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Fomento corrige los cálculos del ministro anterior y anuncia que las autopistas rescatadas no podrán relicitarse antes de 2019

  • Íñigo de la Serna aseguró que la readjudicación estaría hecha antes del final de 2018
  • El retraso puede complicar el cumplimiento del objetivo de déficit público

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El peaje de la R-3 a la altura de localidad madrileña de Arganda
La R-3 es una de las nueve autopistas quebradas cuya gestión ha sido asumida por el Estado y que se pretende sacar de nuevo a concurso.

El Ministerio de Fomento ha anunciado que el concurso público para volver a adjudicar a empresas privadas la explotación de las nueve autopistas de peaje rescatadas -que produciría unos 1.000 millones de euros de ingresos al Estado- no se podrá lanzar "antes de 2019", lo que contradice la previsión del anterior equipo ministerial, que aseguraba que se realizaría este mismo año, lo que habría evitado que el rescate de las autopistas repercuta en el déficit público de España.

Fuentes del departamento dirigido por José Luis Ábalos han atribuido este retraso a que "los pliegos del contrato no están listos", ya que el proceso para su redacción es "complejo y largo".

El plazo dado por De la Serna "es imposible"

"La tramitación de los pliegos está sujeta a informes y respuestas de muchos órganos y departamentos, cuya elaboración alarga irremediablemente el proceso más allá de las estimaciones del anterior ministro", han indicado esas fuentes, que reiteran que "cumplir con el plazo anunciado por Íñigo de la Serna es imposible".

Todo eso lleva al Ministerio de Fomento a concluir que el proceso de relicitación de las autopistas quebradas "está en una fase demasiado inicial para que se produzca antes de 2019".

Las nueve autopistas quebradas son las cuatro radiales de Madrid, la Eje Aeropuerto -que une la capital con Barajas-, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

Los 570 kilómetros que suman estas infraestructuras suponen casi una quinta parte del total de la red viaria de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente acumulan una deuda de 3.200 millones.

La relicitación de las nueve autopistas forma parte del plan de rescate diseñado para estas vías de pago quebradas por el anterior equipo de Fomento.

Una factura controvertida que oscila entre 1.800 y 5.000 millones

En virtud de este plan, a lo largo de la primera mitad del año, el ministerio ha ido asumiendo las vías -que actualmente gestiona y explota a través de Seittsa- con el objetivo de sacarlas de nuevo a concurso a mediados de año para que estuvieran adjudicadas antes de cierre de 2018.

El anterior equipo de Fomento calculaba obtener unos 1.000 millones con la relicitación, cantidad que se destinaría a pagar parte de la factura de 1.800 millones de euros que se factura de 1.800 millonesestimaba podría costar el rescate a las arcas públicas.

Según los contratos, ese importe corresponde a la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que debe abonar el Estado a los anteriores concesionarios por la inversión que realizaron para construir las vías y que no les dio tiempo a amortizar.

Sin embargo, las concesionarios y los fondos de inversión que se quedaron con la deuda de las autopistas quebradas calculan que deben recibir una compensación de entre 4.000 y 5.000 millones de euros como RPA.

Esta diferencia es importante, ya que la cantidad que haya que pagar finalmente repercutirá en las cuentas públicas y afectará al déficit, algo ya advertido como un riesgo por la Comisión Europea.

No contradice la decisión de quitar peajes en otras autopistas más antiguas

Por el momento, y ante el retraso en su licitación, Fomento va a proceder a ampliar el convenio que tiene con Seittsa para que siga gestionando las autopistas hasta que se adjudicque el concurso.

Fomento asegura que su "obligación" ante este "caso heredado" es "gestionarlo pensando en el interés general y condicionado por las liquidaciones de las vías dictadas por los tribunales".

Las dificultades de las autopistas comenzaron al principio de la crisis, como consecuencia de los sobrecostes de las expropiaciones de terrenos y el desplome del nivel de tráfico, y empezaron a quebrar a partir de 2012.

Desde entonces, se han diseñado distintos planes de rescate, aunque no prosperaron por distintos motivos, hasta que la recuperación de los tráficos permitió al anterior ministro, Íñigo de la Serna, plantear la asunción de su gestión y su posterior relicitación.

En este sentido, el actual equipo ministerial asegura que la relicitación de estas nueve autopistas no es "contradictoria" con su compromiso de levantar los peajes y revertir al Estado otras vías de peaje, más antiguas que las quebradas y que están llegando al final de su plazo de concesión.

Las autopistas quebradas son las más recientes y, por lo tanto, aún cuentan con un amplio periodo de explotación.