El Eurogrupo flexibiliza su posición sobre el fondo de resolución para ablandar a la Eurocámara

• Los Estados, dispuestos a reducir el plazo para mutualizar el dinero
• Para cerrar la resolución bancaria, ambas partes deben pactar antes del día 20

El Eurogrupo flexibiliza su posición sobre el fondo de resolución para ablandar a la Eurocámara

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro acordarán este lunes reducir a menos de 10 años el plazo para mutualizar el futuro fondo de resolución bancaria, que pondrá en común un máximo de 55.000 millones de euros para hacer frente a futuras reestructuraciones o quiebras de bancos de la zona euro. Esta flexibilización de su posición inicial -impuesta por Alemania- pretende ablandar al Parlamento Europeo, que se opone con firmeza a varios puntos del diseño del mecanismo de resolución realizado por los Estados. El visto bueno de la Eurocámara es imprescindible para sacar adelante este pilar de la unión bancaria y, si se quiere cumplir los plazos marcados y aprobarlo antes de las elecciones europeas de mayo, el pacto con el Parlamento debería lograrse antes del 20 de marzo.

El Parlamento Europeo advirtió la semana pasada que las posiciones aún siguen "muy  alejadas" y avisó de que, si los Gobiernos no hacen concesiones,  no habrá acuerdo. Los eurodiputados rechazan, entre otras cosas, el  período transitorio de 10 años impuesto por Alemania para  mutualizar el fondo de resolución -durante el cual, los Estados defienden que coexistan compartimentos nacionales para que cada país pague  por sus bancos- y denuncian el riesgo de que ese fondo se dote de insuficiente dinero.

Negociación contrarreloj

Para que dé tiempo a aprobar esta última parte del mecanismo común de resolución en  el último pleno de la legislatura europea de abril, el pacto con la  Eurocámara debe cerrarse el próximo miércoles, después del Eurogrupo del lunes y  el Ecofin del martes.

En caso contrario, la Presidencia griega se  vería obligada a convocar otra reunión extraordinaria  antes del 20 de  marzo, fecha que los diplomáticos ven como límite para  que el  expediente pueda votarse en el pleno de la Eurocámara de abril. De no lograrse, la unión bancaria se retrasará  al menos hasta 2015, con lo que se incumplirán los plazos marcados por los jefes  de Estado y de Gobierno de la UE.

Los ministros de los países más grandes de la eurozona -incluido el español, Luis de Guindos- se han reunido en la mañana del lunes, antes del  Eurogrupo, para tratar de desbloquear las discusiones. En la reunión estaban presentes el ministro alemán de  Finanzas, Wolfgang Schäuble; el francés, Pierre Moscovici; y el nuevo  ministro de Economía de Italia, Pier Carlo Padoan. Además, han participado el  presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; el ministro de  Finanzas griego, Giannis Stournaras, cuyo país ocupa la Presidencia  de turno de la UE, y el comisario de Servicios Financieros, Michel  Barnier, según han informado fuentes europeas.

El mecanismo común de liquidación es el segundo pilar de la unión  bancaria. Su objetivo es que sean los bancos los que paguen las futuras crisis bancarias, y no los  contribuyentes a través de ayudas públicas, como ha sucedido hasta ahora. Con la  unión bancaria, la UE pretende romper el círculo vicioso entre bancos  y Estados y ayudar así a que el crédito vuelva a fluir.

Menos tiempo para poner en común los fondos

"Hay consenso entre los Estados miembros para acelerar el plazo de  10 años", ha asegurado un diplomático europeo. Pero todavía no hay acuerdo  sobre la alternativa.

Una "muy amplia mayoría" de países, entre ellos  España, apoya la solución propuesta por el presidente del Banco  Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que consiste en disociar el  plazo de mutualización del fondo -que se reduciría de 10 a 5 años-  del plazo para aportar el dinero y alcanzar los 55.000 millones de euros,  que se mantendría en 10 años para no imponer una carga extra a las  entidades financieras.

Pero Alemania solo acepta acortar los plazos de mutualización si  al mismo tiempo se aceleran las aportaciones de los bancos al fondo.  La solución de compromiso podría ser la que ha propuesto el comisario  europeo de Servicios Financieros, Michel Barnier, que consiste en fijar en  siete años el plazo tanto para mutualizar completamente el fondo como  para llegar al nivel de 55.000 millones de euros.

