Fomento inicia el rescate de las autopistas quebradas al asumir la gestión de la radial R-4 Madrid-Ocaña

• Se hace cargo desde este miércoles de su explotación y mantenimiento
• El resto de vías en liquidación se asumirán desde ahora hasta el 1 de abril
• La factura que pagará el Estado a sus acreedores estará entre 2.000 y 4.500 millones

El Estado prevé recortar el coste del rescate con lo que consiga al volver a adjudicar esas vías de peaje a empresas privadas.

El Ministerio de Fomento inicia el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra al asumir desde este miércoles la gestión de la primera de ellas, la radial R-4 entre Madrid y Ocaña, una vía que utilizan unos 5.700 conductores cada día y que cuenta con una plantilla de 90 trabajadores.

En virtud del rescate, el Estado tendrá que pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje. El Gobierno estima que esa factura ascenderá a unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías la elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, pero ya ha reconocido que no lo cubrirá en su totalidad y que la operación impactará en el déficit de este año.

La R-4 se convierte así en la primera autopista gestionada por el Estado más de una década después de que en mayo de 2006 privatizara la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA). El departamento dirigido por Iñigo de la Serna, a través de su sociedad Seittsa, pasa a hacerse cargo de su explotación y mantenimiento, así como del cobro del peaje a sus usuarios.

El ministro de Fomento ha asegurado que el traspaso se ha producido con "absoluta normalidad" y ha destacado que "la gente ha utilizado la autopista seguramente sin darse cuenta de que la está gestionando el Estado y no una empresa concesionaria", según recoge Efe.

Nueve autopistas con una deuda de 3.200 millones

Fomento toma así el relevo de la actual concesionaria de la autopista, una sociedad participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank, que ha sido declarada en liquidación con una deuda de unos 530 millones de euros.

La radial R-4, inaugurada en febrero de 2004, es una autopista de 52,5 kilómetros de longitud que lleva asociada la explotación de 41,5 kilómetros de la carretera de circunvalación M-50 libre de peaje, el que discurre entre las carreteras A-2 y A-4.

Asimismo, la Administración pasará a hacerse cargo de las otras ocho autopistas fallidas seis años después de que, en 2012, en medio de la crisis, se declararan insolventes y entraran en concurso de acreedores por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.

La construcción de esas nueve vías supuso una inversión de 7.000 millones y, actualmente, soportan una deuda de 3.200 millones de euros.

Tras un primer plan de rescate fallido en 2014, esta semana se pone en marcha el nuevo proyecto diseñado por Fomento para solventar la situación de estas infraestructuras que suponen una quinta parte de la red de carreteras de pago (570 kilómetros).

Nuevas adjudicaciones en la segunda mitad del año

El plan de De la Serna pasa por asumir las autopistas a medida que sus actuales cocesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, para garantizar que siguen en servicio para los usuarios, hasta que se lance el concurso público para volver a cederlas a empresas privadas, algo que se prevé para la segunda mitad de este año.

Así, tras la R-4, Fomento asumirá en lo que queda de mes y en marzo el resto de las radiales (la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda y la R-5 Madrid-Navalcarnero), la M-12 que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda. Posteriormente, el 1 de abril, el ministerio se quedará con el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y con la circunvalación de Alicante.

La otra vía en quiebra, la AP-41 Madrid-Toledo, será la última en rescatarse, dado que su concurso de acreedores no ha llegado aún a la fase de liquidación.

El ministerio aborda este rescate de las autopistas más recientes al mismo tiempo que empiezan a vencer los plazos de concesión de las vías de peaje más antiguas, con lo que su gestión revertirá al Estado. El Gobierno pretende abrir un debate con otros grupos politicos para decidir si esas vías vuelven a adjudicarse a empresas privadas o pasan a integrarse en la red de carreteras del Estado.