acusa de malversar casi un millón de euros de fondos públicos para "internacionalizar" el 'procés' mediante contratos a dedo y arbitrarios. La investigación deriva de una querella que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial, y se centra en once contratos y subvenciones otorgadas entre 2012 y 2017.

La escolta de Puigdemont en Bélgica

En 2019 la Fiscalía se querelló contra el exconseller Miquel Buch por la escolta que destinó a Puigdemont en su huida de España a Bélgica tras la Declaración Unilateral de Independencia. En su querella, que también se dirige contra el sargento Lluís E., la Fiscalía acusa a Buch de los delitos de prevaricación y malversación, y cifra en 52.712 euros la cantidad presuntamente desviada por la remuneración que el agente recibió mientras ejerció de asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019.

La Fiscalía considera que el nombramiento del sargento como asesor de Buch respondía "única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección" a Carles Puigdemont, en busca y captura por haber eludido un llamamiento judicial, lo que en opinión del ministerio público es incompatible con los fines que la Constitución impone a la administración.

Centenares de investigados por las protestas

Además de los antiguos miembros del Govern, cientos de manifestantes y activistas independentistas se enfrentan a varias causas por participar en algunas de las protestas de estos últimos años. Hace una semana fue condenado a prisión el militante de la CUP Marcel Vivet por lesionar a un agente antidisturbios de los Mossos en 2018.

Además de Vivet, hay otras causas abiertas, generalmente bajo las acusaciones de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad pública. Òmnium cifra en 3.000 los "represaliados" por participar en el referéndum o en las protestas posteriores, como las del Tsunami Democràtic cuando se conoció la sentencia de los líderes del 'procés'. Entre ellos cuentan también a los miembros del Govern "exiliados", el CDR Adrián Carrasco o el rapero Valtònyc, también residente en Bélgica.

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