La contrapartida sugerida por Barnier es que el ritmo de  mutualización no sea lineal, sino mucho más rápido al principio. Esta  alternativa se acercaría además a las propuestas de la Eurocámara,  que exige al menos una mutualización del 50% ya desde los primeros  años.

Permitir el endeudamiento del fondo común de resolución

La otra concesión que están dispuestos a hacer los Gobiernos al Parlamento Europeo se refiere al aumento de la fuerza del fondo de resolución y al establecimiento de un cortafuegos para garantizar que en ningún momento se quede sin dinero. Así, se dotaría al fondo común de una capacidad de endeudamiento, de forma que  pueda captar dinero en los mercados. Sobre esta cuestión ya hay  consenso en el Eurogrupo.

En cambio, sigue sin estar claro si el fondo podrá contar con  avales públicos para endeudarse y lograr así mejores condiciones en los préstamos y más dinero extra. El  comisario de Servicios Financieros ha sugerido que, en un primer  momento, las garantías sean nacionales y que se vayan mutualizando  progresivamente.

Sobre estas dos cuestiones se espera ya un acuerdo provisional en la reunión de este lunes, donde participarán los  negociadores de la Eurocámara.

Lo que sí está claro es que Berlín se mantiene inflexible en su  veto a que el fondo común de resolución pueda acceder a una línea de  crédito del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE), el fondo de  rescate público. Ésta era otra solución sugerida por Draghi para  asegurar que siempre habrá dinero. Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang  Schäuble, asegura que con esa decisión se trasladaría la factura de  la quiebra de un banco de un país a otro Estado.

Debate sobre quién decidirá sobre la quiebra de un banco

En el Ecofin del martes, el objetivo será cerrar un acuerdo para  simplificar el sistema de toma de decisiones pactado en diciembre,  que según la Eurocámara y el BCE es demasiado complicado e ineficaz  para responder a quiebras bancarias que exigen soluciones en cuestión  de horas. Sobre estas cuestiones, las posturas están más alejadas,  según fuentes diplomáticas, que auguran una larga jornada de  negociaciones.

La principal reivindicación del Parlamento Europeo es que los Gobiernos no  intervengan en el proceso de toma de decisiones sobre el cierre de  bancos, al considerar que ello puede politizarlas. Así, quiere que sea la  Comisión Europea la que tenga la última palabra, en contra de lo que decidió  el Ecofin en diciembre pasado por exigencia de Alemania.

Ante la presión de la Eurocámara, los ministros están  dispuestos a limitar a casos excepcionales la intervención del Consejo de la UE -integrado por representantes de los Gobiernos-, pero no a suprimirla por completo.

El Parlamento Europeo y los Gobiernos también discrepan sobre quién debe  determinar que un banco está cerca de la quiebra y debe pasar a  resolución. La Eurocámara sostiene que esa decisión debe ser una competencia  exclusiva del BCE, que a partir de noviembre será el supervisor común, mientras que los Estados miembros quieren que también pueda participar el  nuevo consejo de resolución, donde están presentes los países.

Las decisiones sobre la resolución de bancos se prepararán en  este consejo de resolución, formado por un director ejecutivo, un  directorio de cuatro miembros y los representantes de las autoridades  nacionales de resolución (en España, el FROB). Pero todavía se discute qué decisiones se tomarán en  plenario y cuáles en formato ejecutivo (este último integrado por el directorio más los representantes de los Estados afectados por la  decisión, en lugar de por todos los países).

Cómo se repartirá el poder de cada Estado

Tampoco hay acuerdo sobre el reparto de poder entre los  países, ya que no se ha decidido aún si debe depender o no de la cantidad aportada por cada uno al fondo de resolución.

Sobre ese punto, algunos Estados miembros -en particular,  Francia y Alemania- están incómodos porque todavía no se ha  concretado exactamente cómo se calculará la contribución que tendrá que  hacer cada banco al fondo, que se basará en su nivel de riesgo.

El  Ministerio de Economía de España ha cifrado en 8.600 millones de euros la aportación que tendrá  que hacer la banca española, con contribuciones muy similares a las  ya existentes para el Fondo de Garantía de Depósitos nacional.

Si hay acuerdo el martes, la negociación final con la Eurocámara  se cerraría el miércoles.