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Vivienda

El Gobierno recurrirá al Constitucional la limitación de los alquileres en Cataluña, aunque no pedirá su supensión

  • El Ejecutivo alega que la normativa de la Generalitat vulnera las competencias estatales en materia de vivienda
  • Según Ábalos es “imposible” no presentarlo, ya que "la anticonstitucionalidad es tan evidente" que "no se puede pasar por alto"

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Cartel de 'se alquila' en la ventana de una vivienda.
Cartel de 'se alquila' en la ventana de una vivienda. GETTY IMAGES

El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler, alegando que vulnera las competencias estatales, si bien no pedirá su suspensión cautelar ya que, en paralelo, el Gobierno va a tramitar la Ley de Vivienda que "incorpora mucho de los elementos que se recurren ahora" y que espera que salga adelante antes del verano.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, donde también ha destacado esta decisión se produce después de varios intentos por parte del Ejecutivo de alcanzar acuerdos con la Generalitat en el macro de la comisión bilateral. "Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia", ha justificado. 

El Parlament aprobó el pasado mes de septiembre una ley pionera para regular los alquileres en Cataluña con el apoyo de Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y la CUP. Entre las principales medidas, la norma obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con “tensión” residencial en 60 ciudades que suman más de 20.000 habitantes.

Cataluña, primera comunidad que limita los alquileres

Montero ha anunciado que, en concreto, se ha solicitado ante el Tribunal Constitucional la impugnación de los artículos 1, del 6 al 16; las disposiciones adicionales de la primera a la cuarta; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra b. Eso sí, el Gobierno finalmente ha decidido no pedir la suspensión cautelar de la norma como un "gesto".

Previamente el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha justificado en una comparecencia ante la prensa que era “imposible” no presentar ese recurso, ya que "la anticonstitucionalidad es tan evidente" que "no se puede pasar por alto". Según el ministro, permitir que la norma se siga aplicando por ahora "no deja de ser un gesto importante", pero ha recalcado que su legalidad está en cuestión.

Críticas al Gobierno

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha tachado este martes de "pésimo" el recurso y ha subrayado que esta norma se "continuará aplicando". "La ley continúa vigente y se continuará aplicando", ha aseverado Plaja, para quien "se ha evidenciado sobradamente la utilidad de esta medida": "Es necesaria e incluso imprescindible". A su juicio, el recurso del Ejecutivo "reafirma la voluntad del Govern de convertirse en una República catalana para gobernar sin las injerencias del Estado".

También la mayoría de partidos de izquierda e independentistas han cargado este martes en el Congreso contra el Gobierno por recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana cuando se están produciendo suicidios por desahucios. La portavoz de la CUP, Mireia Vehì, ha criticado duramente al Gobierno "más progresista de la historia" por recurrir al Constitucional la ley de vivienda "mientras la gente se suicida", como ocurrió ayer en Barcelona cuando un hombre se quitó la vida antes de ser desahuciado del piso en el que vivía como inquilino.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha lamentado como Vehí que a un Gobierno aparentemente progresista le cueste tanto poner en marcha una ley como esta y si bien ha señalado que el informe contrario a la ley catalana "lo complica todo", es cierto que no es vinculante. Y desde JxCat, Miriam Nogueras ha acusado a España de que "siempre incumple" y que los diferentes gobiernos tienen "la mala costumbre" de intentar ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las urnas.

También ha criticado la decisión el diputado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, quien ha rechazado igualmente este recurso, pero ha sacado pecho porque el Gobierno no pida su suspensión inmediata gracias a la presión de los ministros de Unidas Podemos -ha mencionado expresamente a Yolanda Díaz y a Ione Belarra- y de las organizaciones ciudadanas. Y ha reclamado que se apruebe "ya, de manera urgente" la ley estatal por el derecho a la vivienda porque lleva "demasiado tiempo siendo objeto de negociación" y la "emergencia habitacional es enorme", y no se puede repetir lo que sucedió ayer en Barcelona.

El portavoz de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, también ha censurado al Ejecutivo por recurrir esta ley, que, según él, ha demostrado que "funciona" porque permite la contención de los precios sin reducir la oferta inmobiliaria. Mientras que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rechazado que "se tumben" leyes progresistas de los parlamentos autonómicos que amplían derechos a la ciudadanía.

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